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Ricardo Jesús Romero Cabana sostiene que el temor no es lo mismo que el miedo. “El temor es cuando uno tiene conciencia de que puede pasar algo y uno puede moverse para protegerse. Pero el miedo es cuando uno se bloquea por completo. Las dos cosas las he sentido”, dice. Y él sí que sabe lo que eso significa. Fue retenido por soldados y paramilitares, vivió de cerca la toma armada a su corregimiento y estuvo desplazado en Venezuela. Tiene la voz gruesa y potente, la sonrisa amplia a pesar del dolor que le ha causado la violencia, las manos ásperas por el trabajo del campo y la memoria desbordada de historias. Pero, sobre todo, es uno de los líderes afrocolombianos más respetados de Valledupar (Cesar).
Tiene 55 años, camina con firmeza y es puntual como el amanecer en la Serranía del Perijá, una región que abarca los departamentos de Cesar y La Guajira, y marca la frontera natural entre Colombia y Venezuela. Justo allí está ubicado Guacochito, un corregimiento cuya población no supera las 900 personas, según las cifras más recientes de las autoridades locales. En ese lugar nació y creció Ricardo Romero. A ese pequeño poblado regresó con su esposa y sus dos hijos después de haber tenido que huir a Venezuela para proteger sus vidas. Y desde allí lidera la Red de Consejos Comunitarios del Caribe, conformada por alrededor de 70 organizaciones étnicas como la suya, llamada Consejo Comunitario Arcilla, Cardón y Tuna.
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Su vocería no solo es frente a las entidades gubernamentales ante las cuales, durante años, ha presentado iniciativas de proyectos productivos agroecológicos para su comunidad. También es uno de los representantes del pueblo afrocolombiano del Cesar ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga en esa región los graves crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por la antigua guerrilla de las Farc en contra de pueblos étnicos de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Serranía del Perijá. Recientemente, la justicia transicional imputó a cinco exintegrantes del Bloque Caribe de esa guerrilla como máximos responsables en al menos 423 hechos violentos en contra del pueblo negro y siete pueblos indígenas.
Los exguerrilleros llamados a reconocer responsabilidad son Abelardo Caicedo Colorado, alias “Solís Almeida”; Luis Alejandro Cuadras Solórzano, alias “Leonardo Muñoz”; Gilberto Giraldo, alias “Aldemar Altamiranda”; Héctor Hernández, alias “Fabio Borges”; y Marcos Martínez, alias “Silfredo”. La investigación adelantada por la JEP para esta imputación, liderada por el magistrado Óscar Parra Vera, da cuenta de la forma en la que la barbarie se campeó por 27 municipios de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, por cuenta de la disputa por el control territorial entre el Bloque Caribe de la antigua guerrilla de las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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Una confrontación en la que, según la justicia transicional, entre 1996 y 2007 fueron asesinadas 163 personas, 53 fueron desaparecidas forzosamente, 211 estuvieron desplazadas y se presentaron al menos 25 casos de violencia sexual y violencia basada en género. Pero, además, hubo graves afectaciones al territorio, a la naturaleza y los lugares sagrados, que fueron como un golpe en el estómago para el pueblo negro afrocolombiano y los pueblos indígenas kankuamo, wiwa, kogui, arhuaco, wayúu, ette ennaka y yukpa. No en vano, durante la diligencia en la que se anunció la imputación contra los exintegrantes de las Farc, Ricardo Romero pidió que su territorio sea acreditado como víctima, para cerrar la grieta que trazó la guerra allí.
“Lo que solicitamos y en lo que estamos trabajando es que el territorio sea acreditado como víctima. Eso nos permitirá tener mayor incidencia y adelantar un proceso de sanación”, le explicó Ricardo Romero a El Espectador. En julio de 2024, la JEP ordenó acreditar a la Sierra Nevada de Santa Marta y a tres de sus pueblos indígenas. Una decisión que se ha ampliado hacia la Serranía del Perijá, en el territorio owaya, del pueblo yukpa. Pero Ricardo Romero insiste en que ese reconocimiento territorial debe ampliarse aún más, sin dejar por fuera al pueblo negro afrocolombiano, que durante décadas no la tuvo fácil en su insistencia de que se reconociera que fueron gravemente violentados, en múltiples ocasiones, como ocurrió en su corregimiento.
Guacochito, tierra en disputa
“La vida era sabrosa, todo ocurría a la orilla del río Cesar”, dice Ricardo Romero al recordar su infancia y su juventud en el corregimiento de Guacochito, entre los años 70 y 80. Jugaba fútbol con sus amigos hasta que tuvo una lesión que lo obligó a pasar de patear la pelota a liderar el equipo de su corregimiento, ubicado a 25 minutos en moto desde el centro de Valledupar. Desde ese momento, cuando tenía apenas unos 15 años y en el poblado solo vivían unas 43 familias, descubrió que su verdadera vocación era el liderazgo. “Era un rol muy bacano porque nos permitía integrar a las comunidades”, expresó. Pero la violencia empezó a cercar sus linderos con la presencia del Bloque Caribe de la antigua guerrilla de las Farc.
