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“Amputación por encima de la rodilla, prediabetes, próstata aumentada con infecciones urinarias crónicas, colesterol alto, dolor lumbar y atrofia muscular”. Este es el resumen del actual estado de salud del temido capo criminal Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, quien está preso en Estados Unidos desde 2008, luego de la orden del entonces presidente Álvaro Uribe de extraditarlo, junto a otros 14 líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El Espectador conoció que ese historial médico fue presentado por sus abogados ante el despacho del juez Richard Berman con un propósito claro: solicitar su libertad condicional, tras 17 años de prisión por una condena de 31 años por narcotráfico.
(En contexto: Víctimas de alias “Don Berna” piden que la justicia llegue ante años de impunidad)
En términos del sistema judicial estadounidense, se trató de una petición de “libertad por motivos humanitarios”, la cual, dice la defensa del exjefe paramilitar, se solicitó por el “delicado cuadro de salud” de su cliente, a quien se le atribuyen cientos de crímenes mientras fue líder de la Oficina de Envigado y el Bloque Cacique Nutivara de los paramilitares durante los años 90 y 2000. Incluso, algunos de ellos fueron cometidos con la colaboración de altos mandos de la Policía, el Ejército y el DAS. En un documento de siete páginas, conocido por este diario, el juez Berman negó tajantemente la solicitud de “Don Berna”, quien “deambula en la prisión de manera independiente con un andador de cuatro ruedas”, dice la decisión judicial.
Según el documento, el cuadro clínico de “Don Berna” no cumple con las condiciones “extraordinarias y convincentes” contempladas por la ley de ese país para conceder esa libertad condicional. El alto funcionario judicial también dice que el exnarcotraficante recibe tras las rejas la atención médica necesaria que le permite sobrellevar sus enfermedades. A renglón seguido, señaló que el viejo capo tiene una nueva prótesis desde diciembre de 2023, la cual “funciona muy bien, según un médico de la prisión. El interno, de 64 años de edad, cuenta con acomodaciones de vivienda adecuadas y fisioterapia semanal. En 2024, recibió 41 sesiones”. Sobre su amputación, la historia del criminal deja claro que no es un asunto nuevo ni un argumento para pedir la libertad por condiciones humanitarias.
Además del extenso prontuario criminal de “Don Berna” que lo distingue desde hace décadas, el capo tiene otro distintivo: su manera de caminar. Una persona que manejó sus asuntos judiciales señaló que quedó “cojo” luego de que la guerrilla del EPL (en la cual militó) lo intentó asesinar en Medellín en 1989, mientras servía como sicario para Pablo Escobar y otros narcotraficantes. “En ese atentado, una bala quedó alojada en su columna, la cual no puede ser sacada; otras que lo impactaron le costaron una reconstrucción de mandíbula y la amputación de una de sus piernas. Se salvó de milagro”, dice una de las personas que en el pasado manejó su defensa ante los estrados judiciales.
No es la primera vez que alias Don Berna, condenado en 2009 a 31 años de cárcel, pide ante las autoridades de ese país la libertad por motivos humanitarios. Murillo Bejarano solicitó su liberación por este motivo el 28 de octubre de 2024, la cual fue negada el 7 de noviembre de ese año por las autoridades penitenciarias de Nueva York. Luego, el 24 de diciembre de 2024, “Don Berna” alegó lo mismo, pero ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el cual se opuso a la solicitud en enero de este año. Posteriormente, el 19 de febrero de 2025, sus abogados hicieron la misma petición ante el despacho del juez Richard Berman, quien también la rechazó.
El prontuario de “Don Berna”
Desde que fue extraditado en 2008, la justicia en Colombia ha demostrado judicialmente que “Don Berna” fue uno de los cerebros criminales de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo criminal de los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil. Según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, esta violenta estructura armada dejó más de 205.000 víctimas durante los años noventa. Incluso, exparamilitares han dicho que, en el ocaso de la vida delictiva del clan Castaño, “Don Berna” y alias “Macaco” lideraron el grupo armado ilegal, el cual cometió asesinatos, desapariciones forzadas, despojo de tierras, abusos sexuales, desplazamientos forzados, entre otros graves crímenes de lesa humanidad.
