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Que la historia de una persona que estuvo por años, o décadas, en una cárcel colombiana se mida en cifras es problemático. Esa fue la conclusión a la que llegó una investigación del Grupo de Prisiones de la Universidad de Los Andes, la cual sugiere que una de las fallas del sistema carcelario en Colombia, aparte de un universo de derechos vulnerados en las prisiones, son los intentos fallidos de resocializar a los privados de la libertad.
Buscando el enfoque
En 2018, un grupo de abogados propuso añadir una nueva hipótesis al debate carcelario: no se puede medir la reincidencia únicamente con números y porcentajes, pues sería erróneo desconocer que “detrás de cada persona que está o estuvo en un pabellón carcelario hay una historia escondida”, según dijo Fernando Tamayo, integrante del Grupo de Prisiones. El estudio pretende demostrar que no todos los que están en la cárcel se encuentran allí por “vocación al crímen”, sino porque la resocialización, un derecho que la misma Corte Constitucional ha reconocido y exigido, está fallando.
Los juristas observaron que, si los números mostraran todo el panorama, Colombia sería un caso de éxito en Latinoamérica, con solo un 21 % de casos reincidentes, muy por debajo de Argentina o Chile, en donde casi uno de cada dos personas que salen de prisión vuelven a ella en cuestión de meses.
“¿Quiere decir que Colombia tiene mejores índices que el resto de los países? No. Esos estudios deben hacerse a largo plazo y además valorar que debajo de esas cifras se esconden cuestiones sociales”, comenta Tamayo. El abogado explica que la política penitenciaria se ha formulado en torno a cifras y datos, y aunque no desconoce su importancia, asegura que este tipo de debates también deben tener un “lente centrado en el sujeto”, pues implica la vida, proyectos y derechos de más de 169.000 personas privadas de la libertad a enero de 2024. En otras palabras, esta cifra es mayor que el total de habitantes de ciudades medianas como Tunja (Boyacá), Arauca o San Andrés.
Los “profes” fueron hasta la cárcel La Modelo, la penitenciaría de mediana seguridad en Bogotá que se ha caracterizado por albergar en sus pabellones a guerrilleros, paramilitares, agresores de niños, corruptos; pero que en su mayoría retiene a personas que han reincidido, algunos hasta en 10 ocasiones. Entrevistaron a 25 personas y encontraron que existe un patrón: los participantes, que volvieron a las celdas, no tuvieron un proceso de reinserción adecuado, fueron estigmatizados por ser “exconvictos” y la falta de oportunidades laborales, un núcleo familiar sólido y algún camino diferente al del hampa, los condujo de nuevo a la cárcel.
Un ejemplo de lo que dice Tamayo son las cifras que ofrece el Instituto Penitenciario y Carcelario sobre el asunto: el 21 % de los presos en Colombia son reincidentes, lo que equivale a casi uno de cada cinco que salen de prisión. Sin embargo, la cifra solo muestra el escenario preocupante y no ofrece más detalles. Tamayo asegura que hay que preguntarse por qué reincidieron, que fue el ejercicio que se hizo en La Modelo.
“El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario define reincidir como ‘reingresos a prisión’, mientras que las personas cuentan historias de cómo por informalidad, falta de educación, trabajo o un núcleo familiar, volvieron al delito”, comenta el jurista.
Cambio de paradigma
En entrevista con este diario, el abogado comenta que poner un “lente más humano” en la política carcelaria puede generar un debate beneficioso que cambie el ecosistema de vulneraciones que se viven en las cárceles. Desde hace 30 años por lo menos, la Corte Constitucional ha mantenido el estado de cosas inconstitucional frente a las cárceles, pues allí el hacinamiento, la falta de mínimos básicos y la violencia han impedido que cumplan su propósito original: el de castigar a una persona que delinquió y devolverla de una manera apta para la vida en sociedad.
En los resultados de la investigación, los encuestados respondieron, por ejemplo, que ni los trabajos dentro de la cárcel, ni los programas educativos (bachillerato y tecnólogos) que recibieron allí fueron benéficos para su regreso a la libertad. Además, una vez están de nuevo en la sociedad, siguen cargando el estigma de haber pasado por la cárcel y sus antecedentes judiciales les impiden que logren conseguir algún trabajo formal, lo que los obliga a la informalidad o, en el peor de los casos, al delito nuevamente.
Incluso hay leyes que sustentan lo que Tamayo y el Grupo de Prisiones analizan. En 2023, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley de Utilidad Pública, que reconoce, en otras palabras, que más de dos tercios de las mujeres que se encuentran en la cárcel llegaron allí debido a condiciones de vulnerabilidad y como una forma de sostener a su familia, pues eran madres cabezas de hogar.
“En las cifras todos somos iguales, pero en la realidad no. Si adoptáramos un lente cualitativo y centrado en el sujeto, quizá recogeríamos las percepciones, necesidades problemas e historias de los privados de la libertad para ser visto como un ciudadano que debe ser atendido y no como una simple cifra estadística”, cuenta Tamayo.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Tomás Tarazona Ramírez
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