Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
“Hemos coincidido varios de los contratistas (para alimentación de presos) en un mismo punto de extorsión, porque no se le puede llamar de otra manera al modus operandi que hace un asesor de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia (Uspec), más específicamente el señor Alejandro García*, quien se identifica como asesor del director general de la Unidad”. Ese es parte del mensaje que supuestamente el “Grupo de Contratistas de Alimentación USPEC” le envió a Andrés Ernesto Díaz, director general de la institución encargada de administrar los potentes recursos para el desarrollo de las cárceles del país.
Lea también: “Van a ser los mejores establecimientos carcelarios del país”: Uspec a Contraloría
El 8 de agosto, en ese mensaje anónimo, el denunciante daba a entender que Alejandro García, quien no es parte del personal de planta de la entidad, pero sí un contratista administrativo, supuestamente exige un 3 % del valor de los contratos ya firmados, amenazando con decretar su incumplimiento y, así, exponer a sanciones a las empresas. “La situación ya se pasó de castaño a oscuro, porque en estos momentos ya no son las visitas del señor García, sino que por el contrario vía telefónica nos llama y nos intimida diciendo que el director está emputado y que exige que se le entregue el dinero a más tardar el viernes 13 de agosto”, añade la denuncia anónima.
El anónimo agregó que los contratistas deberían comprometerse a pagar el 5 % del valor de los contratos que les adjudicaran, o no los iban a seleccionar en los procesos licitatorios. Asimismo, relató tener audios y videos de García, situación que, a la fecha, no es constatable. En la denuncia, además, fue citada la procuradora Margarita Cabello, el contralor Felipe Córdoba, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y hasta la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. Cuando se revisan las cifras que maneja la Uspec, la denuncia toma una mayor dimensión.
Por ejemplo, el pasado 10 de marzo, el director Díaz aprobó un contrato por casi $5.900 millones para la alimentación de los presos del “Grupo 8”, conformado por ocho cárceles y unas estaciones de Policía de Huila y Tolima. El acuerdo se firmó con la unión Alimentos Saludables y esta misma semana termina. Si la denuncia anónima llegara a ser cierta, el contratista tendría que desembolsar un soborno por $177 millones para renovar su servicio. Las proporciones de los sobornos serían multimillonarias, teniendo en cuenta que hay un total de 19 contratistas y el servicio de alimentación se presta para 200.000 internos.
En contexto: Así será la multimillonaria licitación para mejorar la alimentación de las cárceles
El mensaje fantasmal, en el cual se precisó que Díaz tiene una “hoja de vida intachable”, fue motivo de pronunciamiento del ministro de Justicia, Wilson Ruiz. En un comunicado aseguró que se trataría de actos de corrupción y que, si se encuentran méritos, “se apliquen las sanciones que correspondan a los contratistas y funcionarios”. El Espectador conoció la solicitud de investigación que la cartera impulsó tras revelarse el correo, en el cual se citó al fiscal Barbosa, a la procuradora Cabello, al contralor Córdoba y hasta a Julio Andrés Sampedro, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
“A sabiendas de la forma como se tuvo conocimiento de estos hechos y por la gravedad de los mismos, la Dirección Jurídica solicita se desplieguen las investigaciones que a ello fuese menester para determinar la veracidad de la denuncia presentada por los contratistas”, dijo el Ministerio. El correo encendió las alarmas de la cartera, pues en el pasado la Uspec se ha visto envuelta en escándalos de corrupción. De hecho, en abril de 2019 María Cristina Palau, exdirectora de la entidad, fue enviada a prisión por presunto enriquecimiento e irregularidades contractuales.
“Según el material probatorio la referida organización criminal obtuvo en un primer momento la adjudicación irregular de un contrato de interventoría de viviendas cercano a los $17 mil millones”, imputó la Fiscalía contra Palau. Las autoridades tienen la hipótesis de que la exdirectora de la Uspec se concertó con funcionarios del extinto Fonade para otorgar contratos a dedo. Su caso está congelado. El pasado 24 de febrero, por otro lado, la Fiscalía delegada para la Atención en Salud entregó un informe en el que se reveló que el 80 % de las cárceles reportan problemas con la calidad de la materia prima utilizada para la preparación de comida.
El director Andrés Díaz, el pasado viernes, citó a una reunión a los contratistas de alimentos para pedirles esclarecer las acusaciones. Todos coincidieron en un mensaje grupal que conoció El Espectador que jamás han tenido presiones para contratar con la Uspec. “La denuncia no tiene nada que ver con los contratistas encargados de la alimentación”, dijo Edis Álvarez, de DNP Servicios SAS. “No estamos involucrados con este anónimo”, agregó Alida Turbay, de Servicios y Suministros CJBN SAS. “Rechazamos supuestos comunicados que afectan el buen nombre de la Uspec y los operadores”, concluyó Miguel Villanueva, de la UT Alimentación Técnica.
En diálogo con este diario, el director Díaz aseguró que no es la primera vez que se intenta enlodar el trabajo de la Uspec: “En mi contra llegaron correos anónimos finalizando el año pasado, precisamente cuando iniciamos un proceso de contratación de infraestructura. Ahora justo estamos empezando un proceso de contratación de alimentación y llega un anónimo en nombre de una persona que está participando en esa estructuración”.
Lea: Uspec no ejecutó casi $45.000 millones que iban para mejorar la situación de las cárceles
Agregó que el correo del cual llegó la denuncia está compuesto por el nombre de una persona, seguido de números, y que la cuenta no ha respondido las contrapreguntas de la Uspec. Por último, aseguró que García comenzará su propio proceso penal: “En la investigación interna requerimos a García, quien nos informó al respecto de estas denuncias. Él nos dio una respuesta con todos los argumentos, indicando que era evidente injuria y calumnia. Dijo que iba a presentar una denuncia”.
La Contraloría, aseguró que ya atiende el caso. “El organismo de control participó en una reunión que realizó la Uspec. Nos reunimos con los 19 contratistas para discutir la gravedad de una denuncia de un anónimo, donde se informa la situación de un funcionario que está realizando actividades extorsivas. Se les dijo que, si tenían alguna situación ilegal o presión, por favor recurrieran a nosotros”, explicó a este diario el delegado Sebastián Montoya. Solo resta saber quién está detrás del mensaje y si su intención fue denunciar un macrocaso de corrupción o enlodar a García, y a la Uspec.
Conoce más