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En 2017, una ola de migrantes venezolanas llegó en busca de nuevas oportunidades en Colombia. Miles de mujeres cruzaron la frontera, atravesando un puente que alimentaba su esperanza por mejorar las condiciones de vida de sus familias, quienes difícilmente sobrevivían a la crisis de una moneda profundamente devaluada y una industria nacional empobrecida. Llegar a Colombia parecía un alivio, pero las escasas condiciones de regulación migratoria con enfoque de género han permitido el grave avance de las violencias basadas en género y la trata de personas, con las mujeres como sus principales víctimas.
Una de ellas es una mujer a la que llamaremos Juana. Llegó a Colombia sin pasaporte, sin sus hijos y de manera irregular, por primera vez, en 2017. La ciudad de Cúcuta la recibió sin advertencias, sin información, sin condiciones migratorias seguras. En busca de un trabajo que pudiera ejercer con tan solo su documento de identidad venezolano y sin contar con pasaporte alguno, ya que este tipo de documentos son inaccesibles en Venezuela, se encontró con otra mujer que le ofreció trabajo en un restaurante. Esa misma mujer la contactó con un hombre que la trasladó a un bar, donde se encontraban mujeres explotadas sexualmente. El hombre buscaba que, al igual que las demás, ella también vendiera su cuerpo, frente a lo cual se negó.
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La reacción del hombre, ante su negativa, fue encerrarla. Durante 15 días, la mujer fue víctima de violencia física, sexual y psicológica, según cuenta ella, esa era la forma en que el “putero” la obligaba a pagarle la alimentación y el hospedaje que, supuestamente, él le estaba proporcionado. La violencia física que ejerció en su contra le generó una hemorragia. En esta situación de desesperación, encontró la forma de salir del lugar y pedir ayuda. Aunque recibió auxilio para su recuperación, no fue precisamente prestado por un centro médico, ya que no contaba con la documentación para el acceso. De esa situación quedó en embarazo y regresó a Venezuela.
En su país de origen la situación se complicó. No contaba con trabajo, ni la posibilidad de vivir dignamente. Ante esto, en 2021, regresó a Colombia, esperanzada en la promesa de un hombre, a quien ya conocía antes; él le aseguró que consolidarían una familia. Trajo a sus tres hijos en febrero de 2021. Una vez llegó a Medellín, fue retenida por este hombre en una finca por aproximadamente un año. Durante todo ese tiempo, también fue víctima de violencia sexual, psicológica y violencia contra sus hijos. Con ayuda de un hermano, logró salir de la situación y enviar a sus hijos de regreso a Venezuela.
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Más tarde, pudo trasladarse hasta Medellín. Se encontró con organizaciones sociales que la identificaron como víctima de trata y con la atención del Comité Distrital de Lucha contra la Trata, a través del cual accedió a la ruta de atención a víctimas de violencia sexual por la activación del Código Fucsia, y recibió atención médica inmediata de urgencias, además de acompañamiento por psicología y trabajo social. No obstante, al no contar con un documento que regularice su situación migratoria, no pudo continuar con las medidas de atención en salud física, sexual y reproductiva.
Ante las complejidades de su situación y la búsqueda de garantizar sus derechos, el caso de Juana llegó hasta la Colectiva Justicia Mujer, un grupo de mujeres abogadas feministas que iniciaron un litigio estratégico con el propósito de incidir políticamente en favor de los derechos de mujeres como ella, es decir, migrantes, refugiadas y retornadas. Desde agosto de 2022, en el marco del programa Conectando Caminos por los Derechos de USAID, la colectiva investigó sobre las barreras de acceso a derechos que enfrentaban las mujeres migrantes venezolanas, y se mantienen en una batalla judicial para que se garantice los derechos fundamentales de las mujeres migrantes que llegan a Colombia.
