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Durante este viernes, la Corte Constitucional realizó una audiencia de seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia que busca garantizar e implementar medidas de protección para firmantes del Acuerdo Final de Paz, sus familias e integrantes del partido político Comunes. Al momento de proferir esta sentencia, en enero de 2022, donde el alto tribunal dijo que existe violación masiva de derechos a los firmantes, habían sido asesinados más de 300 excombatientes, a la fecha son 360 desde la firma del Acuerdo de Paz. Un año después de la sentencia, la Corte hace seguimiento a las órdenes que impartió.
El motivo de la audiencia tuvo origen entonces en la búsqueda de generar mejores garantías de protección para los firmantes. Según la magistrada Cristina Pardo, estas personas denunciaban asesinatos y persecuciones, por lo que necesitaban garantías de protección y herramientas desde la Unidad Nacional de Protección (UPN), según el nivel de riesgo que enfrentaban. Debido a la gran cantidad de excombatientes víctimas de violencias, en las que esclarecieron que esto es un problema estructural de grandes dimensiones. La Corte Constitucional recopiló pruebas para emitir la sentencia.
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En el análisis del componente de garantías de seguridad, según la magistrada, entendieron que las instancias previstas para garantizar la seguridad de los firmantes ni la UNP estaban respondiendo ni funcionando efectivamente y, por ello, se presenta el fenómeno de asesinatos masivos. “Los hechos descritos por la UNP podrían configurar conductas punibles o disciplinarias, si no que estas conductas tienen como consecuencia la grave vulneración de los derechos a la vida, a la integridad y a la seguridad de la población firmante del acuerdo final de paz que está en proceso de reincorporación a la vida civil”, añadió la magistrada Pardo.
Entre las principales intervenciones de la audiencia, el ministro de interior, Luis Fernando Velasco, reconoció como funcionario del Estado el asesinato sistemático de los firmantes y aseguró que su protección es una prioridad del Gobierno. “Cuando uno habla de 360 firmantes que han sido asesinados, evidentemente estamos ante un estado de cosas institucionales”, dijo el ministro, y añadió algunos datos preocupantes como el hecho de que la unidad policial para la edificación de la paz tan solo tenía 56 hombres a su llegada al Gobierno.
Según el ministro Velasco, existen tres instancias sobre el acuerdo: la comisión de seguimiento a la implementación, la comisión nacional de garantías de seguridad y la mesa técnica de seguridad y protección. “No las encontramos operando bien. Esta situación ayudó a las cifras terribles, que el Estado y la sociedad tienen que avergonzarse: más de 338 firmantes de paz asesinados”, dijo. Por su parte, Franklin Castañeda, director de derechos humanos de Minterior, afirmó también que están construyendo medidas más integrales que impacten la política pública y la realidad de las personas reincorporadas.
El jefe de la cartera de interior dijo, que a finales de junio deberá estar aprobado el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, además de que avanza en la implementación de 561 esquemas de protección que benefician a 1109 firmantes del Acuerdo de Paz. Ante estas declaraciones, la Corte manifestó sus preocupaciones, especialmente dirigidas al director de la UNP, Augusto Rodríguez, respecto al cumplimiento de las medidas de protección para las personas que la requieren con urgencia, y que suelen tomar hasta más de un año para otorgarse a los firmantes de la paz.
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Entre las causas manifestadas como dificultades para el cumplimiento de las medidas de protección se encuentran las deficiencias en el personal de analistas y los estudios de riesgo, o en la contratación de vehículos que llevaron a decretar hace un año la sentencia. Según el director Rodríguez, hay varias dificultades, como la escasez en la fabricación de carros blindados o las solicitudes represadas. No obstante, la magistrada Pardo cuestionó la demora en el cumplimiento de tales órdenes de protección, que debe ser inmediata, e insistió en que la UNP garantice una respuesta inmediata efectiva en la garantía del derecho a la vida de los firmantes.
En el mismo espacio, Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo final para la Paz, mostró su análisis respecto a la situación de los firmantes. “¿Es el asesinato de los firmantes hace parte de un plan de no perdón en este país? ¿Es el asesinato de los firmantes una sentencia de no creer en la jurisdicción especial para la paz, no creer en la justicia de la transición y se está operando por la mano propia?”, es la hipótesis que pone sobre la mesa y que cuestiona la directora.
A partir de las intervenciones, escuchadas por la Corte Constitucional durante la audiencia, se espera el documento donde, a partir del diálogo, brinden recomendaciones para dar soluciones a la violencia contra excombatientes. Igualmente, porque para el alto tribunal sigue siendo preocupante que existan obstáculos en el funcionamiento de los programas de protección para la población firmante, considera que la función de proteger vidas sometidas a un riesgo extraordinario no puede estar sujeta a la realización de trámites o procedimientos como los que exige la UNP.
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