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Una decisión del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, tomada el pasado 7 de marzo, le destrabó más de $119.000 millones de pesos a Chocó en regalías, por la explotación de la única mina de cobre que tiene Colombia. La decisión se da justo cuando el departamento pasa por una de sus más complejas crisis de violencia y necesita recursos para atender la situación humanitaria e invertir en el territorio.
El litigio entre Minera El Roble S.A. y la Agencia Nacional de Minería (ANM) tenía a los mandatarios regionales con las expectativas puestas en que se tomara una decisión favorable para la región. Ahora, solo esperan que se cumpla el laudo y se desembolsen los recursos que les corresponden.
El origen del pleito está en el contrato 9319, del 18 de agosto de 1987, celebrado entre el Estado colombiano y la Minera El Roble, ubicada en el municipio de Carmen de Atrato y propiedad del exsenador Guillermo Gaviria Echeverri. Ese negocio se cerró con base en el Decreto 2477 de 1986, que reglamentaba la pequeña, mediana y gran minería en el país.
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El acuerdo tenía una cláusula que indicaba que, cuando la producción anual de la mina superara las 100.000 toneladas de material, debía reconocerle al país una ganancia por la venta del mineral. “La participación nacional por la explotación será equivalente al 3 % del precio de venta del mineral en bruto, puesto en boca de mina o en plaza”, se lee en el contrato.
Bajo esa premisa, la mina empezó a operar en 1990 y así lo hizo durante 23 años, hasta que en 2013 la familia Gaviria le vendió su empresa a la firma canadiense Atico Mining Co. En ese período de tiempo, Minera El Roble nunca superó el tope de las 100.000 toneladas de material extraídas anualmente. Según cifras de la empresa, su promedio de producción se mantuvo entre 40.000 y 80.000 toneladas.
Pero la multinacional que compró la mina invirtió más de US$70 millones para ampliar sus capacidades y en 2014 se extrajeron 133.332 toneladas de minerales de ese yacimiento. En ese momento empezaron los problemas de interpretación de la norma bajo la cual regía el primer contrato, que se venció en 2022.
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El ingeniero de minas y metalurgia Darío Cújar se percató de la interpretación errada del Decreto 2477, razón por la cual el Estado no había cobrado sus ganancias durante más de 20 años. El 14 de enero de 2021 entabló un derecho de petición ante la Contraloría, pidiendo que se revisaran las irregularidades en el funcionamiento de ese contrato.
En su momento, Cújar argumentó que hubo negligencia por parte de las autoridades para hacerle seguimiento al convenio. Para ese año ya también se estaba empezando a negociar una renovación del negocio, cuyos términos a hoy aún son una incógnita. La discusión inicial fue entre la Contraloría, la ANM y Minera El Roble S.A., que tenían interpretaciones distintas del “tope” de producción de la mina.
Para la Contraloría y la ANM, el “tope” de las 100.000 toneladas aplicaba sobre el material extraído de la mina, como reza el contrato. En oposición, la empresa argumentó que ese mismo tonelaje máximo se refería a la cantidad de mineral procesado y no al material extraído de la mina.
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En abril de 2021, la Contraloría señaló que hubo un detrimento patrimonial de $21.955 millones por parte de la ANM, por no liquidar ni cobrar lo correspondiente a la participación de la nación en las ganancias derivadas de la extracción de material de la mina El Roble. El organismo argumentó que la gestión de la entidad fue “inoportuna e ineficaz”, pues entre 2014 y 2021 el Estado habría perdido poco más de US$6 millones de su participación en ese negocio.
Finalmente, el 15 de diciembre de 2021, la ANM le ordenó a la firma Miner S.A., la empresa encargada de operar la mina, pagar $87.750 millones como parte de regalías y participaciones en la explotación de oro, plata y cobre de cinco años. Sin embargo, los chocoanos han pedido que se pague el total de las regalías que corresponden a la explotación de material mineral de los últimos 10 años; esa fue una de las peticiones realizadas durante el paro minero de octubre de 2021.
Pero el pleito no terminó ahí y el enredo fue de tal magnitud que el caso llegó, el 9 de septiembre de 2022, al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde la ANM y Minera El Roble decidieron resolver el pleito.
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Luego de dos años y cinco meses en ese tribunal, los abogados Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Álvaro Andrés Motta Navas y Enrique José Arboleda Perdomo, quienes fueron designados como árbitros del caso, definieron que Minera El Roble debe pagar $119.984 millones por concepto de regalías y participaciones e intereses de la explotación de cobre en la mina de Carmen de Atrato.
“Resulta evidente que, al menos en principio, las ‘participaciones’ constituyen el género de los gravámenes y contribuciones que, en los términos de dichas normas, deben pagarse al Estado por la explotación de minerales. Y que las ‘regalías’ y la “participación nacional” son especies de ese género, que se refieren al derecho a tal explotación y, concretamente, a la contraprestación que debe pagarse por ese derecho”, se lee en la decisión.
El tribunal también advirtió en su decisión que la empresa debía pagarle al Estado el 3% del precio de venta “del mineral en bruto puesto en boca de mina o en plaza” por concepto de participación nacional, siempre y cuando la producción anual de la mina superara las 100.000 toneladas, luego del 30 de junio de 1994, que fue la fecha establecida como de “vencimiento del período de montaje” del yacimiento.
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“A partir de esa fecha, y mientras estuviera vigente el contrato de concesión, ese reconocimiento y pago debían hacerse, al margen del volumen de la producción, bajo la denominación de ‘regalía’, a razón del 5% para hierro y cobre, y de 4% para oro y plata, sobre el valor de lo producido en boca de mina o pozo”, indicó el tribunal.
Ahora Minera El Roble S.A. tiene un plazo de cinco días para pagar la suma definida en el laudo. En caso de incumplir con la decisión, tendrá que pagar también intereses de mora. Los mandatarios regionales esperan que la decisión sea acatada. “Los recursos minerales que se han extraído vienen de un proceso de no reconocimiento y nos ha quedado el vacío ambiental sin ningún tipo de compensación.
La decisión significa una posibilidad real de acceso a fondos para financiamiento de las inversiones que tanta falta le hacen a la comunidad”, le dijo antes de la decisión a El Espectador Nubia Córdoba, gobernadora del Chocó. Desbloquear esos recursos de regalías es de gran ayuda para enfrentar la crisis que vive actualmente el departamento, alimentada especialmente por la guerra entre grupos armados que no cesa.
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Por Gustavo Montes Arias
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