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En el reciente escándalo de las chuzadas realizadas desde la Fiscalía se conoce, hasta ahora, que tres personas fueron víctimas: Julián Pinzón, piloto de Avianca y vicepresidente del sindicato Acdac (Asociación Colombiana de Aviadores Civiles); Felipe Jaramillo Londoño, un abogado y arquitecto que representa a varias familias de Risaralda demandadas por el Grupo de Energía de Bogotá (GEB) y Lucio Rubio, ciudadano español y director general de Enel-Codensa en Colombia desde hace diez años. Sobre los dos primeros se conoce en qué contexto se dieron las interceptaciones telefónicas a Pinzón y Jaramillo; sin embargo, sobre el caso Rubio son pocos los detalles que han salido a la luz. (Le podría interesar: ¿Por qué el GEB terminó en medio del escándalo de las chuzadas?)
La génesis de la interceptación ilegal a Rubio son las recientes disputas ante un tribunal de arbitramento que el GEB ha tenido con la firma italiana Enel en el manejo de dos empresas que ellos controlan conjuntamente: Codensa y Emgesa. Los dos grupos pactaron su alianza en 1997 y, desde entonces, han suscrito una serie acuerdos de operación que permitirían que el negocio de generación y transmisión de energía eléctrica fuera fructífero y rescatara a al Grupo de Energía de la difícil situación financiera en la que se encontraba a finales del siglo pasado. Sin embargo, según el GEB, desde hace cuatro años, Enel empezó a “incumplir” en la repartición de los dividendos y, desde entonces el Grupo recibe un 30 % menos.
Voceros de Enel dijeron a El Espectador que la organización ha sido respetuosa cumpliendo los acuerdos de accionistas: uno de carácter estratégico y de control (Enel) y otro de carácter financiero (GEB). “Tanto Enel-Emgesa y Enel-Codensa han distribuido, desde el año 2015, $2,3 billones (de dividendos anuales). Esta distribución obedece a rigurosos criterios de un manejo prudente de los flujos de caja de las compañías, enmarcados dentro de las buenas prácticas comerciales, orientadas a respaldar los futuros planes de inversión para modernizar la infraestructura eléctrica, mejorar la calidad del servicio, expandir la oferta de productos y servicios, al igual que ampliar la capacidad para atender la creciente demanda de energía de la ciudad de Bogotá y del país”.
(Vea: Los pleitos del Grupo de Energía de Bogotá en el Eje Cafetero)
El otro acuerdo roto por Enel, según el GEB, está relacionado sobre la ampliación de obras de energía renovable, los cuales, según lo pactado, se iban a realizar de manera conjunta por medio de la mencionada alianza. No obstante, a Enel, en 2012, por medio de su filial Enel Green Power (EGP), y en la cual el GEB no tiene participación accionaria, le han sido adjudicados varios proyectos de este tipo de energías no convencionales. Su última megaobra construida fue la planta de energía renovable de El Paso (Cesar), considerado el parque solar más grande del país. Con esta maniobra, Enel estaría fortaleciendo sus inversiones por medio de EGP y dejando por fuera del negocio a Codensa y Emgesa.
La investigación de la Fiscalía hasta el momento señala que, a comienzos de 2018, el GEB empezó a buscar una consultora que investigara una denuncia de presuntos hechos de corrupción en Risaralda en donde tiene negocios la compañía —episodio en el que terminó chuzado el abogado Felipe Jaramillo— y, según la compañía, para realizar pesquisas sobre el accionar de Enel en Colombia y a nivel mundial. El GEB consideró en un primer momento a Risk Consulting y FTI Consulting, firma de la que Laude Fernández —pieza clave en el reciente escándalo de chuzadas en la Fiscalía— fue director general entre 2009 y 2015.
