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Este lunes 30 de septiembre se conoció que la Fiscalía abrió noticia criminal en contra de algunos líderes de la oposición, incluidos el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la senadora María Fernanda Cabal, el alcalde de Medellín y excandidato presidencial, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entre otros actores políticos, por un supuesto delito de hostigamiento contra el gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), Hollman Morris. Fuentes cercanas al expediente le dijeron a El Espectador que se trata de una respuesta a un requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues los presuntos hostigamientos fueron denunciados ante ese organismo internacional desde el pasado 16 de julio.
En la noticia criminal, abierta desde el 8 de agosto, casi un mes después de que el tema fuera puesto en conocimiento de las autoridades competentes, se resumen los hechos de los cuales, al parecer, habría sido víctima el director de medios públicos. Toda la controversia tiene lugar el pasado 31 de enero, luego de que Morris realizara una entrevista a Leonardo Ríos, jefe de los bloques 18 y 36 del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas FARC. Según reseña ese recurso judicial, “las manifestaciones del señor Ríos ocasionaron una serie de ataques y publicaciones estigmatizantes en contra del señor Hollman Morris, confundiendo la labor del periodista con la opinión del actor armado”.
Luego de la publicación, las reacciones de diferentes líderes políticos que se caracterizan por ser opositores al gobierno de Gustavo Petro no se hicieron esperar. De acuerdo con el recurso judicial, luego de la entrevista, algunos trinos demostrarían el supuesto hostigamiento. Por ejemplo, el documento reseña la siguiente publicación del expresidente Álvaro Uribe, del pasado 1 de febrero, quien, citando un video de la entrevista, señala: “Estos bandidos cuando la autoridad los enfrenta la acusan de paramilitarismo. Los Frentes Locales de Seguridad no tienen armas. Se necesita Seguridad y apoyo a las FFAA y al Gobernador. Sin seguridad no hay paz. Y al periodista no se le olvidó el portillo”.
Tras esas declaraciones, sumadas a otras esbozadas por otros líderes como la senadora María Fernanda Cabal, quien señaló el 2 de febrero que RTVC es la “caja de resonancia de las FARC y el ‘periodista’ muy complacido con presencia de guerrilla pero muy preocupado con un ‘avance paramilitar’”, la situación fue puesta en conocimiento de la CIDH, al parecer por el mismo Morris, pues el director de la cadena de medios públicos cuenta con medidas cautelares a su favor desde el año 2000 (y ratificadas y ampliadas a su grupo familiar en 2005). Estas medidas se dieron en favor del periodista, pues, de acuerdo con la CIDH, fue víctima de amenazas de muerte, detención arbitraria, estigmatización pública, seguimientos a él y su familia, entre otros, durante 2004 y 2009, por parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), lo que produjo su exilio más de una vez.
De hecho, en 2009, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó casos de 16 periodistas que fueron perseguidos por esa desaparecida entidad, la cual, además, intervino comunicaciones de políticos opositores al entonces presidente Álvaro Uribe, así como a otros líderes y defensores de derechos humanos. Entre esos comunicadores se encontraba el nombre de Morris. Además, en la noticia criminal que abrió el ente investigador, se detallan los encuentros que se han dado entre el exmandatario y el periodista, incluso en conciliaciones como la del 28 de julio de 2016, cuando el líder natural del Centro Democrático se retractó de señalar al Canal Capital, cuando fue dirigido por Morris, de ser “afecto a los intereses del terrorismo”.
Por ese motivo, aseguran quienes conocen de cerca el expediente, la CIDH allegó a la dirección de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores un requerimiento para ponerle la lupa al asunto con miras a garantizar las medidas cautelares que tiene a su favor el comunicador. El conducto regular del proceso en estos escenarios indica que la Cancillería debe remitir a la Fiscalía la solicitud y, en este caso, el ente investigador decidió escuchar qué pasó y por qué se habla de hostigamiento. De ahí nace un formato remitido por Hernando Barreto Ardila, coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con la apertura de una noticia criminal y fechada el pasado 8 de agosto, pues respondería a una denuncia interpuesta por Hollman Morris en contra de los líderes opositores.
Algunos de los nombres mencionados en el expediente, de hecho, no podrían ser investigados directamente por el ente de control, pues algunos de ellos cuentan con un fuero, como sucede con los congresistas, en este caso la senadora María Fernanda Cabal. En caso de encontrar indicios de algún delito, la Fiscalía deberá hacer el traslado a la Corte Suprema de Justicia. Respecto a los mandatarios locales, como Federico Gutiérrez o Andrés Julián Rendón, estas investigaciones deberán ser adelantadas por un fiscal delegado ante el alto tribunal. Mientras que en el caso de José Obdulio Gaviria, también señalado por presunto hostigamiento, es el ente investigador la autoridad competente para llevar las pesquisas en su contra, al igual que sucede con otros mencionados como Enrique Gómez, director del movimiento Salvación Nacional o el exsecretario de la Alcaldía de Cali Carlos Javier Soler, también señalados en el expediente.
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