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En el Centro Internacional de Arregla de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) el Estado colombiano se juega miles de millones de pesos en demandas internacionales y, de paso, su reputación como un país seguro para la inversión extranjera. Uno de esos pleitos es el que radicó Zijin Continental Gold, una minera canadiense que pagó US$1.000 millones por explotar la mina de oro más grande del país, en Buriticá (Antioquia), y que terminó invadida por el Clan del Golfo y mineros ilegales. La empresa reclama US$430 millones a Colombia porque asegura que las autoridades no hicieron nada para proteger su proyecto y, en medio del conflicto armado, nunca logró cumplir con las expectativas iniciales.
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Para defenderse de semejantes pretensiones, (en pesos colombianos son aproximadamente $1,8 billones), el Estado está a punto de contratar a la firma estadounidense Hughes Hubbard & Reed, con 14 años de experiencia y oficinas en New York, Los Ángeles, Miami, París, Tokio, Río de Janeiro y Washington. Lo hará a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la entidad que se encarga de defender los intereses de Colombia ante cualquier asunto judicial en el que pueda ser condenado. Hasta aquí, no hay nada irregular. La Agencia, desde su creación en 2011, ha recurrido a los mejores bufetes de abogados para defender al Estado de pretensiones billonarias.
Sin embargo, el exsenador Jorge Robledo denunció a través de un video publicado en redes sociales que ese proceso de contratación lleva a sus espaldas “un mico” y un posible caso de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro. Lo que el político denunció es que en este multimillonario proceso contractual podría haber intereses particulares de altos funcionarios para favorecer a un grupo de abogados de Norte de Santander, aprovechando el alto valor que le cuesta a esa entidad asociarse con prestigiosas firmas de abogados internacionales. Mientras Robledo asegura que la Agencia se permeó de irregularidades, la entidad responde que es la primera vez que se contrata así de transparente.
El contrato de la discordia
En diciembre pasado, la Agencia abrió la convocatoria pública para contratar a la firma que defenderá al Estado. La firma que mejor cumplió con los requisitos resultó ser la estadounidense Hughes Hubbard & Reed. Lo que el exsenador Robledo denunció es que esa firma “terminó asociada” con la empresa Astrea Abogados Asociados SAS. Una sociedad que, según la Cámara de Comercio de Cúcuta, recién fue creada en noviembre pasado, tiene su sede en la capital de Norte de Santander y está categorizada como “establecimiento de comercio”. Su gerente general, Santiago Ramón Capacho, se graduó como abogado en 2019 de la Universidad de Pamplona (Norte de Santander).
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Según Robledo, y documentos del expediente, ninguno de sus socios tiene experiencia en arbitrajes de inversión, ni hablan inglés, a pesar de que esa clase de pleitos se desarrollan en ese idioma. Entre los socios de Astrea está Juan Camilo Portilla, especialista en Derecho Administrativo, con experiencia en la Registraduría y en juzgados civiles de Cúcuta. Luego están Omar Alberto Peña, con maestría en Derechos Humanos; Óscar Leonardo García, especialista en Derecho Administrativo; y William Eduardo González, especialista en Derecho Penal y Criminalística, antes juez de control de garantías y defensor regional de Norte de Santander. Ninguno, de acuerdo con la denuncia, tiene experiencia en litigios internacionales
Aunque en su página web Astrea SAS asegura que “representamos a Estados parte en arbitrajes internacionales”, ni en el Ciadi o la Corte Permanente de Arbitraje, los tribunales ante los que Colombia suele ser convocado, reportan un solo caso en el que Astrea SAS haya participado. Para Robledo, “la explicación que yo le doy a por qué estamos hablando de nortesantandereanos” es a la presencia de Yebrail Haddad Lineros como director de Defensa Jurídica Internacional de la Agencia. Nació en Ocaña (Norte de Santander), fue alcalde de ese municipio (2008-2011) y fue secretario del departamento durante el segundo periodo de William Villamizar, en 2016.
Las explicaciones de la Agencia
El Espectador indagó en el proceso y encontró que Astrea SAS ya está involucrada en el caso Buriticá. La firma fue incluida en la propuesta oficial de Hughes Hubbard & Reed como parte de su equipo de trabajo, cuando se presentó a la convocatoria. En esos papeles quedó por escrito que la función que desempeñaría Astrea SAS sería la de “punto de contacto” entre Hughes y la Agencia. Según Diana Sofía Morales, secretaria general de la entidad, se necesita esa figura “porque a veces, por cuestiones de horario, no es fácil contactar a la firma internacional. Para ser punto de contacto no se necesita ser experto en arbitraje internacional. Es alguien que les ayuda a conseguir un documento, firma, o radicar una petición”.
