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Con un dolor que todavía los atraviesa, los defensores y defensoras de derechos humanos del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo se reunieron en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño para presenciar un momento histórico: el Estado, por primera vez, les pidió perdón por décadas de hostigamientos, amenazas, persecuciones y perfilamientos por parte de agentes del Estado, ocurridos entre 90 y 2000.
Ese perdón, que tardó más de 30 años en llegar, también estuvo acompañado por una dosis de verdad que durante este tiempo han reclamado las víctimas con insistencia. El presidente Gustavo Petro dio la orden, a través de un decreto, de desclasificar los archivos del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que contienen perfiles psicológicos, seguimientos e información privada de esa colectividad que se ha dedicado a la defensa de víctimas del paramilitarismo, de la violencia estatal y, en general, de derechos humanos.
“La desclasificación de los archivos del DAS comienza ahora”, anunció Petro, y leyó el objeto del decreto: “Por el cual se desclasifica y levanta la reserva de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)”.
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El acto de reconocimiento de responsabilidad y ofrecimiento de perdón se dio en el marco del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que halló culpable al Estado por no garantizar la protección de los defensores de derechos humanos en Colombia. Para llevar el caso hasta ese alto tribunal, y demostrar que los perfilamientos y amenazas eran ciertos, el colectivo presentó pruebas de documentos de agentes estatales a los que lograron acceder.
Durante el evento, en dos pantallas grandes instaladas a cada lado de la tarima principal, fueron proyectados los documentos en los que se veían memorandos del DAS con la orden de adelantar labores de inteligencia contra los directivos del Cajar, así como fotografías de las amenazas que recibieron, como la muñeca descuartizada que le enviaron a Soraya Gutiérrez, la primera presidenta que tuvo esa colectividad. También se proyectaron los panfletos con campañas de estigmatización.
En uno de ellos se detallaba una recompensa para capturar arbitrariamente al hoy congresista Alirio Uribe, quien hace parte del colectivo, bajo la denominación de “cómplice, instigador, calumniador y lavador de dólares”. Ese es solo un fragmento de los documentos a los que ahora van a poder acceder, no solo los integrantes del Cajar, sino otras víctimas como periodistas, líderes sociales y magistrados de las altas cortes que fueron perfilados por el antiguo DAS.
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“La desclasificación de los archivos del DAS es importante y esperamos que pronto se desclasifiquen los archivos de inteligencia militar y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol). Como sociedad colombiana vamos a conocer lo ocurrido en el país. Hay información no solo de los integrantes del colectivo y sus familias, sino que también hay información de personas desaparecidas forzadamente, de personas asesinadas y a quienes les han hecho seguimiento”, explicó Yessika Hoyos, actual presidenta del Cajar.
“Esto nunca debió pasar”: el acto de reconocimiento
Soraya Gutiérrez habla con firmeza. Se formó como abogada en la Universidad Nacional y desde su época como estudiante se interesó en los casos relacionados con derechos humanos. Esa vocación la llevó a integrar el Colectivo José Alvear Restrepo justo después de graduarse y, un tiempo después, convertirse en la primera mujer presidenta de esa organización. Su voz se quebró ante la plaza llena durante el acto de perdón cuando recordó, una vez más, cómo sus vidas se partieron en dos por la violencia que los obligó a irse al exilio.
En su concepto, lo importante de la decisión del presidente Petro de desclasificar los archivos del DAS es conocer quién dio la orden. “Esperamos encontrar quiénes dieron las órdenes, quiénes fueron objeto de seguimientos. Esto puede contribuir a avanzar en las investigaciones penales de muchos crímenes, de muchas graves violaciones de derechos humanos, y cuando se investiga, cuando se lucha contra la impunidad, cuando se sanciona a los determinados de los crímenes, eso también significa que hechos como esto no se repitan nunca más”, agregó.
Durante el acto de perdón, hijos e hijas de los defensores que sufrieron la violencia alzaron la voz. Heidy Pérez, hija del abogado Luis Guillermo Pérez, recordó, entre lágrimas, su vida en el exilio cuando su familia tuvo que huir a Bélgica. “Aprendí a mirar sin ojos, a respirar sin ruido. A vivir en una película sin final feliz. Nos mudamos, pero el miedo viajó con nosotros. El exilio se volvió casa. Entendí que el silencio también exilia y que en la alegría habita la resistencia. Entendí que la memoria no se exilia, aunque uno se vaya”, expresó. Al final de su discurso, la joven señaló que su padre, amenazado por tantos años, no tiene hoy esquema de seguridad y todos los días viven con el mismo temor que los obligó a irse del país.
Laura Barrios, hija del abogado Rafael Barrios, también tuvo unos minutos para decir, ahora sin miedo, que orgullosamente es hija de un defensor de derechos humanos. Esa frase que expresó la tuvo guardada durante años por el temor de contar a qué se dedicaba su papá y que eso se tradujera en una tragedia. Su padre la abrazó justo después de terminar su discurso. Al final, casi con el mismo dolor, Yessika Hoyos admitió que mirar hacia atrás todavía les causa dolor y miedo, pero es necesario contar lo que sucedió para que no vuelva a ocurrir. “Esto no es solo una victoria jurídica, es símbolo de esperanza y dignidad”, señaló.
“No se acaba mi gobierno sin desclasificar archivos”: Petro pidió disculpas
El último en intervenir fue el presidente Gustavo Petro, quien aprovechó su discurso para abordar distintos temas de su agenda. Tanto así, que una de las víctimas intervino para pedirle respeto al mandatario. “Deje de burlarse de nosotros. Este es nuestro reconocimiento”, gritó desde la plaza.
Petro, a su vez, le respondió: “Este será el hecho por el que se recuerde este evento, lastimosamente, pero tengo que hablar de mi propia realidad, porque yo hablo con el corazón, nunca la mentira”. Después de unos minutos más de discurso, entregó la noticia que todos en el recinto estaban esperando: “La fuerza pública tiene una orden mía. La desclasificación de los archivos del DAS comienza ahora”.
Pidió un lapicero y frente a todos firmó el decreto que levanta la reserva de los archivos. Agregó, también, que la próxima entidad que deberá desclasificar los archivos será la Dipol. “No se acaba mi gobierno sin una política de desclasificación de archivos”, dijo. Mientras tanto, desde las sillas, otras víctimas le gritaron que también había que desclasificar los archivos del Ejército, a lo que Petro respondió con una promesa: “Todas las inteligencias tendrán que desclasificar los archivos”.
Para concluir, el jefe de Estado mencionó que “la verdad es lo que puede garantizar la no repetición, pero el hecho fundamental para garantizar no repetición es la decisión del pueblo colombiano sobre qué gobiernos quiere tener: si gobierno asesinos o gobiernos democráticos”.
Pese a las declaraciones del presidente y a la decisión de levantar la reserva sobre esos documentos claves sobre la violencia contra el Cajar, aunque le queda menos de un año en la Casa de Nariño, para las víctimas aún no es suficiente. Hace falta que lo que quedó consignado en el discurso del mandatario dejen de ser solo palabras.
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Por Paulina Mesa Loaiza
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