A través de múltiples tutelas y peticiones a instituciones como Migración Colombia, la Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, Juana se encontró con una constante revictimización y negativa para afiliarse, por ejemplo, al sistema de salud. Además, la falta de un documento de identificación legal en el país, le siguió impidiendo el acceso a más derechos, por ejemplo, vincularse laboralmente a una empresa o acceder a educación técnica en el Sena, donde le ofrecieron el ingreso a cursos, pero sin ninguna certificación por su situación irregular.
La solicitud de un mecanismo migratorio con enfoque de género
Desde 2021 entró en vigencia el Estatuto Temporal de Protección Temporal, una medida de Migración Colombia para mejorar las condiciones de vida de los migrantes que se desplazaban desde Venezuela al país. Con el documento se estableció la posibilidad de acceder al Permiso por Protección Temporal (PPT), que concibe una autorización, estar de manera regular por hasta 10 años en Colombia, además, adelantar diferentes actividades como abrir cuentas bancarias, estudiar, afiliarse al sistema de seguridad social e incluso trabajar. Sin embargo, cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades para acceder al PPT no incluye, según la Colectiva Justicia Mujer, un enfoque de género que garantice los derechos de mujeres migrantes.
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Dentro de sus indagaciones, Justicia Mujer encontró dos historias con las que podrían incidir políticamente, el efecto de esto fue que se encontraron con dos mujeres con una situación similar: Entraron a Colombia en el marco de la crisis migratoria, tienen a cargo el cuidado de sus hijos y familiares, y han sido víctimas de violencias basadas en género (VGB), una de ellas, la mujer a quién llamamos Juana, es sobreviviente de trata de personas con fines de explotación sexual. Fue así que la falta de un pasaporte les impidió regularizar su situación migratoria en Colombia, a través de mecanismos ordinarios como las visas.
La frustración y el cansancio ante las negativas de Migración Colombia y otras entidades han llevado a las dos mujeres a pensar en desistir de adquirir el PPT. “Fue la falta de autonomía económica la que las llevó a irse con sus agresores, para estabilizar la situación económica de ellas y de sus hijos”, explica la abogada de Justicia Mujer, Juliana Betancur. Según ella, el estudio de estos casos y realizar las demandas correspondientes desde la colectiva, el factor de la falta de autonomía económica incrementó el riesgo de sufrir violencia de género.
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La colectiva concluyó que contar con un estatus migratorio irregular constituye un factor de riesgo que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres migrantes y las hace más vulnerables a ser víctimas de violencias basadas en género. Por estos motivos, decidieron enviar una carta, junto con la Corporación Caribe Afirmativo, la Corporación Sisma Mujer, Women’s Link WorldWide y El Derecho a No Obedecer, dirigida al presidente Gustavo Petro, a la vicepresidenta, el ministro de relaciones exteriores, la viceministra de asuntos multilaterales, y el director de Migración Colombia, en la que explican la relación entre situación migratoria irregular y el acentuado riesgo a sufrir VBG.
Las tres medidas que solicitan en la carta son: Primero, que se establezca, como medida excepcional, la entrega del Permiso por Protección Temporal a mujeres venezolanas víctimas de VBG en el territorio colombiano, independientemente de su fecha de ingreso al país. Segundo, crear un mecanismo de regularización migratoria para mujeres de nacionalidades distintas a la venezolana víctimas de VBG en Colombia, que sea gratuito y alcanzable. Y tercero, actualizar la política pública migratoria con la construcción de un plan de acción que priorice la política migratoria desde un enfoque de derechos humanos, de género, feminista e interseccional.
La carta ha sido suscrita por más de 33 organizaciones nacionales e internacionales), que se suman a las voces de las mujeres migrantes en situación migratoria irregular y las organizaciones firmantes, para solicitar que se tomen de manera urgente las anteriores medidas. Actualmente, cientos de ellas no tienen ninguna posibilidad para regularizar su situación y esto no les permite disfrutar su derecho a una vida libre de violencias, afirma la organización. “El mecanismo es una garantía mínima de protección para acceder a otros programas y garantizar su autonomía económica. Es un mecanismo de no repetición”, dice Betancur.
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Por Valentina Arango Correa
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