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Sin embargo, este diario encontró una contradicción al revisar la invitación a cotizar que se les envió a las firmas interesadas en el caso Buriticá en diciembre pasado. Para cumplir los criterios de idoneidad se les solicitó un “equipo mínimo de trabajo”, el cual debía incluir al “abogado (…) que sirva como punto de contacto durante la ejecución del contrato. El punto de contacto debe estar autorizado para tomar decisiones y deberá ser (contrario a lo dicho por Morales) un experto en arbitraje internacional de inversión”. Aun así, el punto de contacto que, según la Agencia, habría elegido Hughes para defender a Colombia, es una firma recién constituida y que no tiene un solo caso de arbitraje de inversión en su experiencia.
En diálogo con El Espectador, Yebrail Haddad respondió que no conoce a los miembros de Astrea. “No puedo asegurar que, durante esos períodos de gobierno local, no me cruce con alguna de esas personas (los socios de Astrea). Pero de eso a hablar de una amistad íntima, para declararse uno impedido, no existe. En el proceso de contratación yo no soy ordenador del gasto”, puntualizó el funcionario. Por su parte, la secretaria general, Sofía Morales, aclaró que es potestad exclusiva de las firmas internacionales la elección de ese “punto de contacto” y si les pagan honorarios o no. “En estos casos nos interesa es cómo defienden el país. Si ellos quisieron buscar a la firma más grande o la más chica, es su decisión”, puntualizó.
La pregunta sobre cómo terminó Astrea asociada con Hughes, fue trasladada al director Haddad, quien respondió: “La propuesta no lo explica, ni se pregunta. Lo cierto es que la Agencia, en su política de alianza, no traslada responsabilidades de la representación del Estado a ninguna firma local, ni contrata con firmas locales tampoco”. El director insistió en que no hizo maniobras para acercar a Hughes a Astrea SAS. El Espectador trató de comunicarse con la firma internacional para aclarar cómo llegó a la firma de abogados de Cúcuta, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta. En todo caso, en lo que sí insistieron desde la Agencia es que sí se está impulsando un nuevo modelo de contratación.
Más allá del “punto de contacto”
Según Haddad y Morales, la idea de ese cambio contractual es que, además del “punto de contacto”, las firmas internacionales también “acrediten la existencia de una alianza estratégica para desarrollar un trabajo conjunto en el ejercicio de defensa jurídica”. Es decir, un segundo acuerdo de servicios con una firma particular del país. Hasta la llegada del nuevo director de la entidad, César Palomino, en julio de 2024, sólo era obligatorio que las firmas extranjeras incluyeran en su equipo a un abogado de la Agencia, para que este enriqueciera su experiencia y talento. Sin embargo, ahora se abren posibilidades de “alianzas estratégicas” con firmas nacionales que pueden ser escogidas libremente por el contratista.
Aun así, una fuente que conoció de cerca el proceso de contratación, quien pidió la protección de su nombre para no comprometer su trabajo, dejó la siguiente opinión a este diario: “La excusa de que Astrea Abogados era simplemente el ‘punto de contacto’ de Hughes Hubbard & Reed en Colombia es completamente inverosímil. ¿De verdad esperan que creamos que una firma internacional de esta magnitud eligió como su enlace en Colombia a un grupo de personas que no hablan inglés, que no tienen oficina, que carecen de experiencia relevante para el caso y que, en el mejor de los casos, han sido escribientes en un juzgado o personeros municipales en el Norte de Santander? ¿No será que alguien con intereses indebidos solicitó a Hughes Hubbard que se presentara con esta firma y Hughes Hubbard aceptó?”.
Sofía Morales, secretaria general, argumentó que la Agencia busca “ir enseñándole a los abogados colombianos a ejercer defensa en trámites de arbitraje internacional y dejar capacidad instalada en nuestro país. Que no siempre estemos dependiendo de firmas internacionales”. Y remarcó insistentemente, como también lo corroboró este diario con los documentos oficiales, que ni el “punto de contacto”, ni la “alianza estratégica”, son elementos que sumen o resten puntos en la evaluación de las firmas. Tanto Haddad como Morales coinciden en que, de hecho, no hay manto de duda sobre el proceso, pues es la primera vez que se deja por escrito la posibilidad de una “alianza estratégica”.
Morales agregó que, de hecho, antes de su llegada a la Agencia, las firmas internacionales se escogían a dedo, en una única instancia administrativa y sin convocatoria pública. Ahora, la elección de una firma como Hughes debe pasar por al menos siete filtros, entre los que está el comité de contratación, el comité general de la Agencia, con decisión colegiada de siete altos mandos. En medio de las explicaciones de la entidad, el exsenador Robledo le pidió al presidente Gustavo Petro que no se firme el acuerdo con Hugues, hasta tanto no haya claridad de cómo llegó la firma de abogados de Cúcuta a estar relacionada con los procesos de más alto interés para el Estado, sin tener la experiencia para estar allí.
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