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Las autoridades de Estados Unidos hicieron lo que la justicia colombiana ha tardado décadas en hacer: sancionar a altos mandos militares investigados por graves violaciones de derechos humanos. Lo hizo al prohibirle la entrada al país norteamericano a tres altos exoficiales del Ejército, que están compareciendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por ejecuciones extrajudiciales, exterminio de simpatizantes de la Unión Patriótica y la desaparición de más de 11 personas en el holocausto del Palacio de Justicia ocurrido en 1985.
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En una decisión trascendental y, como apoyo al Acuerdo de Paz firmado en 2016, entre las Farc y el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, el secretario de Estado del país norteamericano, Antony Blinken, dijo que le cerraban las puertas de su país a los coroneles retirados del Ejército Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa Suarez, exmiembros del batallón La Popa, y al general retirado Iván Ramírez, excomandante de inteligencia del batallón Charry Solano de la Brigada 13.
Los exoficiales que hicieron parte del batallón La Popa, ubicado en Valledupar, están ante la JEP por los denominados falsos positivos, mientras que el general Ramírez Quintero es cuestionado por el exterminio que sufrieron los simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), el partido político que le hacía oposición al gobierno de turno, y por la desaparición 11 personas en el holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido en 1985. La sanción de los Estados Unidos llega para los altos mandos militares en medio del proceso de cooperación y apoyo que ha brindado el país norteamericano a Colombia desde que se firmó el Acuerdo de Paz.
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La embajadora itinerante de Estados Unidos para la Justicia Global Penal, Beth Van Schaack, mencionó este jueves que la decisión es autónoma y se basó en la información que reposa en el componente de verdad y reparación de la JEP. “Las personas que estamos señalando públicamente son los que amenazan el buen funcionamiento de la justicia transicional. Es importante recordar que hay personas dentro y fuera del poder que saben dónde están los cuerpos de las personas desaparecidas”, explicó la funcionaria, en medio de una rueda de prensa conjunta con la Jurisdicción Especial. Señaló, además, que la única forma de tener verdad es compareciendo ante la justicia transicional.
“Esperamos que con estos señalamientos animemos a otros a presentarse. Los funcionarios que encubrieron los mal llamados falsos positivos deben rendir cuentas. Al igual que los funcionarios que ordenaron y encubrieron las violencias de derechos humanos durante el holocausto en el Palacio de Justicia”, fue el llamado de Van Schaack, al mencionar que la sanción de los exoficiales también cobija a cinco miembros de sus respectivas familias. Reiteró que el mensaje es para todos los bandos del conflicto, como excombatientes de las Farc y miembros de la fuerza pública. Recordó que obstaculizar la justicia para las víctimas acarrea consecuencias nacionales e internacionales.
¿Quiénes son y por qué les negaron ingreso?
Para Van Shaack, aún hay tiempo para que los responsables expongan lo que conocen sobre crímenes cometidos en territorio nacional. Por ahora, tiene claro que los escenarios de impunidad fomentan nuevos riesgos de violencia, de ahí que instara a que los tres exoficiales vetados para ingresar a territorio extranjero brinden verdad a las víctimas. Mejía, Figueroa y Ramírez tienen en común que, si bien son comparecientes, no han aceptado responsabilidad en los hechos que son acusados. El coronel (r) Publio Hernán Mejía, por ejemplo, ya está imputado en el macrocaso número 3 de la JEP, que investiga ejecuciones extrajudiciales.
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El proceso de Mejía es estudiado dentro del subcaso Costa Cribe, que abarca lo ocurrido entre 2002 y 2005 en el norte de Cesar y sur de La Guajira, en el que se le atribuye a algunos integrantes del batallón La Popa, comandado por Mejía, presentar como bajas en combate a civiles. La imputación en su contra, que también sobre la presunta responsabilidad de 14 exmilitares más, menciona que Mejía lideró y contribuyó en un plan macrocriminal.
La intención, según el expediente de la JEP, era cometer asesinatos y desapariciones por lo que, al parecer, hicieron parte de una “organización criminal” que, en búsqueda de resultados, habrían cometido 75 asesinatos y 120 desapariciones forzadas. El panorama judicial de Mejía es uno complicado. En noviembre de 2022, la JEP convocó audiencia pública para darle el último chance de no ser sancionado por la justicia transicional por no entregar verdad. La peor de las situaciones para el oficial es que puede terminar expulsado de la JEP y se le revocaría el beneficio de libertad que recibió cuando se sometió.
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El coronel (r) Juan Carlos Figueroa, aunque tampoco aceptó responsabilidad, está en una situación diferente, pues no ha comparecido nunca ante la justicia transicional. El exoficial, quien también fue comandante del batallón La Popa, fue imputado por la JEP como uno de los máximos responsables de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el norte del país. La investigación en su contra lo señala de haber reportado 113 bajas en combate, de las cuales 52 resultaron ser falsos positivos. El exmilitar, desde 2019, permanece fuera del país y la justicia ordinaria apenas lo ha citado a indagatoria.
Figueroa fue llamado ante la JEP como “compareciente forzoso”, luego de que en múltiples testimonios de exmilitares saliera mencionado como el responsable que presionó y estimuló a sus subalternos con bajas en combate a cambio de permisos y premios. El reporte de la justicia transicional de Figueroa es que nunca se presentó. La magistratura ubicó a su madre, quien respondió que no deseaba asistir a las diligencias de versión voluntarias que le fueron programadas. Intentaron ubicarlo en Bogotá y Bucaramanga, pero se encontraron con que había salido del país hacia Francia.
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Hasta el momento, el tribunal no ha tomado una decisión contra Figueroa más que la imputación que quedó en firme en julio del año pasado. Por otro lado, en el caso del general (r) Iván Ramírez Quintero, el exoficial ha sido llamado ante los estrados por el exterminio de los simpatizantes de la Unión Patriótica y por las desapariciones durante el holocausto del Palacio de Justicia, en 1985, cuando él era comandante de inteligencia de la Brigada 13, que opera en Cundinamarca y Bogotá. El general retirado sigue compareciendo por el caso de la UP, pero fue expulsado por la toma y retoma del Palacio.
La decisión la tomó el Tribunal para la Paz, el pasado 11 de agosto, cuando rechazó el sometimiento del oficial por su renuencia a entregar verdad e información de lo ocurrido en la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. La JEP fue clara. Le cerró la puerta porque consideró que no podía otorgarle oportunidades ilimitadas a Ramírez Quintero “sobre la base de viejas promesas múltiples veces incumplidas”. En el expediente, que ahora está de nuevo en la justicia ordinaria, reposa que el alto mando militar no atendió a los llamados que le hizo la JEP ni la Comisión de la Verdad para hablar sobre su rol en el conflicto armado.
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El Tribunal aclaró que ese tipo de actitudes no pueden ser toleradas ya que el deber de los comparecientes es cumplir con los compromisos adquiridos a cambio de beneficios como la libertad, entre otros. El panorama de los exoficiales del Ejército es similar. Ninguno ha tenido intención de colaborar con verdad para las víctimas y eso les pasó factura con el Gobierno estadounidense que decidió sancionarlo con vetar su entrada al país y catalogar como graves las actuaciones que tuvieron mientras fueron altos mandos militares. “La designación de tres oficiales permite a Estados Unidos promover la rendición de cuentas por parte de los funcionarios del Gobierno que cometen violaciones de los derechos humanos”, explicó la embajadora Van Shaack.
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