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Cuando el ingeniero Rodolfo Hernández se lanzó a la presidencia de Colombia para 2022, prometió darle fin a la “politiquería y a la corrupción”. Quitarles el poder a los “mismos de siempre” y llegar con la bandera de la transparencia al más importante cargo público del país. De hecho, sigue siendo el presidente de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, su partido político. Sin embargo, un año después de semejantes promesas, su presente judicial cambió y, al contrario de su eslogan de campaña, fue declarado responsable disciplinariamente por corrupción. La Procuraduría, en 2023, determinó que no podrá volver a ejercer un cargo público por 14 años, lo que a sus 78 años parece dictaminar su muerte política. Este 13 de junio, de otro lado, el juez Décimo Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Bucaramanga lo encontró responsable del delito de interés indebido en celebración de contratos.
En contexto: Rodolfo Hernández no podrá ejercer cargos públicos por 14 años: Procuraduría
Para explicar en detalle el denominado caso Vitalogic, El Espectador entrega detalles de la sanción disciplinaria en su contra, la cual es un expediente casi identico al llevado en la justicia penal. Desde el año pasado, el ingeniero, ante los ojos de la Ley, es responsable por los cargos de coacción de funcionarios públicos e interés indebido en la celebración de contratos. Aunque tiene derecho a una segunda instancia en la Procuraduría y en la justicia ordinaria, jamás podrá borrar el antecedente de que la valoración de una serie de pruebas por un órgano de control determinó que es un corrupto. En este caso, por el expediente de la Unión Temporal Vitalogic, la cual Rodolfo Hernández intentó ayudar de todas las formas para que se quedara con un millonario contrato de basuras en Bucaramanga. El interés estaba en que, si Vitalogic contrataba con la alcaldía de la capital santandereana, Luis Carlos Hernández, hijo del ingeniero, recibiría un beneficio medible en miles de dólares. Estos son los capítulos de corrupción:
Las reuniones iniciales
Rodolfo Hernández llegó a la alcaldía de Bucaramanga en enero de 2016. Solo tres meses después, en su sede política, ubicada en el Edificio Premier de la capital santandereana, se reunió con los representantes de la innovadora tecnología WastWay para el tratamiento de basuras. La cita fue cuadrada por Luis Carlos Hernández, hijo del ingeniero, quien hacía las veces de intermediario entre la empresa y el alcalde de la ciudad. Sobre la mesa quedó la idea de ayudarse mutuamente para que Bucaramanga y los municipios aledaños tuviesen una nueva tecnología por 30 años, que permitiera convertir las basuras en energía. Si la negociación era un éxito, Luis Carlos Hernández recibiría hasta un millón de dólares.
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Según los testimonios recopilados por la Procuraduría, al ingeniero Rodolfo lo pusieron contra las cuerdas su propio hijo, así como el abogado Carlos Adolfo Gutiérrez y el representante de la tecnología WastWay, Héctor Hernando Muñoz. Todos concuerdan en que Rodolfo Hernández puso las condiciones para darles el empujón previo al proceso de contratación: primero, que la Alcaldía no ponía un peso; segundo, que el negocio era totalmente de los contratistas; tercero, si el negocio fracasaba, los que perdían eran los inversionistas; y cuarto, la Alcaldía también iba a vender la basura que se iba a usar. Todo salió “bien” en esa reunión, según demuestra una conversación entre Gutiérrez y el hijo del ingeniero.
Con la bendición de Rodolfo Hernández, el abogado Gutiérrez suscribió, en junio de 2016, un contrato de corretaje en el que aseguraría el pago por su gestión con el alcalde. La firmó el representante legal de la empresa JC de Colombia, que después integraría la Unión Temporal Vitalogic. Como los representantes de la tecnología WastWay decidieron cumplir con las exigencias del entonces alcalde, de nuevo el abogado Gutiérrez concretó una cita con Rodolfo Hernández. Esta vez, el 24 de junio de 2016, en el hotel Marriott de Bogotá, donde el excandidato presidencial tenía un inmueble. De esa reunión, indica la prueba documental, también participó Luis Carlos Hernández.
Tener de cerquita al ingeniero Jorge Hernán Alarcón
La alcaldía no podía firmar ningún contrato de basuras sin contar con la aprobación de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB). Justo después de que Rodolfo Hernández conociera la oferta concreta de los representantes de la tecnología WastWay, la EMAB firmó un contrato de consultoría con el objetivo de obtener un documento formal que definiera la viabilidad del proyecto, desde lo técnico, ambiental, financiero y jurídico. En reunión de junta directiva de la EMAB, el propio Rodolfo Hernández defendió a capa y espada al ingeniero Jorge Hernán Alarcón como la persona que debería adelantar ese proceso de consultoría.
