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El 12 de marzo de 2021, sobre las 6:00 de la mañana, uniformados de la Policía llegaron a la casa de Yuranis Velazco Garrido, en el corregimiento de El Salado, en El Carmen de Bolívar (Bolívar). Tocaron a la puerta y ella, que todavía dormía, se levantó para atenderlos. No era extraño que los funcionarios llegaran a su casa a cualquier hora, pues tenía una pequeña papelería y con frecuencia se acercaban para imprimir documentos de trabajo. Pero ese día la razón fue distinta. “Señora Yuranis, venimos porque tenemos una orden de captura en su contra”, le dijeron. Esas palabras abrieron un hueco debajo de los pies de la lideresa social, que no comprendía qué pasaba. Fueron, además, la puerta a un montaje judicial del que acaba de salir libre de culpa.
En cuestión de horas, Yuranis Velazco pasó de ser una conocida lideresa de su comunidad, apreciada por su trabajo relacionado con la defensa de las mujeres, la educación y el deporte, a estar indiciada por su presunta responsabilidad en los delitos de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, amenazas y desplazamiento forzado. Pasó más de siete meses en estaciones de Policía y cárceles, bajo condiciones inhumanas que la tuvieron al borde de la muerte. Y durante casi cinco años enfrentó un proceso penal que, como ella misma le dijo a El Espectador, no le pertenecía. Un juez de Cartagena acaba de darle la razón a la lideresa en una sentencia que dejó ver los graves errores de la Fiscalía en el proceso en su contra.
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Crecer en la guerra
Desde que tiene uso de razón, Yuranis Velazco ha tenido que enfrentar el rigor de la violencia y el abandono de las instituciones. Nació en el corregimiento de El Salado el 6 de enero de 1993. Es la cuarta hija en una familia de seis hermanos, con importantes carencias económicas, pero donde nunca faltaron el amor, la felicidad y el buen ejemplo. Su madre, ama de casa, y su padre, ebanista, les enseñaron a ella y a sus hermanos la importancia de trabajar por la comunidad de la que hacen parte. No en vano Yirley Velasco Garrido (cuyo apellido se escribe con s y no con z), una de sus hermanas, es una de las lideresas más conocidas del departamento de Bolívar, con una importante trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres en su región.
Yuranis Velazco creció en medio de los partidos de fútbol con sus hermanos y los paseos en una bicicleta que sus papás les regalaron. El 23 de marzo de 1997, cuando la hoy lideresa tenía solo cuatro años, la barbarie de los paramilitares cercó los linderos de El Salado. Cincuenta hombres entraron al corregimiento, reunieron a la comunidad en el parque, asesinaron a cinco personas y quemaron algunas de las construcciones aledañas. Unos 7.000 habitantes se desplazaron, entre ellos la familia Velazco Garrido, que se trasladó hacia el municipio de Villanueva (Bolívar), de donde era oriundo su papá. Tres meses después, un grupo de 4.000 campesinos retornó a El Salado, dispuestos a no dejarse arrebatar la vida por la violencia.
La familia de Yuranis Velazco intentó rehacer su vida, pero lo vivido en 1997 se quedó corto frente a la crueldad ejercida por los paramilitares en el 2000. Entre el 16 y el 21 de febrero de ese año, 450 hombres del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entraron por tierra y en helicópteros a El Salado, reunieron de nuevo a la comunidad en la plaza del pueblo y asesinaron a 60 civiles en total estado de indefensión. La familia de Yuranis Velazco también fue obligada a salir al parque por la fuerza de los paramilitares. Solo ella, que tenía seis años, fue escondida por una tía en el baño de la casa y pasó allí horas hasta que la barbarie dejó solo su estela de horror en el pueblo.
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Yirley Velasco, su hermana, no tuvo la misma suerte. Fue víctima de violencia sexual por parte de los paramilitares. “A mi hermana le mataron el alma, pero solamente ese día”, dijo la lideresa. Su madre tuvo que tomarla en brazos y sacarla de allí para intentar salvarle la vida. Una vez más, la familia Velazco Garrido se desplazó junto al resto de la comunidad. Casi toda su familia se asentó en la cabecera municipal de El Carmen de Bolívar; solo dos de sus hermanos se fueron hacia Cartagena, para buscar cómo sobrevivir. “Lo que ocurrió en El Salado solo puedo describirlo con una palabra: desolación. Se me rompió la infancia”, expresó la lideresa. Vivieron el rigor del desplazamiento, fueron estigmatizados y pasaron grandes necesidades.
