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Este lunes 13 de abril, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tendrá que rendir cuentas en una audiencia que, más que técnica, tiene un trasfondo judicial que podría comprometer su libertad. La Corte Constitucional lo citó, junto a otras autoridades, para verificar el cumplimiento de sus órdenes sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que el Estado reconoce por cada afiliado al sistema. No se trata de una simple revisión: el alto tribunal medirá si el Ejecutivo acató o no sus órdenes. De ese balance depende que la situación del ministro escale de un debate administrativo a un problema judicial, con la posibilidad de una eventual sanción por desacato que podría traducirse en cárcel.
Aunque la Corte habla de recolectar “insumos especializados y verificables” para evaluar el cumplimiento, la audiencia ocurre en un escenario más delicado, pues en diciembre pasado le abrió un incidente de desacato a Jaramillo. En ese momento, el alto tribunal concluyó que el funcionario no habría cumplido con la orden de ajustar la UPC para 2026 bajo los criterios fijados por el tribunal y no con fórmulas internas o en la inflación, como venía haciéndolo el Gobierno. Ese antecedente convierte la diligencia en un examen con consecuencias. Si la Corte comprueba el incumplimiento, no solo quedará en evidencia un pulso institucional, sino que podría activar sanciones contra el ministro. Incluyendo su privación de la libertad.
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Lo que el alto tribunal viene exigiendo es crucial: que el Ejecutivo deje de fijar la UPC con fórmulas generales y construya su valor a partir de un análisis técnico profundo de costos reales. Ese mandato incluye abrir mesas de diálogo con todos los actores del sector, incluida la sociedad civil. Sin embargo, para la Corte, ese proceso no se ha cumplido como lo ordenó. Por eso, en diciembre pasado abrió incidente de desacato y dejó una conclusión que hoy pesa como antecedente: “Persiste el incumplimiento general del componente de suficiencia de la UPC”. En otras palabras, el Gobierno no ha logrado demostrar, con evidencia técnica, que los recursos asignados alcanzan para cubrir el gasto en salud.
En ese contexto, la audiencia de este lunes se convierte en un verdadero examen judicial. El ministro Jaramillo comparecerá ante la Sala de Seguimiento, integrada por los magistrados Miguel Polo, Vladimir Fernández y presidida por Carlos Camargo, ponente de decisiones recientes de alto impacto contra el Gobierno. Allí tendrá que responder, con cifras y metodología, preguntas de fondo: cómo se calculan los costos, si reflejan el gasto real y si el modelo actual es sostenible. No hay margen para generalidades. Si las respuestas no satisfacen a los magistrados, el desacato podría consolidarse, con efectos que trascienden lo administrativo y entran en el terreno de sanciones personales.
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Aunque la Corte le dio al Ministerio de Salud múltiples oportunidades para sustentar el cálculo de la UPC, el expediente muestra una constante: la respuesta oficial ha sido incompleta o inexistente. El alto tribunal dejó constancia en diciembre pasado en la que explicó que, en varias ocasiones, la cartera no remitió la información técnica solicitada sobre la metodología de cálculo ni explicó las razones de sus decisiones, incumpliendo órdenes directas y reiteradas. Ese vacío de justificación es, precisamente, el que llevó a la Corte a escalar el caso a un incidente de desacato, al considerar que el Gobierno no ha logrado demostrar que la prima que financia el sistema realmente cubre sus costos.
Este escenario tiene implicaciones concretas. Si la Corte concluye que el incumplimiento persiste, el ministro quedaría expuesto a una sanción de arresto de hasta seis meses, además de multas que podrían alcanzar los 20 salarios mínimos. No es el único frente. También se abriría la puerta a investigaciones disciplinarias. Y hay un elemento adicional que eleva la tensión: la presencia de la Fiscalía en la sesión de este lunes. Según fuentes del alto tribunal, el ente investigador no solo observará el eventual desacato, sino que evaluará si hay omisiones con relevancia penal en el manejo de estos recursos y en las consecuencias que viven quienes necesitan tratamiento médico como un asunto de vida o muerte.
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De hecho, la Fiscalía fue llamada por la Corte para que hable sobre un punto crítico: si ha detectado conductas relacionadas con desvío, apropiación indebida, omisiones o uso irregular de los recursos de la UPC. Y, más aún, si esas eventuales irregularidades han afectado la disponibilidad real del dinero y alimentado la discusión sobre su insuficiencia. Ese enfoque abre un frente adicional para Jaramillo. Si se configuran indicios de irregularidades, el caso podría escalar de un incumplimiento administrativo a un expediente criminal, en el que el ministro, como cabeza del sector, tendría que responder. Por eso, la audiencia de este lunes es crucial.
Aunque el foco está puesto sobre el jefe de la cartera, la audiencia tendrá más protagonistas. Son 28 los convocados, entre ellos la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que deberá explicar cómo verifica la calidad y consistencia de la información con la que se calcula la UPC y qué tan alineado está ese valor con el gasto real reportado por EPS e IPS. No son preguntas menores: de esas respuestas depende saber si el sistema se está financiando con datos confiables o sobre bases débiles. La convocatoria de la Corte es amplia y reúne a todo el engranaje del sistema de salud y de control del Estado.
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Además del Ministerio de Salud, participarán el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, claves en la definición financiera de la UPC, entidades técnicas como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Superintendencia de Salud, y una larga lista de actores del sector, desde EPS y gremios, como la asociación que agrupa a las EPS del régimen contributivo (Acemi), la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento y/o Gestión de la Salud (Gestarsalud), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), hasta asociaciones médicas, hospitales, farmacéuticas, academia y organizaciones de pacientes.
Las demás entidades, como la Contraloría, también entrarán al escrutinio. Tendrán que exponer si han detectado desviaciones, ineficiencias o usos indebidos de los recursos que comprometan la suficiencia de la UPC. En ese tablero, cada intervención suma o resta para el ministro. La audiencia no solo ofrecerá una radiografía técnica del sistema, sino que también permitirá establecer, con base en pruebas oficiales, cómo se han tomado las decisiones del Gobierno en el manejo de los recursos de la salud. De ese balance dependerá si Jaramillo logra sostener su defensa o si, por el contrario, queda en evidencia un incumplimiento que active sanciones personales, incluso con consecuencias penales.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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