“Cuando estábamos pelaos, empezamos a escuchar sobre la guerrilla. Incluso, en una noche pasaron, dejaron avisos y letreros en el pueblo. Pero nunca los vimos”, narró el líder social. A finales de los 80 corrió el rumor de que el Bloque Caribe se había instalado en una finca cerca de Guacochito, desde donde enviaban mensajes sobre “su misión de hacer respetar los derechos del pueblo”. Ricardo Romero explica que, pese a que recibían misivas por parte de ese grupo armado, no se atrevieron a entrar al pueblo hasta inicios de los 90, cuando aparecieron por sus calles camuflados como civiles. El líder social explica que llegaban, en muchas ocasiones, desde el municipio de La Jagua de Ibiricio, al otro lado del río Cesar, donde sí estaban asentados.
La presencia de integrantes del Bloque Caribe en Guacochito llevó a que la comunidad fuera tildada de “hospedar a guerrilleros” y fue cuando las autodefensas pusieron su ojo sobre el corregimiento. “Yo viví el momento en el que los paramilitares llegaron a la comunidad”, expresó Ricardo Romero. Fue a inicios de 1997. Él tenía 26 años y trabajaba en la parcela de su familia, ubicada a las afueras del poblado. Sobre las 5:30 de la mañana, el joven salió de su casa en una bicicleta a ordeñar el ganado. A mitad de camino se encontró con un furgón del Ejército, le hicieron la señal de pare y lo obligaron a subirse al camión. “Inocentemente, iba a montar la bicicleta también. Pero me dijeron: ‘Deje eso ahí que no le va a pasar nada”.
Más adelante recogieron a un primo suyo y los condujeron hacia el centro poblado de Guacochito. “Nos preocupamos porque ahí iban uniformados del Ejército, del CTI y unos encapuchados. Eran unas 25 personas”, recordó Ricardo Romero. Les dijeron que los llevaran hasta la caseta comunal, que se trataba de un operativo. Al llegar, rodearon el sitio en el que se reunía la comunidad, los obligaron a bajarse del camión y los empezaron a interrogar durante una hora sobre la última vez que habían visto a gente de las Farc cerca de la comunidad y por qué los hospedaban en la caseta comunal. “Nos presionaban y nos decían que los estábamos apoyando y que a todo el que apoyara a la guerrilla había que darle piso”, recordó.
La comunidad llegó hasta el sitio y presionó para que liberaran a los dos jóvenes. Pero los hombres armados los subieron de nuevo al camión y la incertidumbre de no saber qué pasaría con ellos los embargó. “Yo solo pensaba en mi bicicleta y les decía que me tenían que llevar otra vez hasta allá. Efectivamente, estaba a la orilla de la carretera, la agarré y me devolví para la comunidad a decirles que estaba bien”. En las noticias ya había escuchado hablar sobre las autodefensas que crecían como hongos en Córdoba y Urabá. Él y su comunidad guardaban la esperanza de que no llegaran hasta Guacochito. Pero lo que le ocurrió ese día a Ricardo Romero le hizo sentir temor por primera vez. Aún no era miedo.
El miedo en carne propia
Ricardo Romero recuerda con exactitud la fecha en la que, por primera vez, sintió miedo. Como presidente de la Junta de Acción Comunal de Guacochito, estaba a cargo de una botica comunitaria que funcionaba con el apoyo de la Alcaldía de Valledupar, donde entregaban medicinas para emergencias. Un día llegaron dos jóvenes en una moto y le entregaron una lista de insumos distintos a los que usualmente manejaba. El líder les dijo que solo podía conseguir lo que le autorizaba la Secretaría de Salud. Pero no se trataba de una petición, sino de una orden: “Me tiraron la hoja y me dijeron: ‘Esto lo mandó el comandante, estamos operando en la zona y cualquier cosa que necesitemos, ya sabemos dónde la vamos a conseguir’. Eran paramilitares”.
Ya tenía conocimiento de que las autodefensas habían montado una base paramilitar en la vereda de El Alto. Fue a la alcaldía para comentar lo que había pasado y el secretario de Salud le dio una respuesta tajante: “Hay que hacer caso”. El líder compró las medicinas que le habían ordenado los paramilitares y regresó a su casa. Poco después, autodefensas y Ejército, según su relato, “equivocadamente tuvieron un enfrentamiento, porque ellos operaban de manera conjunta”. Los paramilitares llegaron esa noche a la botica y se llevaron medicamentos por un valor de COP 625.000. Le dijeron que le pagarían, pero pasaron las semanas y nunca lo hicieron.