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Como quedó consignado en el punto siete del acta suscrita por la junta directiva, Rodolfo Hernández defendió así a Alarcón: “Si algo hay responsabilidad en la contratación de él, me la tienen que echar a mí. Yo vi todas las hojas de vida, la mayoría dicharacheros (…) Yo entrevisté a este señor, nunca lo había visto y me pareció que los que llegaron ahí era el más competente”. Sin embargo, como lo determinó la Procuraduría, Rodolfo Hernández no tenía poder de decisión, dado que la competencia para escoger contratistas es del gerente de la EMAB. Y, como lo confesó el mismo hijo del entonces alcalde, Alarcón era bien cercano a la familia: “El señor se quedaba en el apartamento de mi papá que tiene tres habitaciones. Desayunaba conmigo”.
Mientras en la legalidad Alarcón quedaba encargado de la consultoría, también suscribió el documento de particulares denominado “acuerdo para distribuir corretaje por gestión y acercamiento en la celebración de contratos”. Una prueba en poder de la Procuraduría y de la Fiscalía, que no sería otra cosa que el acuerdo de coimas por darle a Vitalogic el contrato de las basuras. Al ingeniero Jorge Hernán Alarcón le correspondió el 34% y a Luis Carlos Hernández el 28%. En esa operación también estaba Luis Andelfo Trujillo con el 15%, quien, como llama la atención, es la misma persona que interpuso la queja en Procuraduría contra el excandidato presidencial Rodolfo Hernández.
Una contratación fallida
El 31 de octubre de 2016, la EMAB dio apertura a la supuesta invitación pública para que empresas interesadas en el contrato presentaran su propuesta. Sin embargo, el proceso fue revocado solo dos días después. Y aunque públicamente se dijo que era porque el cronograma estaba muy ajustado, el exdirector jurídico de la EMAB declaró que, desde ese momento, ya se sabía de los chanchullos que traía la invitación pública. En declaración ante la Procuraduría dijo que se estaba induciendo al error a los proponentes, lo que sería una violación al principio de transparencia. Sobre la póliza de seriedad de la oferta, señaló que los márgenes eran tan vagos que proponentes que ofrecieran dos pesos se podría presentar.
Sin embargo, los representantes de la tecnología WastWay y el hijo de Rodolfo Hernández no se quedaron de brazos cruzados y siguieron buscando contratar con la alcaldía. Así lo prueba este chat:
En febrero de 2017, la EMAB abrió un nuevo proceso de selección. Dos meses después, Vitalogic se constituyó como unión temporal y quedó representada por José Manuel Hormaza, quien visitó al entonces alcalde Rodolfo Hernández, dos veces en su apartamento, en el hotel Marriott de Bogotá. Tan solo días después de ese encuentro, la Unión Temporal Vitalogic presentó su oferta formal a la EMAB. Sobre ella, el consultor, el ingeniero Alarcón, explicó que estaba todo en orden, a excepción de un documento de fianza expedido por Afiancol, que era la garantía de la seriedad de la oferta. La EMAB, entonces, le pidió a Vitalogic que presentara una póliza de seguros, en lugar de una fianza.
En contexto: “Tengo pruebas de todo lo que he dicho”: testigo contra Rodolfo Hernández
Ahí es cuando, el autodenominado líder contra la corrupción Rodolfo Hernández entró a coaccionar al exdirector jurídico de la EMAB, César Augusto Fontecha. En declaración ante la Procuraduría, el testigo señaló que, el 17 de mayo de 2017, el entonces alcalde le reclamó airadamente que se iba a perder un trabajo de 18 meses por haberle solicitado una póliza de seguros a Vitalogic, y no la fianza presentada por la unión temporal. Lo coaccionó para que aceptara ese método de garantizar la seriedad de la oferta. Fontecha entregó la grabación de esa llamada a la Procuraduría. La transcripción habla por sí sola:
La EMAB, en su momento, declaró desierto el proceso de licitación. No obstante, de una manera sorpresiva y, ante las presiones, se abrió nada más y nada menos que una invitación por contratación directa, de la cual saldría beneficiada Vitalogic. La Procuraduría, aun así, intervino ante la EMAB, advirtiendo las falencias en la oferta de esa unión temporal y, así, no se realizó ningún proyecto de conversión de basuras en energías en Bucaramanga. El contrato estaba pensado para 30 años y le hubiese representado una tajada de hasta un millón de dólares al mediador Luis Carlos Hernández. Sin embargo, solo le trajo una inhabilidad por 14 años a Rodolfo Hernández, cuyo juicio penal por estos hechos terminó esta semana. La Fiscalía tiene las mismas pruebas que la Procuraduría y, como Hernández prometió apelar la decisión, ambas partes deberán preparar una segunda instancia.
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