El juez de la polémica

Detrás de la polémica petición de que el caso del coronel (r) Alfonso Plazas Vega pase a manos de la Justicia Penal Militar (JPM), se encuentra un mayor retirado del Ejército llamado Mauricio Cujar. Con 60 años de edad, este jurista está vinculado al Ejército desde el año 1966 cuando, con 18 años, ingresó como cadete en la Escuela José María Córdova. Cujar se graduó como abogado de la Corporación Unicosta de Barranquilla, ciudad en la que vivió 17 años, y se especializó posteriormente en derecho penal en la Universidad Santo Tomás y en procedimiento penal, constitucional y justicia militar en la Universidad Militar Nueva Granada.

Con una trayectoria de 42 años en la institución castrense, Cujar es reconocido como uno de los penalistas más preparados con que cuenta el Ejército. Durante sus dos décadas como oficial activo fue fiscal de unidades y, en ocasiones, tuvo que defender uniformados ante las entonces llamadas cortes marciales. En 1981 y 1982, durante la presidencia de Julio César Turbay Ayala, fue designado alcalde militar de Apartadó, en los tiempos en que las Farc y el Eln tenían completamente azotada la región del Urabá. “Cuando me relevaron del cargo, la población hizo un paro cívico para pedir que me quedara. Me fue muy bien en esa zona”, recuerda Cujar.

Hace ocho años, este padre de cuatro hijos y abuelo de cinco nietos se vinculó al área de la JPM. Primero como juez de brigadas, luego como fiscal de divisiones y, posteriormente, como juez primero de divisiones. Desde este último cargo, precisamente, Cujar emitió el requerimiento a la juez tercera especializada, María Stella Jara, de estudiar desde su despacho el proceso que cursa contra el coronel (r) Plazas Vega por el secuestro y la desaparición forzada de 11 personas que, según la Fiscalía, salieron con vida del Palacio de Justicia luego de la toma del M-19, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985.

“Yo actúo con toda la autonomía de la que gozan los jueces. Es erróneo que digan que mi solicitud fue ordenada por el Ministerio de Defensa, porque yo actúo con independencia. Con mucho cuidado y responsabilidad, como cualquier juez”, manifestó Cujar al defender su requerimiento en el caso del coronel (r) Plazas Vega. Afirma que no hay nada de parcialidad en su juicio. Cuenta que aunque lleva cuatro décadas como militar, siempre vinculado al sector judicial, nunca un concepto suyo había suscitado tanta controversia como en esta ocasión. “Igual yo estoy tranquilo. Sé que mis acciones están en el marco de la normatividad y eso me deja tranquilo. La polémica la generan otros, no yo”.

Cujar argumenta que al recibir la solicitud del defensor de Plazas Vega (Andrés Garzón Roa), el 13 de enero pasado, su única opción era darle trámite y hacerle la petición a la juez Lara. “La retoma del Palacio de Justicia fue una operación militar, con personal y órdenes militares. Que lo juzgue la Justicia Penal Militar es el derecho de las cosas. Y si ésta establece que sí hubo delito de lesa humanidad, pues el caso pasa a la justicia ordinaria.

Es el debido proceso”. Cujar considera que si él hubiera respondido a esta solicitud de manera contraria, concluyendo que como el delito de desaparición forzada es de lesa humanidad la JPM no podía indagar al respecto, hubiera cometido el error de prejuzgar. “Y yo no puedo hacer eso”, señaló.

Los defensores de los familiares de los desaparecidos, por su parte, piensan todo lo contrario. Por eso, ayer radicaron una denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación. Acusan a Cujar de los delitos de prevaricato por omisión y fraude procesal. “Le manifestamos al fiscal que la actuación de este juez es contraria al derecho y tiende a generar errores en la administración de justicia, por lo que debe ser investigado”, dijo Jorge Molano, uno de los abogados de los afectados. Según el jurista, el escrito presentado por Cujar ante la juez Jara parece un escrito presentado por el propio Garzón Roa. “Parece un escrito de defensa de oficio del coronel (r) Plazas Vega”, expresó el litigante.

La polémica entre ambos bandos está encendida, más aún luego de que la ONG Amnistía Internacional se hiciera partícipe de la discusión. “El sistema de justicia militar ha sido clave para garantizar que la impunidad sigue siendo una característica distintiva del largo conflicto interno que afecta a Colombia”, declaró Marcelo Pollack, investigador en Colombia de esta organización. “Los tribunales civiles no deben acceder bajo ninguna circunstancia a entregar la responsabilidad de este caso a sus homólogos militares”. Amnistía recordó que en 1997 la Corte Constitucional resolvió que todos los casos en los que estuvieran implicadas las fuerzas de seguridad en abusos graves contra los derechos humanos debían ser investigados por el sistema de justicia civil.

Este viernes, María Stella Jara decidirá si acoge la solicitud de Mauricio Cujar o si la niega. Si el escenario es el segundo, el Consejo Superior de la Judicatura será el encargado de dirimir el caso y de determinar si el expediente del coronel (r) Alfonso Plazas Vega se traslada a la justicia penal militar o si continúa a cargo de la ordinaria. Los familiares de los desaparecidos temen que la decisión afecte los avances del proceso, pero Cujar no se altera. “La razón la dará la ley”, aseguró, con el convencimiento de haber actuado con base en las leyes.