Cansado de la miseria, el papá de Yuranis Velazco decidió regresar a El Salado en 2002 y su mamá en 2003. La familia estuvo reunida de nuevo en el año 2004, pero el panorama era desolador. “En el pueblo no había nada. A veces nos teníamos que acostar a dormir solo con un café”, contó la mujer. La violencia paramilitar que arrasó con el corregimiento puso cuesta arriba incluso la posibilidad de acceder a alimentos tras retornar a sus hogares. Con esfuerzo, las 730 personas que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, regresaron a El Salado, sacaron adelante la comunidad. La Institución Educativa Técnica Agropecuaria El Salado reabrió sus puertas. Yuranis Velazco, sus hermanos y sus amigos pudieron estudiar.
Esa institución solo formaba a los estudiantes hasta noveno grado. Para ser bachilleres, tenían que trasladarse a las cabeceras municipales. Enviando cartas a los gobiernos regional y nacional, varios líderes, entre ellos Yuranis Velazco, lograron que se ampliara la oferta académica. Su promoción fue la primera de bachilleres técnicos de El Salado, en 2012. Al tiempo que hacía tareas de matemáticas y biología, la joven se convirtió en una fuerte líder comunitaria. Acompañaba a Yirley Velasco, su hermana, quien creó la Asociación Mujeres Sembrando Vida para luchar por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en los Montes de María, y creó la Corporación Deportiva Juvenil de El Salado. El liderazgo social se convirtió en su vida.
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De las canchas a estar tras las rejas
Con años de liderazgo social, el nombre de Yuranis Velazco se hizo uno de los más conocidos de El Salado. Sus vecinos la conocían y apreciaban su trabajo. Los niños y jóvenes disfrutaban de entrenar fútbol con ella. Primero jugando con una pelota de trapo. Luego, cuando recibieron apoyo de organizaciones sin ánimo de lucro, con balones y usando uniformes. Pero en el fondo de esos esfuerzos para reconstruir a una comunidad rota por la guerra, la violencia persistía. Desde 2015, habitantes del corregimiento han sido víctimas de amenazas por parte de grupos al margen de la ley como la antigua guerrilla de las Farc. Su propia familia fue blanco de intimidaciones, en parte por el trabajo social de las hermanas Yuranis y Yirley.
En 2021, las amenazas llegaron al entonces director de la Corporación Deportiva Juvenil de El Salado, cuyo nombre se mantiene bajo reserva por motivos de seguridad. Entre enero y febrero de ese año, siete habitantes del corregimiento tuvieron que desplazarse por cuenta de las intimidaciones que llegaban especialmente por mensajes de texto y firmadas supuestamente por Las Águilas Negras. Hasta que en la madrugada del 12 de marzo las autoridades tocaron a la puerta de la casa de Yuranis Velazco porque, supuestamente, era ella, la lideresa social y deportiva de El Salado, la persona detrás de esos constreñimientos en contra de sus vecinos y de su propia familia. Allí inició el calvario del que fue víctima la mujer, que en ese momento tenía 28 años. Esta vez, violentada por parte del Estado y de sus instituciones.
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Los uniformados que primero iban a sacar fotocopias en el negocio que Yuranis Velazco tenía en su casa terminaron capturándola y llevándola por varias de las estaciones de Policía del Sur de Bolívar. Primero estuvo dos días en la estación de El Carmen de Bolívar, municipio en el que se adelantaron las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento. Luego fue llevada a la estación de San Jacinto (Bolívar), donde pasó un día más. De allí, los uniformados la trasladaron a la estación del municipio de Zambrano, donde pasó tres meses, estuvo al borde de la muerte y vivió, en sus propias palabras, “un verdadero infierno”. El tiempo que estuvo allí lo pasó en un diminuto calabozo en el que apenas podía moverse.
