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En manos de la Corte Constitucional está parte del rumbo que va a tomar un importante expediente judicial que involucra a una colosal mina de oro ubicada en Buriticá, Antioquia, la cual es considerada como la más rica de Colombia. Desde que fue reinaugurada en 2020 por el expresidente Iván Duque, el yacimiento subterráneo de 10.200 hectáreas pasó de la empresa canadiense Continental Gold a manos de la multinacional china Zijin. La nueva dueña ahora denuncia que el Clan del Golfo controla entre el 60 y 70 % de los túneles del título minero y, por eso, tiene demandado al Estado colombiano en un tribunal de arbitramento por US$500 millones por no garantizar su operación.
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El episodio, que tendrá que resolver la Corte Constitucional, tiene que ver con una disputa que mantienen los chinos con un grupo de 93 mineras y 41 mineros, que conforman la Comunidad de Mineros Ancestrales de Buriticá. Estas personas, quienes en su mayoría han sufrido desplazamiento forzado por parte de guerrillas y paramilitares, presentaron una acción popular en mayo de 2023 con el fin de que Zijin les ceda un área de 140 hectáreas (1,5 % del título minero), donde dicen que han ejercido su trabajo hace más de 10 años. Una labor de la que, según su demanda ante la justicia, dependen más de 300 familias del municipio y no están logrando ejercer por cuenta de la presencia de la empresa china.
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En el recurso judicial, los mineros también piden que su actividad sea formalizada, ya que de permanecer en la informalidad, dicen ellos, seguirán siendo estigmatizados como mineros ilegales, subsistiendo en condiciones de pobreza y expuestos ante los grupos criminales que los acechan. Pero esta no es una situación que solo viven las y los mineros de la Comunidad de Mineros Ancestrales de Buriticá. De acuerdo con cifras del Ministerio de Minas, el 63% de los mineros carecían de título minero; y, en 10 departamentos arrojaba un porcentaje por encima del 80%, con casos alarmantes como los de Chocó, Bolívar, Córdoba y la propia Antioquia.
El asunto que deberá resolver la Corte Constitucional, y del que depende que en un futuro el proceso no sea declarado nulo- es determinar a qué instancia judicial le corresponde impartir justicia en primera instancia dentro de la acción popular. Aunque en los primeros meses la demanda colectiva estuvo a cargo de un juzgado de Santa Fe de Antioquia, para la minera china y la Procuraduría el proceso debería estar en el Tribunal Administrativo de Antioquia por su importancia. Sin embargo, el pasado 24 de febrero, el propio Tribunal señaló que el caso tenía que ser devuelto al Juzgado de Santa Fe de Antioquia, ya que se trataba de un pleito judicial entre privados: Zijin y la comunidad de mineros.
Además, aclaró, que si el conflicto incluyera a una entidad estatal de manera directa, el Tribunal sí tendría que hacerse cargo. Fuentes cercanas al proceso le indicaron a este diario que los chinos no vieron con buenos ojos que el juzgado haya aceptado una medida cautelar que pidió la comunidad minera, que impidió que fueran sacados de la mina “hasta que la Agencia Nacional de Minería (ANM) se pronuncie sobre la petición de formalización solicitada desde 2021 (…) la falta de mediación de la Agencia, los mineros se están viviendo procedimientos policivos, cierres de los lugares de donde acceder a sus trabajos, siendo una actividad de personas de categorías bajas del Sisbén”, señaló el juzgado en mayo de 2023.
Esa instancia judicial fue más allá en diciembre de 2023 cuando declaró que la empresa china había incumplido con la medida cautelar, luego de que la Comunidad Minera le adjuntara documentos a su despacho que demostraban que seguían siendo sacados de la mina, la cual queda a 92 kilómetros de Medellín y en la denominada faja media del río Cauca. Zijin apeló esa decisión, pues, explicaron, “no ha decomisado o retenido vehículos de la comunidad minera, ni les ha decomisado oro. Y no solo no lo ha hecho; además, no puede hacerlo porque en su condición de simple particular no tiene la autoridad para hacerlo”. Además, ante el juzgado explicó que se tratan netamente de acciones de la Policía en Buriticá.
En cuanto al supuesto papel negligente de la Agencia Nacional Minera, esta le dijo al juzgado de Santa Fe de Antioquia que encuentra inexplicable la acción popular, ya que la Comunidad Minera de Buriticá “no ha adelantado ningún proceso para su formalización” y que en el expediente de la acción popular no hay documento que evidencie algún trámite. Lo que sí aportó la comunidad al expediente es un detallado censo de sus integrantes y otros dos extensos documentos elaborados por tres ingenieros geólogos en los que pormenorizan un protocolo para el transporte del material sobrante en los trabajos de exploración minera y una radiografía de las 23 bocaminas de la mina Buriticá.
Los argumentos de la Zijin y el plan de los mineros
Mientras la Corte Constitucional sigue estudiando este complejo expediente, la multinacional china ya presentó su punto de vista sobre la acción popular. “Desde 2008 y hasta la fecha ha presentado en forma sistemática una inmensa cantidad de solicitudes de amparo que tienen como causa la ocupación, perturbación y despojo de múltiples zonas o áreas que son parte del título minero, es decir, de explotaciones mineras ilegales que hacen terceras personas dentro del título minero. Desde Zijin y Continental Gold jamás han sido avaladas y, por el contrario, han significado un daño que afecta el normal desarrollo del proyecto minero del cual es legítimo titular”, le explicó la empresa al alto tribunal.
Zijin también señaló que no es cierto que las 93 mineras y 41 mineros de la Comunidad hayan sido mineros en el pasado, pues aseguran que la sociedad fue constituida ante las autoridades colombianas desde abril de 2023. A su vez, expresó que no hay otra documentación que acredite que su actividad minera artesanal en Buriticá se ejerce hace más de una década. La Comunidad Ancestral le dijo a este diario que es un “despropósito” por parte de la multinacional, ya que el hecho de haberse agrupado hace muy poco no tiene que ver con el tiempo que lleven en la zona y que pueden constatar que la comunidad tiene asiento en la región.
Aunque judicialmente Zijin y la Comunidad están en orillas distintas, hay un asunto que los une: ambos tienen que sufrir la presencia del Clan del Golfo, que de acuerdo con datos de la propia minera, tiene el control de entre el 60 y 70% de las bocaminas. Un poder que ha obtenido a punta de ataques armados contra el cuerpo de vigilancia de la empresa China, la Fuerza Pública y la extorsión a los mineros artesanales. De acuerdo con un reciente informe de la Silla Vacía, el poderío del líder del Clan del Golfo en esta zona, Wilmar Mejía Úsuga, alias Richard, le ha permitido llegar a la cúpula del Bloque Central Urabá, corazón operacional del grupo criminal.
Aunque la minera ha pedido mayor intervención de la Fuerza Pública, el gobierno de Gustavo Petro ya explicó que no enviará ni un uniformado más, pues hay 2.000 miembros del Ejército en esta zona de Antioquia. Así las cosas, en el escenario judicial tampoco se ve una pronta salida, pues de fallar el Juzgado de Santa Fe de Antioquia, cualquiera de las partes podrá apelar el fallo. Todavía hay tela por cortar sobre este expediente que involucra a la principal mina de oro de Colombia.
Por David Escobar Moreno
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