Un día, los paramilitares citaron a la comunidad a una reunión para presentarles al nuevo comandante en la región: Adolfo Enrique Guevara Cantillo, alias “101”, un excapitán del Ejército que operó en el Caribe de la mano de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, jefe de las AUC. “Al terminar la reunión, preguntaron si había alguna inquietud. Yo levanté la mano y les dije que me debían unos medicamentos que les había despachado”, narró Ricardo Romero. El comandante le respondió que no era verdad y luego lo llamó en privado para decirle que le había enviado el dinero con dos de sus hombres, uno de ellos conocido con el alias de “Chupeta” y quien se había ganado la fama de ser un sanguinario criminal.
“Oye, marica, ¿tú para qué te fuiste a decir eso? Te va a matar ‘Chupeta’”, le decían a Ricardo Romero las personas cercanas. Era el 2 de diciembre del año 2000 y este campesino, que mide por lo menos un metro con ochenta, sintió que el verdadero miedo le caló en las entrañas. Su familia se preocupó al punto en que esa misma noche decidió salir de Guacochito junto a su esposa y sus dos hijos, de dos años y seis meses. Su abuela le dio el pasaje para que se fueran hacia Venezuela, a donde se habían ido otros vecinos suyos. Llamaron a varias personas que se ofrecieron a recibirlos y ayudarles. Ricardo Romero recuerda ese episodio con profunda tristeza. Salir sin nada en las manos lo obliga a pausar su relato para secarse las lágrimas.
Una tía suya lo acompañó en la primera parte del trayecto. Salieron sobre las 3:00 de la madrugada, caminaron cinco kilómetros hasta una finca en la que le pidieron al conductor de un camión lechero que los ayudara a ir del Cesar a La Guajira. Su tía se devolvió sola y a Ricardo Romero la angustia se le atravesó como una piedra en la garganta. “¿Qué tal que le hicieran daño los paramilitares si se los encontraba, porque ellos salían desde temprano a hacer patrullaje?”, se preguntó en su conversación con este diario, 26 años después de su desplazamiento. A las 6:00 de la mañana estaban en Maicao (La Guajira) y de allí salieron como ilegales hacia La Matera, una finca en el estado Zulia, en Venezuela, a casi 11 horas de viaje.
Llegó empapado y pescó una fiebre, porque tuvo que irse en la parrilla de la camioneta y durante el trayecto llovió. Su esposa y otra tía que ya había ido a Venezuela y los acompañó en el viaje, se vistieron como indígenas wayúu, “porque les ponían menos problema” y llevaban a los niños. “Cuando los desplazados llegábamos a Venezuela, prácticamente era una fiesta de bienvenida. Eran muchos los que ya se habían desplazado y mi niña aprendió a caminar allá”, expresó Ricardo Romero. Durante 11 meses estuvo allí. Reconoce que trabajaba inseminando bovinos y ganaba bien. Pero extrañaba su casa, su familia y su comunidad. Se le había quedado inconcluso un proyecto comunitario de una granja agroecológica en Guacochito.
En noviembre de 2001, el corazón le pudo más que el miedo. Se arriesgó y regresó a su corregimiento. “Laboralmente estaba bien, pero tenía mucho desespero por regresar”, recordó. Retomó el proyecto que estaba haciendo con su comunidad y durante cinco años más enfrentó con trabajo comunitario y liderazgo las presiones de las autodefensas que, hasta su desmovilización en 2006, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, seguían tildando a los habitantes de Guacochito de ser auxiliadores de la guerrilla. Nada lo detuvo. Por el contrario, su liderazgo, que él asegura que es “de bajo perfil”, puso al corregimiento en el radar del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC) de la Universidad Javeriana.
En 2011, estudiantes y docentes empezaron a trabajar con Ricardo Romero y con campesinos, líderes negros afrocolombianos de Guacochito. En 2014 lograron que el Ministerio del Interior reconociera legalmente al Consejo Comunitario Arcilla, Cardón y Tuna, que luego integró la Red de Consejos Comunitarios del Caribe. Esa instancia es desde donde ahora este líder busca que se reconozca la responsabilidad de quienes han comparecido en la JEP por los crímenes en contra de su comunidad y su territorio. Aunque la guerra lo golpeó de forma directa, no le interesan las reparaciones individuales. Porque para él, que lleva toda su vida siendo líder social, el objetivo es claro: “Si logramos acciones que impacten nuestros territorios, eso ya es una gran ganancia”.
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Por Gustavo Montes Arias
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