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Las crisis humanitarias, las dinámicas violentas de los grupos armados, la debilitada estrategia de seguridad del gobierno y los ciclos de conflicto que amenazan con volver a estallar en los territorios tienen en riesgo las elecciones de este 2026. La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y otras organizaciones que le hacen seguimiento al conflicto en el país han lanzado alertas para prestarle atención al crecimiento de las estructuras ilegales, su control y su poder de cara al proceso electoral que se avecina. Expertos en seguridad y orden público resaltan varios puntos claves que el gobierno debe atender ahora para garantizar la democracia en más de 600 municipios que están en alerta roja.
Una de las primeras entidades en alertar sobre el complejo panorama del país para las elecciones de 2026, en materia de seguridad y orden público, fue la Defensoría del Pueblo. El 7 de octubre del año anterior, la entidad emitió una alerta temprana electoral en la que dejó ver cómo los intereses de los grupos armados ilegales ante los procesos electorales han cambiado. Por ejemplo, a partir del rastreo de alertas nacionales de los últimos años, la entidad resaltó que la violencia se ha manifestado especialmente en la intimidación y “llamado a cuentas”, pero también sobresale la violencia contra candidatos, excandidatos, militantes de partidos o movimientos políticos.
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A ese contexto se suma el hallazgo de cuatro dinámicas violentas que determinan un panorama de seguridad fragmentado y que dificultan la atención por parte de las autoridades. Según la Defensoría, esos cuatro escenarios son la hegemonía, la consolidación, la coexistencia y el escenario de disputa. Para Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, estas cuatro dinámicas complejizan la garantía de llevar a cabo unas elecciones normales. “Esto puede incidir en la seguridad de las elecciones y en la confianza de que las personas ejerzan su derecho al voto. No es un riesgo homogéneo. Atender las situaciones de riesgo electoral implica un enfoque territorial”, le dijo a El Espectador.
Esa dinámica de la violencia y de los grupos ilegales también ha sido puesta en evidencia mediante los mapas de riesgo hechos por organizaciones que estudian el conflicto armado y por la Defensoría en sus alertas tempranas. Por ejemplo, en el Caribe se estima que al menos 88 de 135 municipios están en riesgo inminente o urgente debido al accionar de cinco grupos armados con presencia en el territorio. En el nororiente del país, 121 municipios tienen alertas; al noroccidente, hay 112 municipios en riesgo; en el suroccidente, 138 municipios; en la suramazonía, 65 municipios de los 85 que la conforman; en la Orinoquía, hay 64 municipios en riesgo; y en la región centro andina, 107 municipios están en alerta.
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Del total de zonas en riesgo bajo las diversas dinámicas del conflicto, la investigadora Paula Tobo dijo que se deberían atender de manera urgente las zonas con enfrentamientos armados y los territorios vedados para la fuerza pública. “Lo más urgente son las zonas de disputa militar activa donde suceden con frecuencia o reiterativamente hechos como desplazamiento y confinamiento, porque la gente se va a sentir cohibida o no va a poder llegar a los puestos de votación. El segundo panorama son las zonas con alta restricción de movilidad para la fuerza pública, donde los grupos armados son conocidos por tener reacciones violentas y donde atacan constantemente a las Fuerzas Militares”, señaló.
Los tres primeros años de mandato del presidente Gustavo Petro, según los analistas, fueron un caldo de cultivo para todas las complejidades que hoy tiene el panorama electoral. Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), entre 2022 y 2025 el país enfrentó una situación crítica en términos de seguridad por el aumento sostenido de la confrontación armada, la expansión de los grupos ilegales, la fragmentación de esas organizaciones criminales, los escasos resultados de las negociaciones de paz y el debilitamiento de las capacidades estatales para contener la violencia. Esto se tradujo en un conflicto atomizado e intensificado.
La FIP resalta que solo durante el tercer año del gobierno Petro, el país alcanzó las cifras más altas de acciones armadas por parte de todos los actores, con un aumento del 140% en ataques a la infraestructura y del 111% contra la fuerza pública, así como un incremento del 68% en enfrentamientos entre grupos armados. Asimismo, el aumento de las disputas entre actores legales provocó la ruptura de pactos de no agresión con efectos directos sobre la población. “Se registran incrementos preocupantes como las víctimas de desplazamiento forzado masivo (22%), los ataques a misiones médicas (142 %), el reclutamiento forzado (27%), los secuestros (15%) y los confinamientos (2%)”, dice el informe.
En ese panorama, el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, Luis Felipe Vega, destacó los efectos de las confrontaciones sobre la seguridad y las elecciones. “Es posible que exista mucha trashumancia, desplazamientos entre regiones, poblaciones que se mueven dentro de sus propios territorios y traslado de votos. También hay que cruzar otra variable, que es el asesinato de líderes sociales, que incluso este gobierno no ha podido superar. Y por supuesto entra en juego el tema de financiación de campañas por parte de grupos armados”, señaló Vega. Agregó que la polarización y la no aceptación del resultado cumplen otro papel negativo dentro de los riesgos electorales.
“El Gobierno Nacional ha sido catalizador de movilizaciones sociales que ponen en riesgo las elecciones. Es un factor que este gobierno atiza todos los días. Eso se traduce en el incremento de la polarización política, de la desconfianza institucional, por los sectores tanto de derecha como de izquierda, sobre la aceptación de los resultados. Estamos corriendo el riesgo de que no haya aceptación de los resultados electorales”, explicó el profesor Vega. En esa misma línea, la FIP señaló por lo menos tres escenarios de cara al proceso electoral del 2026. Uno de los principales riesgos que señala la fundación tiene que ver con el deterioro de la seguridad y el recrudecimiento de la crisis humanitaria.
A eso se le suma el riesgo de las presiones contra los votantes. “El riesgo no radica en que los grupos armados logren manipular directamente los resultados electorales o cooptar espacios en el Congreso, sino en las presiones y constreñimientos que puedan ejercer sobre los votantes en los territorios bajo su influencia”, señaló la FIP. Para la Defensoría del Pueblo, para lograr un proceso electoral regular y con garantías, se deben seguir recomendaciones como la coordinación de una respuesta rápida frente a los escenarios de riesgo latentes en los territorios, presencia y control de la fuerza pública, prevención y protección como un esquema integral, investigación y acceso a la justicia y fortalecimiento comunitario.
En todo caso, mientras organizaciones y entidades diagnostican el problema, lanzan alertas y hacen llamados urgentes, en los territorios del país continúan las masacres y los enfrentamientos que amenazan a la población civil. Muestra de ello es la situación en sitios como el departamento del Guaviare, donde los enfrentamientos de hace solo una semana entre las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá Córdoba” y la facción liderada por alias “Iván Mordisco” dejaron un saldo de 27 muertos: un civil y 26 guerrilleros, cuatro de ellos menores de edad. Un panorama que no solo pone en riesgo la vida de la población civil, sino que ahora también amenaza el ejercicio electoral.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Paulina Mesa Loaiza
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