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Por más de 10 años, el equipo capitalino Millonarios estuvo a punto de desaparecer por las cuantiosas deudas que tenía. Malas administraciones y las consecuencias de haber estado en manos del narcotráfico —específicamente Gonzalo Rodríguez Gacha, El Mexicano— lo tuvieron al borde de la liquidación en 2010 y lo llevaron a vivir uno de sus peores momentos deportivos —figuró en los últimos puestos de la reclasificación, a punto del descenso—. La única solución fue vender la ficha, el nombre y los pases de los jugadores a una sociedad anónima (Azul y Blanco S.A), el 20 de abril de 2011. En nuevas manos, el equipo salió adelante, incluso logró un título un año y seis meses después de la venta.
Mientras que el 16 de diciembre de 2012 el nuevo Millonarios lograba la estrella número 14, la primera de la nueva administración, la Corporación Deportiva Los Millonarios —que vendió la ficha— se quedó con un problema mayúsculo: las cuantiosas deudas que tenían y que no fueron cubiertas a totalidad por la venta del equipo. Para ese momento, el dinero adeudado ascendía a más de $10.000 millones, entre deudas congeladas por acogerse en 2004 a la ley 550 de intervención económica (ley de quiebras) y las posteriores a este acuerdo. Siete años después, los intereses y nuevas acreencias han hecho que el antiguo club —hoy llamado Corporación 224— deba alrededor de $18.000 millones.
Tras la venta del equipo, la corporación —encabezada por Juan Carlos López, Luis Augusto Chiqui García, Fidel Martínez y Santiago Rendón— se quedó sin una actividad económica que le permitiera pagar las deudas. Fueron varios los planes, pero ninguno funcionó para conseguir el dinero suficiente para siquiera cubrir el funcionamiento diario de la entidad con más de 1.400 socios, que alguna vez se enorgullecieron de tener una “partecita” de uno de los mejores clubes del fútbol colombiano. La única posibilidad de poder algún día cumplirles a los acreedores es a través de la venta de la finca Fontanar, terreno ubicada en la Autopista Norte que por muchos años fue el campo de entrenamiento del equipo.
Cuando se vendió la ficha, se dispuso que el lote, de 12 hectáreas y ubicado justo en el costado oriental de la Autopista Norte con 222 (a pocos kilómetros del peaje), quedara en la antigua corporación deportiva para pagarles a los reclamantes. Sin embargo, el lote, considerado la “joya de la corona” del antiguo Millonarios, no ha podido ser vendido, a pesar del interés de universidades y constructoras. Mientras tanto, antiguos jugadores y exempleados del club, proveedores y otros acreedores se impacientan más y más por la ausencia de pagos de las obligaciones, sobre todo en deudas con cifras millonarias y/o reportadas desde antes de comienzos de este siglo.
Varios acreedores, muchos de ellos también socios del antiguo club, que pidieron no revelar su identidad, le aseguraron a este diario que los principales accionistas de 224, a quienes incluso bautizaron como los Cuatro Fantásticos, de forma satírica, estaban haciendo hasta lo imposible por no vender los terrenos de la calle 222. Según las fuentes, porque el lote está justo en el sector del proyecto Lagos de Torca, razón por la cual los accionistas mayoritarios estarían esperando que se “valorice más y más” para ahí sí venderlo. Otros, como Germán Gutiérrez de Piñeres, al que le deben el dinero por un proceso laboral, solo dice que dicho terreno es como un “roscón en la puerta de un colegio”, que no ha sido vendido por “falta de diligencia”.
Ante los señalamientos, Fidel Martínez, uno de los cuatro socios principales y quien figura como presidente de la corporación, asegura que “este tema es tan complejo que necesitan echarle la culpa a alguien”. Para él, los mayores interesados en que se venda el terreno son los “cuatro fantásticos” , ya que son ellos los que ponen la cara por los más de 1.000 socios, que ya ni aparecen en la asambleas, según los informes de la entidad. Sin embargo, son varios los factores que, según Martínez, han dificultado la venta del lote, entre ellos una condición legal que por mucho tiempo no definió el tipo de proyectos que se podía desarrollar allí y ahora el pago de cuotas extra (URAs) para construir.
Sin embargo, el problema va más allá de voluntades o retrasos. 224 comparte la propiedad con la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Esta repartición se dio por un lío judicial que comenzó en 1992, cuando, en medio de una de las crisis del club, vendieron la sede a La Ramada y Condisur, empresas de la familia de El Mexicano. El pago acordado nunca fue completado, faltó el 30 %, pero eso no evitó que el lote fuera incluido en un proceso de extinción de la DNE en contra de la familia del narco en 1999, que también incluyó su participación en el club de fútbol. Después de un largo litigio, se le reconoció la tenencia de los terrenos al club de fútbol en 2004, ya que llevaba funcionando allí desde 1972.
Para evitar acciones judiciales más largas, el entonces Millonarios y la DNE acordaron vender el terreno y repartirse el dinero: 70 % para el club y 30 % para el Estado, acorde a la participación accionaria de la familia Gacha en el equipo. Para este fin, un tribunal administrativo en 2010, justo en el momento de la crisis más grave del club, estableció que un juzgado de ejecución se encargara de hacer el remate por el 100 % del valor del lote —normalmente es el 70 %— y el precio que debía fijarse a través de un avalúo. A pesar de la decisión, el club no se pudo salvar y tuvo que ser vendido, pero la directriz de obligatoria venta de Fontanar y repartición del dinero quedó igualmente fijada para la Corporación.
