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Blanca Nubia Anaya y Yasmín Rondón hacen parte de las 73 familias de campesinos de Zapatoca a las que, en 2015, la Gobernación de Santander prometió reubicar, luego de que sus fincas fueran inundadas para la construcción de Hidrosogamoso, una central eléctrica que ocupa 21.338 kilómetros cuadrados. Ellas se unieron y le exigieron a la administración departamental con una tutela que les cumpliera, pero el recurso fue negado. La decisión, del pasado 6 de agosto, reconoce los esfuerzos que ha hecho en el tema Isagén, empresa que opera la hidroeléctrica, pero señala también los tropiezos de la política local.
En la tutela, las mujeres detallaron la tensión que ha existido entre el megaproyecto y las comunidades aledañas desde el comienzo. Contaron, por ejemplo, que en 2014, un año antes de que entrara en funcionamiento la hidroeléctrica, se iniciaron las protestas y que, luego de una marcha que hicieron desde las veredas de Zapatoca, uno de los seis municipios que colindan con el área inundada de la represa, hasta el edificio de la Gobernación de Santander, en Bucaramanga, llegaron a un acuerdo: Isagén les entregaría predios aguas arriba para reubicarlos y la administración departamental lideraría proyectos productivos para garantizar su subsistencia.
(Puede ver: Hidrosogamoso, inundada de denuncias por investigar)
Con la firma de ese acuerdo, hacia mediados de 2015, las comunidades de las veredas La Playa, El Peaje, La Cascajera y San Luis de Riosucio accedieron a levantar las protestas a cambio de recibir un predio de 50 hectáreas para las 73 familias que la Gobernación identificó como afectadas por la construcción de la represa, “por la pérdida (de las actividades) económicas de pescadores y agricultores y de otras actividades ligadas al río”. Dos años y medio después, en diciembre de 2017, Isagén entregó a la Gobernación el predio, tal y como se comprometió a hacerlo: la finca Santuario de San Benito, también en Zapatoca.
A la fecha, no obstante, la administración del gobernador Didier Tavera no ha logrado titular el predio a nombre de los campesinos afectados, a pesar de que ya reconoció el daño e Isagén cumplió con su parte. A raíz de las demoras, las comunidades afectadas, conglomeradas entonces en la asociación Asochocas, comenzaron a exigir que les cumplieran el compromiso hecho, pero la respuesta a los innumerables derechos de petición que han radicado para solicitar información o reuniones con los funcionarios a cargo del caso siempre es la misma: necesitan más tiempo para buscar una solución a lo pactado en 2015.
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Fue a raíz de estas dilaciones que Blanca Nubia Anaya y Yasmín Rondón presentaron la tutela, pues alegaban que les estaban vulnerando sus derechos fundamentales a la participación y a la dignidad humana. “Nosotros somos familias pobres que hemos sufrido las consecuencias de los proyectos extractivos en nuestro territorio. Toman las decisiones sin contar con el campesinado, nos desplazan del territorio, nos ignoran y nos engañan”, expresaron las mujeres en su recurso. Pero hace unas semanas la tutela fue negada porque el juez concluyó que Isagén y la Gobernación no vulneraron los derechos de las comunidades.
El argumento central del juez para salirle al paso a la demanda ya lo había advertido el personero municipal, cuando se sumó a la petición de las comunidades, pero para él sí constituía una vulneración de derechos fundamentales: “Hasta el momento las autoridades departamentales se han limitado a expresar que no tienen forma jurídica para transferir el inmueble y los proyectos productivos a las familias caracterizadas, lo cual es un obstáculo sin fundamento”. Es decir, a pesar de que hace más de año y medio Isagén cumplió, la Gobernación está atascada porque no encuentra el mecanismo legal para entregar las tierras.
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De ese “obstáculo” dio cuenta también el secretario de Gobierno de Santander, Édgar Fandiño. El funcionario contó en su respuesta a la tutela que desde octubre de 2018 la administración le pidió a la Asamblea de Santander autorizar la transferencia de dominio y posesión del predio Santuario de San Benito en favor de las 73 familias. Los diputados, no obstante, se negaron a aprobar la ordenanza porque aseguran que al hacerlo estarían obrando en contra de la Constitución Política, que en un artículo decreta: “Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas”.
Además, el funcionario aseguró que en febrero de este año adelantaron reuniones con miembros de la Asamblea y de la Procuraduría para encontrar una salida a este enredo legal. Y a renglón seguido negó que hubiera una vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades afectadas. Por su parte, los diputados se lavaron las manos porque, a sus ojos, no son ellos los llamados a responder por acuerdos que firma la Gobernación y sostuvieron que allí han respondido todos los requerimientos de las familias afectadas.
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El juez también decidió desvincular a Isagén de la tutela porque consideró que no ha vulnerado los derechos de las comunidades, sino que, por el contrario, con acciones como la entrega del predio ha reiterado su compromiso. De hecho, el juez señaló: “En ningún momento la actuación que realizó la empresa en la construcción y desarrollo del proyecto hidroeléctrico Hidrosogamoso y de lo hasta la fecha recaudadado como pruebas del proceso, permiten concluir que no se ha amenazado o vulnerado los derechos a la dignidad humana de las accionantes por parte de la empresa Isagén”.
Todo esto llevó al juez a considerar que la tutela era improcedente, pues además de que no se probó que hubiera derechos fundamentales en riesgo, el togado reconoció que hay un “interés” de la administración de Santander en el caso, que se ha visto, por ejemplo, en la ordenanza que se estancó en la Asamblea “por razones jurídicas y constitucionales”. Además, el fallo señala que las demandantes pueden recurrir a otros instrumentos “para hacer cumplir los compromisos suscritos en los acuerdos de 2015”. Por ahora, se espera que la Procuraduría y otras entidades de la región den un concepto técnico que saque de este vericueto legal a 73 familias.
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