Murillo Bejarano fue tan importante en el mundo criminal que es considerado como el heredero del poder de Pablo Escobar, tras su muerte en 1993. Cuando el temido líder del cartel de Medellín estaba contra las cuerdas, “Don Berna” entregó información que fue clave para que el Gobierno le cerrara el cerco al capo Escobar. El 2 de diciembre de ese año murió en un operativo de la Policía en Medellín. Entre quienes ayudaron a consolidar el poder de “Don Berna” en Antioquia están viejos conocidos de la justicia: Gustavo Upegui, Carlos Mario Aguilar, alias “Rogelio”; y el condenado general (r) de la Policía, Mauricio Santoyo, luego jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe.
Entre los crímenes confesados por Murillo Bejarano está su papel clave en la Operación Orión, que comenzó en octubre de 2002. En ese momento, el Ejército, la Policía, el DAS y la Fiscalía desplegaron un operativo en la Comuna 13 de Medellín, con el fin de capturar a los supuestos miembros de la guerrilla en esa zona de la capital antioqueña. Según las declaraciones de “Don Berna” a fiscales de Justicia y Paz, sus hombres del Bloque Cacique Nutivara fueron quienes entregaron información clave que terminó siendo una masiva violación de derechos humanos. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien condenó al Estado colombiano por la operación, 88 personas fueron desaparecidas forzadamente.
Desde 2014, víctimas de “Don Berna” han dicho que este no ha aportado información concreta sobre militares y policías que hicieron parte de graves violaciones de derechos humanos y que su supuesta colaboración en Justicia y Paz se ha limitado a aceptaciones de cargos vacías sin esclarecimiento de los hechos. Por ejemplo, en los asesinatos de los investigadores Elsa Alvarado y Mario Calderón (mayo de 1997); el del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle (febrero de 1998); el del periodista Jaime Garzón (agosto de 1999); y el del abogado Eduardo Umaña Mendoza (abril de 1998). También se le atribuyen los asesinatos del propio Carlos Castaño (abril de 2004) y del exjefe paramilitar alias Doble Cero (mayo de 2004).
En marzo de 2025, las familias de las víctimas le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que excluyera a “Don Berna” de Justicia y Paz, ya que, por su falta de colaboración en el esclarecimientos de los hechos, debe perder los beneficios judiciales contemplados por ese sistema. Interceptaciones reveladas por este diario el pasado 1 de septiembre, daban luces de que “Don Berna” y sus abogados pensaron en presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sin embargo, fuentes cercanas al capo, señalaron que: “Hicimos distintas valoraciones sobre su situación judicial y vimos que no tenía cabida”.
En junio de 2025, desde los Estados Unidos, “Don Berna” renunció a su rol como gestor de paz, el cual asumió en noviembre de 2024, cuando el presidente Gustavo Petro lo designó a él junto a otros exjefes paramilitares como “Jorge 40”, “Macaco”, Ramón Isaza, “El Águila”, “Jorge Pirata”, “Cuco Vanoy”, entre otros. Según uno de los abogados de Murillo Bejarano en Colombia, su renuncia se produjo por “los incumplimientos y enfrentamientos con el comisionado de paz, Otty Patiño”. Michel Pineda, una integrante de la defensa del capo, dijo hace un par de meses que “Don Berna” hubiera entregado más información sobre los desaparecidos en La Escombrera de Medellín, pero no se logró un cambio de prisión para su cliente en Estados Unidos.
Lo cierto es que a Murillo Bejarano todavía le queda un temporada preso en Estados Unidos. En la decisión del juez de Berman también mencionó que los hechos revisten “gravedad y peligrosidad: lideró una organización terrorista, traficaba toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, tráfico de armas, amenazas a testigos y lavado de activos. Esos factores hacen que no se contemple ningún tipo de reducción a su pena a Diego Fernando Murillo Bejarano”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
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