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Disfrazar motores de aviones militares, con capacidad de volverse armas de guerra, para hacerlos pasar por inofensivas máquinas para uso de civiles, fue, para un empresario estadounidense y varios militares venezolanos, una cuestión de dinero. La operación involucró la falsificación de contratos con el objetivo de evadir el estricto control que Estados Unidos ejerce sobre la exportación de armas o material de guerra a otros países. Sin embargo, por lo menos cuatro motores lograron pisar suelo venezolano a finales de 2007 haciéndose pasar como una venta regular a la Fuerza Aérea de Venezuela.
El precio de la operación fue de US$1,8 millones de dólares. Los detalles de este esquema de corrupción quedaron consignados en una acusación que hizo la Fiscalía de Estados Unidos en octubre de 2010 y que por esos días volvió a retomarse por cuenta de la decisión de este país de acusar al presidente Nicolás Maduro de estar detrás del cartel de los Soles y su negocio de narcotráfico. La investigación por la venta y compra de los motores de avión fue una de las nueve historias que recopiló Departamento de Justicia estadounidense para ilustrar el esquema de corrupción que aqueja a Venezuela.
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Aunque las pesquisas de este caso son de hace por lo menos cinco años, no deja de ser clave por el alto rango de quienes terminaron condenados por el caso, y por la manera en que se concretó el negocio. Según la acusación, en 2005 oficiales de la Fuerza Aérea venezolana tocaron puertas de fabricadores y distribuidores de material para aviones. Así llegaron a Marsh Aviation Company, con sede en el estado de Arizona. Conscientes de que las leyes estadounidenses prohíben a cualquier persona exportar material de guerra sin antes tener un permiso del Departamento de Estado, el problema parecía resuelto desde el comienzo.
El teniente coronel de la Fuerza Aérea de Venezuela, Roy Wayne Roby, se encargó del asunto. En un correo en poder de las autoridades, el oficial le escribió al dueño de la empresa, Floyd D. Stilwell, ofreciéndole su representación en el negocio y explicándole que él tenía maneras de evitar el control de las autoridades. Después de este correo, lo que se lee en la acusación es que en marzo de 2007, el empresario recibió en su cuenta personal los US$1,8 millones de dólares y que, con esta transacción, Wayne se convirtió en el agente exclusivo de Marsh Aviation Company para Venezuela.
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Además de estar prohibida la venta de estos elementos sin permiso de la autoridades, las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela no eran óptimas. El entonces presidente Hugo Chávez dijo públicamente que apoyaba la lucha de grupos insurgentes en Irak, en una época en donde el conflicto con este país norteamericano arreciaba. Y, como si fuera poco, el mandatario venezolano había calificado a su homólogo, George W. Bush, de terrorista. En respuesta, el gobierno estadounidense aseguró que este país apoyaba el terrorismo y a grupos narcotraficantes.
Stilwell, señala la investigación, estuvo de acuerdo con cambiar el contrato del negocio para que en el papel quedara claro que lo que estaba vendiendo eran motores para aviones que solo usan civiles. Sin embargo, la realidad es que su destino eran aviones de tipo OV-Bronco, una aeronave de reconocimiento armado ligero, especialmente adecuado para misiones de contrainsurgencia. Es decir, armas para nada inocentes. Para mayo de 2007, el negocio estaba casi listo. Las partes convinieron la exportación de seis motores y así entrar a la operación otros dos oficiales: Guiseppe Luciano Menegazzo y Óscar Colmenarez Villalobos.
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Entre los tres venezolanos lograron desarmar en total, cuatro aviones. Además, Stilwell les ofreció capacitaciones y clases para que, de regreso a Venezuela, no tuvieron mayores complicaciones para adecuar los motores y las partes de las aeronaves. En octubre de ese año, y ya con los contratos amañados, los oficiales y el empresario empacaron cuatro motores con el sello de Marsh Aviation Company y, para finales de ese año, llegaron al puerto venezolano de Valencia, provenientes de Miami. Cuál fue el uso que se les dio a estas piezas, es un misterio que no resolvieron los investigadores en la acusación.
Sin embargo, sí lograron condenas en contra de varios de los involucrados. Floyd D. Stilwell, el único estadounidense vinculado al caso, por ahora, fue acusado en octubre de 2010 por conspiración y por violar las leyes que regulan la exportación de armas de guerra. En octubre de 2012, el empresario se declaró culpable pero, al parecer por su edad (tenía 84 años para este momento) fue dejado en libertad, después de pagar una multa de US$250 mil dólares. Stilwell murió en 2014. En cuanto a los oficiales venezolanos, la historia en los estrados judiciales fue diferentes.
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Sobre Óscar Colmenarez Villalobos no es claro si enfrentó un proceso judicial y medios venezolanos especulan que se encuentra en su país. De Guiseppe Luciano Menegazzo Carrasquel se sabe que fue arrestado en Estados Unidos y condenado en septiembre de 2013 a 19 meses de cárcel por el caso de los motores. Y, sobre el agente especial Roby, cuando estalló el escándalo, el oficial se encontraba en Venezuela y durante un par de años logró esquivar a las autoridades. Sin embargo, sin explicación alguna, en 2013 regresó a Estados Unidos y fue capturado. En abril de 2014 fue condenado a 18 meses de cárcel.
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