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Mientras el embajador colombiano en Nicaragua, León Fredy Muñoz, marchaba por las calles de Managua portando pañoleta y gorra sandinistas, en Colombia un proceso penal en su contra acumulaba polvo en los anaqueles de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el llamado al orden que le hizo la Cancillería por salir a manifestar su apoyo al Frente Sandinista de Liberación, el movimiento que llevó al poder al régimen de Daniel Ortega, no es la primera polémica en la que se ve envuelto Muñoz. Aún está pendiente que la justicia defina su responsabilidad en un caso de tráfico de drogas.
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Desde que era congresista por el Partido Alianza Verde, en 2018, León Fredy Muñoz fue vinculado a un proceso por tráfico de estupefacientes. En una requisa en el aeropuerto de Rionegro, Antioquia, su departamento natal, la Policía lo sorprendió con poco más de media libra de cocaína. De inmediato se inició un proceso penal en su contra, en el que él siempre ha dicho ser inocente, pero al ser congresista, el caso pasó a la Corte que lo llamó a juicio en 2020. Desde entonces el expediente se ha mantenido prácticamente congelado y está a punto de cumplir dos años sin que se cite una sola audiencia.
La última diligencia que adelantó la Sala de Primera Instancia en el caso contra el hoy embajador ocurrió en septiembre de 2021. Fue una audiencia preparatoria, en la que las partes acuerdan las pruebas que llevarán posteriormente a juicio. Desde entonces, pese a que sus abogados defensores y el fiscal del caso le han pedido a la Corte Suprema que programe el juicio, el alto tribunal ha contestado que por su agenda no es posible realizar la diligencia.
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De hecho, la única decisión que se ha tomado en el proceso es que sí o sí a León Fredy Muñoz continuará juzgándolo la Corte Suprema. Cuando era congresista el caso lo llevaba la Sala de Instrucción, donde un magistrado adelantó toda la investigación previa y lo llamó a juicio en diciembre de 2020. Posteriormente, a mediados de 2022, Muñoz terminó su periodo como representante a la Cámara por Antioquia y se quemó en las elecciones legislativas en las que buscaba su reelección.
Luego aterrizó en el gobierno de Gustavo Petro, en el cargo que esta semana lo puso nuevamente en el centro de la polémica: embajador en Nicaragua. Sin embargo, contrario a lo que había pasado con un colega suyo, el exembajador en Venezuela Armando Benedetti, cuyo proceso estaba apenas iniciando y fue enviado de la Sala de Instrucción a la Fiscalía, en el caso de Muñoz, como ya había sido llamado a juicio, la Corte Suprema concluyó que el caso debía seguir en su competencia.
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En noviembre de 2022, la Sala de Primera Instancia concluyó: “Esta Corte ha establecido que el fuero es garantía consagrada en la Constitución y la ley para determinadas personas que, en razón a su investidura, al cargo que desempeñan y a la institución a la cual pertenecen, solo pueden ser juzgadas por las autoridades de la jurisdicción ordinaria (…) al estar acreditada la calidad de embajador de León Fredy Muñoz Lopera, en cuanto conoce del juzgamiento de embajadores por los hechos punibles que se le imputen, esta Sala sigue siendo competente para conocer el asunto”.
En la decisión se aclaró también que el proceso continuaría llevándose bajo el régimen penal más reciente, la Ley 906, pues es el sistema en el que deben ser juzgados los embajadores. Y que la labor acusatoria en el juicio debería llevarla, ahí sí, un funcionario de la Fiscalía. El fiscal designado fue el primero delegado ante la Corte Suprema, que se ha sumado a los pedidos de que la Sala de Primera Instancia inicie el juicio.
A la fecha, ninguna de las partes ha sido citada a una nueva diligencia. Los abogados que llevan su defensa, Alejandro Sánchez y Mauricio Cristancho, incluso le escribieron una carta recientemente a la Corte Suprema en la que le piden reanudar “de la manera más pronta” el juicio. La respuesta siempre ha sido la misma. En últimas, más cercano se ve el regreso de Muñoz a Colombia —pues el canciller Álvaro Leyva lo citó a dar explicaciones en Bogotá este mismo 11 de julio— que la próxima audiencia en el proceso judicial en el que se definirá si es responsable, o inocente, de tráfico de estupefacientes.
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