En su diálogo con El Espectador, Yuranis Velazco describió los dos calabozos de la estación de Zambrano como un sitio “inhumano”. En uno había dos hombres detenidos y en el otro estaba ella, “la única mujer y con un proceso que no me pertenecía”. A escasos metros estaba la zona en la que los uniformados que prestaban su servicio allí se aseaban e iban al baño. “Me tocaba hacer mis necesidades y que los hombres me vieran o ver las partes genitales de los policías bañándose”, narró. La comida era escasa, pues su familia estaba a dos horas de ese municipio y no podía hacerle llegar los alimentos: “La alimentación era solo el almuerzo, porque mi familia no tenía para cubrirla. Había policías que sacaban de la comida de ellos y nos daban”.
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La mala alimentación enfermó a Yuranis Velazco de anemia y, por las condiciones sanitarias, adquirió una infección urinaria. “Me causaba indignación porque yo ni siquiera soy la delincuente que pintaba la Fiscalía”. Tres meses después de su detención en Zambrano, gracias a la representación judicial y la presión ejercida por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la Corporación Sisma Mujer sobre las autoridades, fue enviada a la cárcel de Cartagena. Entre Zambrano y la capital de Bolívar, un tramo que se recorre en unas dos horas y media, Yuranis Velazco se desmayó tres veces. Hicieron una parada de urgencia en El Carmen de Bolívar y una enfermera del hospital local no la quiso atender por ser una mujer privada de la libertad.
Continuaron su camino hacia Cartagena, pero en el centro de reclusión no querían autorizar su ingreso. “Siempre he dicho que hay ángeles que no me abandonan. Una enfermera de la cárcel presionó hasta que logró que me dejaran entrar, al menos para que me atendieran”, narró Yuranis Velazco. Restablecida su salud, la lideresa pasó cuatro meses más en el penal de la capital de Bolívar. Pese al dolor de enfrentar tres delitos de los que no era responsable, las fuerzas le alcanzaron para hacerle la vida más llevadera a otras mujeres privadas de la libertad. Se encontró allí con Judith Pinedo Flórez, una exalcaldesa de Cartagena condenada en abril de 2021 por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, y absuelta en marzo de 2023 por la Corte Suprema de Justicia.
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Entre la tristeza profunda y la incertidumbre de la cárcel, Yuranis Velazco sembró esperanza. Junto a la exalcaldesa Pinedo Flórez, enviando cartas manuscritas a las autoridades locales, lograron construir una pequeña biblioteca en la que las mujeres detenidas allí encontraron una ventana de libertad. También lograron que les enviaran docentes para adelantar procesos de formación dentro de la cárcel, pues muchas de las mujeres privadas de la libertad, a diferencia de la lideresa, no habían podido hacer el bachillerato. En medio de las ocupaciones para hacer más llevadera la prisión, el 26 de octubre de 2021, Yuranis Velazco recibió la noticia de que saldría de la cárcel y enfrentaría el proceso en su contra en libertad.
Alejandra Garzón y Viviana España, abogadas de la CCJ y de Sisma Mujer que defendieron a Yuranis Velazco durante su proceso judicial, le explicaron a este diario que la lideresa salió libre por una solicitud de revocatoria o cambio de medida de aseguramiento intramural a domiciliaria. Para sustentar ese recurso, fue clave demostrar que la mujer no tenía ningún antecedente penal, que no había riesgo de que se fugara y que sus vecinos y familiares, supuestamente amenazados por ella, estaban seguros de su inocencia y lo habían demostrado al testificar a su favor en estrados judiciales. La libertad condicional fue la primera puerta que se le abrió a Yuranis Velazco para reconstruir su dignidad rota por el Estado que la debía proteger.
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Un fallido montaje judicial
Tras salir de la cárcel de Cartagena, Yuranis Velazco viajó de inmediato a El Salado, el lugar en el que, como ella misma lo dice, están su corazón y su vida. Pasó un par de días junto a su mamá y luego se trasladó a donde su hermana, Yirley Velasco. Las amenazas en contra de sus vecinos, familiares y de ella misma persistían y tuvo que trasladarse junto a su esposo y a su hijo, que hoy tiene 12 años, a otra población que por razones de seguridad se mantiene bajo reserva. En libertad enfrentó el proceso penal en el que el pasado 7 de mayo el juez tercero penal de Cartagena, William David Oyola Yépez, dio razón de su inocencia. Treinta y dos testigos fueron llamados a comparecer durante el proceso por 19 hechos criminales que la lideresa no cometió.