Ya se han hecho tres intentos de remates, y nunca han aparecido compradores. El último fue a finales de 2018, y tuvo un mismo resultado. Para los acreedores, el problema reside en la falta de publicidad de la venta hecha por 224, que en varios documentos y hasta en su papelería todavía se hace llamar Millonarios. Y es que, en el registro de las actuaciones del proceso, aparecen algunas fechas de remate suspendidas por falta de publicidad, de la que se debía encargar la Corporación o la SAE. Al hablar con el secuestre del terreno, Wilson Pérez, este asegura que desde las partes se han cometido errores de forma, como poner mal la dirección del inmueble, que han impedido que se lleven a cabo las diligencias de venta.
El Espectador dialogó con un allegado al despacho encargado de los remates. Para esta persona, que pidió reserva de su identidad, no han existido dilaciones por parte de ninguna de las partes. Aunque sí se han aplazado fechas de venta por falta de publicación de un aviso en un diario de alta circulación, esto no implica que haya una actuación incorrecta por el antiguo club o la SAE. Eso sí, asegura que ya se va a cumplir un año desde el último intento de remate y ninguno de los involucrados ha pedido fijar una nueva fecha para intentar vender el inmueble. Además, desde el juzgado se habría intentado una conciliación, para una venta extraproceso, pero no se habría logrado.
Frente a la ausencia de compradores, Fidel Martínez asegura que el verdadero problema es el valor del lote. Debido a la orden del tribunal, el remate debe hacerse por el 100 % de la cifra de un avalúo. El último perito, realizado en 2016, arrojó que dicho lote cuesta $120.000 millones. A pesar de que está en un sitio estratégico para el futuro urbanístico de Bogotá, para poder construir allí hay que pagar Unidades Representativas de Aporte de Construcción (URAs), y fácilmente el aporte podría llegar a los $60.000 millones. De esta forma, quien quisiera realizar un proyecto allí, tendría que pagar por el solo terreno cerca de $180.000 millones. Una cifra que, según Martínez, es insostenible para un proyecto inmobiliario.
Ante esta situación, de acuerdo con lo dicho por Martínez a este diario, desde la Corporación se han intentado acercamientos con las partes que tienen derechos sobre Fontanar para hacer una venta extraprocesal. En un principio, según el accionista, “La SAE es la que se opone y enreda la venta del predio. No sé por qué interés no quieren que se venda”. Después de negociar, la entidad habría aceptado una venta por un valor menor al avalúo de $120.000 millones, pero en esta ocasión se habría opuesto Miguel Barrios, el abogado que representó a Millonarios en su disputa con la DNE y al que un juez le entregó derechos sobre el lote luego de que el antiguo club lo despidiera sin pagarle.
Las demoras en la venta del lote han afectado en gran medida a los acreedores. Estos últimos han pedido que se liquide 224 para que se encargue un liquidador del remate. Como la Corporación está bajo Ley 550 desde 2004, se establece que son causales de disolución tener deudas vencidas por más 90 días posteriores al acuerdo o no pagarles a todos los acreedores en el tiempo establecido —el plazo máximo era el 31 de agosto de 2019—. Ambas condiciones se han presentado, pero no han logrado acceder al mecanismo: la justicia lo negó hace menos de un mes y la promotora, representante de la Superintendencia de Sociedades en la reestructuración y señalada por los acreedores de ser ficha de la Corporación, tampoco ha recurrido a dicha figura.
En diálogo con El Espectador, Eulalia Gerardina Muñoz, promotora en la reorganización de 224, aseguró que la “disolución de una empresa debe ceñirse a un debido proceso” y en el caso del antiguo Millonarios, después de 15 años, ya está la reorganización en su fase final, a la espera de la venta del lote Fontanar, por lo que no se inició este mecanismo. Además, en las actas de las asambleas de la organización ha quedado registrado cómo la liquidación es el “coco” que han buscado evitar ante el riesgo de que un liquidador venda por un valor mucho menor la finca y el dinero recaudado, después de dar la parte a la SAE, no alcance para pagarle a los acreedores.
Para aquellas personas a las que 224 les debe, las irregularidades no solo son en la venta del terreno y en la negación en la liquidación. Ellos denunciaron las acciones del secuestre del lote. En las actas quedan registradas las quejas en contra de este funcionario, no solo los acreedores, sino por parte de la corporación y hasta la SAE, que le pidió a la jueza del caso que fuera reemplazado. Supuestamente, mientras el terreno produce alrededor de $30 millones mensuales, incluso allí se realizó el Estéreo Picnic hasta el año pasado, que solo reporta $5 millones y hasta pérdidas. No obstante, cercanos al juzgado señalaron que la togada nunca ha hecho caso a la solicitud ya que en los informes no hay irregularidades y se ha establecido que el secuestre arrendó el terreno a alguien más que sí está recibiendo dichos recursos.
“Con Millonarios (224) pasa una cosa muy extraña y es que se niega a desaparecer. Es como una magia. Yo lo que creo que es que el destino es que el equipo vuelva nuevamente a su origen que es la corporación que lo fundó”, aseguró Fidel Martínez sobre el posible futuro de la actual Corporación 224. Sin embargo, cada día que pasa sin que se venda el lote Fontanar, los intereses aumentan las deudas y la liquidación es más latente. Sobre todo, ante un posible problema de impuestos que se han dejado de pagar en medio de la actual crisis. Del antiguo socio solo están activos “los cuatro fantásticos”, y el actual club Millonarios, mal que bien, ha ocupado los primeros lugares en las últimas campañas. Cuando se paguen las deudas, no habrá mayores razones de mantener con vida la Corporación Club Deportivo los Millonarios, llamada hoy Corporación 224.
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