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Todo está listo para que este lunes 21 de abril un juez de garantías de Medellín resuelva si la Fiscalía hizo bien la tarea al imputarle cargos al exalcalde de la capital de Antioquia, Daniel Quintero Calle, y a otros 10 exfuncionarios. El juzgado fijó para esta tarde la continuación de una audiencia que arrancó el pasado 8 de abril, cuando el ente investigador leyó la imputación de cargos por el caso conocido como Aguas Vivas, pero que no terminó, en medio de peticiones de los abogados que expresaron no haber entendido los hechos. Lo que tendrá que resolver el juez del caso es si la Fiscalía fue lo suficientemente clara en su investigación y en las razones para vincular a Quintero a una investigación penal.
Para los abogados que defienden a los imputados, la fiscal Yarlecy Mena no hizo bien la tarea. No solo porque no fue clara en los hechos, sino porque mezcló contratos, acuerdos y decretos que hacen de este expediente un verdadero laberinto judicial. Para entender el proceso contra Quintero, hay que ir a su origen. El 27 de diciembre de 2019, bajo la administración del hoy alcalde Federico Gutiérrez, la Alcaldía de Medellín firmó una escritura pública con las empresas IDC Inversiones, Técnicas Constructivas y con el ciudadano, Juan Manuel Villegas. En ella, las partes llegaron al acuerdo de ceder el predio conocido como Aguas Vivas, a cambio de compensar obligaciones urbanísticas.
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En palabras menos técnicas, se trata de una indemnización que hacen todas las constructoras, a cambio de poder desarrollar proyectos en la ciudad y en zonas de interés público. En últimas, una especie de transacción a futuro que hicieron las empresas y Villegas para que, cuando estuvieran listos sus proyectos, el requisito de entregar bienes, bajo el nombre de “obligaciones urbanísticas”, ya estuviera chuleado. Hasta ahí, un proceso administrativo sin ningún lío. El problema vino después, cuando, tras la pandemia por el covid-19 que afectó con especial fuerza a empresas constructoras, ni IDC Inversiones, Técnicas Constructivas ni Juan Manuel Villegas tuvieron proyectos en Medellín para compensar con el predio que ya habían entregado.
Aguas Vivas quedó en la lista de los bienes en poder de la Alcaldía de Medellín y, cuando fue momento de hacer planes para la ciudad, el nuevo alcalde, Daniel Quintero, resolvió que en ese predio podía desarrollar un ambicioso proyecto. Lo llamó el “valle del software” y lo proyectó como un programa de ciencia y tecnología que tendría sedes en varios lugares de la ciudad. Ahí empezó el problema. Como el predio había sido entregado de manera gratuita, para compensar obras que nunca se hicieron, sus dueños reclamaron lo que consideraron que era de ellos. En los papeles, el predio Aguas Vivas era de la administración de Medellín, pero, como había sido cedido completamente gratis, sus propietarios reclamaron los títulos.
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Los dueños, IDC Inversiones, Técnicas Constructivas y Juan Manuel Villegas, trataron de conciliar. A instancias de la Alcaldía de Quintero, las partes llegaron a un acuerdo: anular la cesión gratuita, lo que implicaba devolver el predio a sus dueños, pero firmando otro negocio para que la administración pudiera comprar oficialmente el terreno. Ahí fue Troya. Para la Fiscalía, el alcalde Quintero y otros de sus funcionarios cometieron los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros. Primero, dice la fiscal, porque para desarrollar el famoso “valle del software”, la administración modificó ilegalmente el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad.
Y segundo, porque, al permitir que el terreno de Aguas Vivas se utilizara para proyectos urbanísticos, hoteleros y de turismo, supuestamente beneficiaron a terceros interesados en el negocio. La Fiscalía trató de imputarle estos cargos al alcalde Quintero y a sus funcionarios, pero hubo varios “peros”. La mayoría de abogados reclamaron que la fiscal Mena no fue clara con los hechos y que tampoco tuvo en cuenta que todas las supuestas irregularidades que enunció nacieron de una escritura pública que firmó la Alcaldía de Federico Gutiérrez. Para los juristas, en ese documento no quedó claro qué debía hacer la Alcaldía de Medellín si el predio que habían cedido gratuitamente las empresas y Villegas no terminaba compensando una de sus obras.
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Justamente eso fue lo que trató de resolver la administración de Quintero. Antes de que interviniera la Fiscalía en este enredo, ya dos instancias judiciales habían advertido que una escritura pública no podía anularse como lo pretendió hacer el ahora exalcalde. Primero fue el Tribunal Administrativo de Antioquia y luego el Consejo de Estado, que estudiaron la conciliación a la que llegaron las partes cuando trataron de anular la cesión gratuita del predio (la escritura pública). Lo que encontró el Tribunal es que la Alcaldía y los cedentes del predio debían respetar ciertas formalidades jurídicas que, entre otras cosas, no permiten anular una escritura de la manera en que lo hizo la administración Quintero.
Para ambas instancias, la anulación de ese documento público representaba un detrimento patrimonial para la ciudad, pues el predio Aguas Vivas ya era de su dominio. La solución que volvió a poner sobre la mesa la Alcaldía de Quintero fue, en lugar de anular la escritura pública, declarar por terminado el contenido de ese documento y cumplir con una de las cláusulas que, desde la administración Gutiérrez, quedaron consignadas: si las constructoras no tenían qué compensar, el bien se devolvía a sus dueños. Para la Fiscalía, esa “devolución” afectó el patrimonio de la ciudad, pues la administración Quintero realizó un avalúo que engrosó en varias cifras el verdadero valor del terreno
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Lo que sostiene el ente investigador es que pasó de costar $2.700 millones a más de $40.509 millones. La fiscal Mena anunció esos hechos, pero no explicó cuáles son las pruebas para establecer ese supuesto detrimento patrimonial. Fuentes enteradas del caso le explicaron a este diario que en ese punto reposa uno de los errores más grandes de la Fiscalía: ese pago nunca existió y lo único que hizo la administración Quintero para resolver el lío del predio Aguas Vivas fue regresarlo a sus dueños, quienes entregaron gratis la tierra a la Alcaldía de Medellín. La investigación apenas arranca y hoy el juez de garantías en Medellín tiene que resolver varias solicitudes, entre ellas, no aceptar la imputación de la Fiscalía pues, sencillamente, no fue clara.
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