Por el contrario, lo que el juez encontró y detalló en su sentencia es que el proceso en contra de Yuranis Velazco estuvo sembrado de errores por parte de la Fiscalía relacionados, entre otras cosas, con la vulneración de la intimidad de la lideresa por parte de las autoridades, la evidencia técnica, la cadena de custodia de las pruebas y la construcción de estereotipos en torno a ella: mujer, lideresa social y víctima de la violencia que durante décadas ha azotado a los Montes de María. Los errores llegaron a tal punto que, durante las audiencias, cuando Yuranis Velazco estaba completamente incomunicada, su familia recibía amenazas por mensajes de texto. ¿Cómo pudo hacerlo si justo en esos momentos comparecía ante un juez de la República?
El juez Oyola Yépes argumentó que la Fiscalía no pudo sustentar que detrás de las amenazas, supuestamente enviadas por Yuranis Velazco, hubiera algún interés por “odio, lucro, venganza o poder”. Por el contrario, “carece de sentido” la tesis del ente investigador y el teléfono público en el que Yuranis vendía minutos en su casa pudo haber sido usado por un tercero para enviar las amenazas. “Esta carencia de motivo racional sugiere razonablemente que Yuranis no fue el sujeto que dirigió la acción, sino que sus equipos fueron meros eslabones en una cadena causal dirigida por una voluntad ajena (un tercero) que sí tenía una finalidad clara: sembrar el terror en El Salado y desviar la investigación hacia un chivo expiatorio”, señala el fallo.
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Para Ana María Rodríguez, directora de la CCJ, la postura de la Fiscalía se fundamentó en estereotipos que llevaron a desviar la mirada de los verdaderos responsables de las amenazas y ponerlos sobre una mujer lideresa que, junto a su familia, ha sido víctima de la violencia desde su infancia. “El papel de la Fiscalía fue desafortunado. Habiendo un registro claro de amenazas y patrones de violencia que se han sostenido contra los líderes de El Salado, la Fiscalía no buscó los motivos de estas amenazas para llegar a los responsables y optó por la salida fácil: judicializar a Yuranis Velazco, que no tenía antecedentes, es lideresa y no tenía razones para cometer los crímenes, para mostrar un resultado rápido”, explicó la jurista.
Agregó que este proceso judicial no solo trazó una grieta en la vida de Yuranis Velazco y de su familia, sino que también fue un “montaje judicial” que representó un desgaste para la justicia en un sistema penal desbordado de expedientes. “La Fiscalía se vio forzada a sostener una postura que era insostenible. Perdió la oportunidad de usar el aparato de justicia de Colombia para esclarecer realmente qué y quiénes están detrás de esas amenazas que periódicamente resurgen contra quienes tienen un liderazgo dentro de la comunidad de El Salado. Especialmente de quienes visibilizan los incumplimientos del Estado frente a los compromisos después de la masacre del año 2000 o que denuncian que la violencia persiste en la región”, explicó.
La Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión argumentando que las pruebas que el juez desvirtuó por mal manejo del ente investigador sí debían ser tenidas en cuenta. El caso está ahora en manos del Tribunal Superior de Cartagena, que tendrá que definir la situación jurídica de Yuranis Velazco en segunda instancia. Mientras tanto, los habitantes de El Salado siguen cercados por las amenazas sin que las autoridades den con los verdaderos responsables. La lideresa sigue lejos de su pueblo, pues su vivienda fue incinerada dos meses después de que saliera de la cárcel. Sobrelleva un delicado problema renal, resultado de la crisis de salud que tuvo en la estación de Zambrano. E intenta rehacer su vida con un café internet que instaló en su nueva vivienda y para el cual está pidiendo apoyo porque no tiene claridad sobre cómo ponerlo a flote. Lo que sí tiene claro es la razón de su felicidad cada día y lo dice sin titubear: “La libertad”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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