De acuerdo con la Fiscalía, entre febrero y mayo de 2018, el GEB consolidó una relación con la filial de Berkeley Research Group (BRG) en Colombia. El Grupo ha dicho que Brigard Urrutia (firma de abogados que estructuró la filial de BRG en Colombia y que representa al GEB en el laudo arbitral) le recomendaron trabajar con esta empresa que, hasta hace pocas semanas, estuvo presidida por Laude Fernández. Este hombre, que en los años 90 fue subdirector de inteligencia del DAS, hoy es investigado y está con detención domiciliaria por su presunta participación en las chuzadas que sufrieron el abogado Felipe Jaramillo, Julián Pinzón del sindicato de aviadores (Acdac) y Lucio Rubio. Finalmente, el 22 de junio de 2018 el GEB y BRG firmaron un contrato por $2.000 millones.
Tres días después de la firma del contrato con el GEB, Luis Carlos Gómez Góngora, en esa época coordinador de la Sala Diamante de la Fiscalía, le pidió al fiscal Fabio Martínez Lugo interceptar a Jaramillo y a Rubio. La interceptación contra ellos dos se hizo ilegalmente, ha admitido la propia Fiscalía, del 13 julio al 14 de agosto de 2018. Gómez Góngora fue detenido en diciembre pasado y ya aceptó cargos. En junio de este año fue condenado a ocho años en prisión. Por su parte, Martínez Lugo, quien era fiscal delegado ante jueces especializados desde 2012, fue capturado el 9 de mayo pasado dentro del propio búnker de la Fiscalía y, aunque negó su participación, fue enviado a La Picota mientras las indagaciones continúan.
Enel afirma que, “de acuerdo con información de la Fiscalía, las interceptaciones ilegales al director general de Enel en Colombia se dieron en esas fechas (del 13 julio al 14 de agosto de 2018). Hechos que coinciden con la decisión del Grupo Energía Bogotá de cambiar abogados, modificar la estrategia jurídica, así como [contratar a] la firma BRG. Para esa fecha el Grupo Energía Bogotá ya había presentado una primera demanda, la cual fue reformulada para abril de 2019, y adicionalmente se habían radicado quince solicitudes de tribunales contra Enel-Emgesa y Enel-Codensa”.
Cuando finalizaron las chuzadas en contra de Jaramillo Londoño y Rubio, en agosto de 2018, el escándalo de las interceptaciones dentro de la Fiscalía no se había destapado. Las alarmas se empezaron a prender en el GEB a finales de octubre de 2018, cuando Laude Fernández, entonces representante legal de BRG, fue capturado por ser, presuntamente, el enlace entre la red criminal de chuzadas en el ente investigador y Avianca, la cual contrató los servicios del BRG en medio de la huelga que inició el sindicato de aviadores a finales de 2017. Avianca niega haber solicitado servicios ilegales. Mientras tanto, el GEB asegura que le pidió a la casa matriz de BRG (en EE. UU.) explicaciones.
De acuerdo con el GEB, que se ha declarado como víctima en este caso, en diciembre de 2018 la consultora respondió que a Fernández se le concedería una licencia y sería reemplazado por Ernesto Carrasco, director del BRG en México. Sin embargo, esa licencia no habría durado mucho, porque Laude Fernández recobró su libertad en noviembre de 2018 y solo fue apartado de su cargo totalmente cuando fue recapturado en julio de este año. En enero de 2019, el GEB se reunió con Carrasco y Pilar Hernández, una mujer que sería cercana a Fernández en BRG y quien trabajó una década en el DAS como agente de inteligencia. En esta y otras reuniones se empezó a plantear la finalización del contrato entre las dos compañías.
Este contrato, que habría acabado por mutuo acuerdo el 5 de abril pasado, ahora está en manos de la Fiscalía, pues fue suministrado por el GEB en junio pasado en la inspección del CTI en sus oficinas. A su vez, ese documento también se encontró en el allanamiento a BRG en junio pasado. Hasta el momento, no se sabe en detalle en qué condiciones se acabó la relación comercial. Lo que sí se sabe, es que las dos compañías estuvieron ante el Centro de Conciliación en la Cámara de Comercio de Bogotá intentando, infructuosamente, alcanzar un arreglo. En la última, que ocurrió el pasado 24 de julio, se crisparon los ánimos cuando el GEB intentó, que Jaramillo Londoño participara en la reunión como afectado de las chuzadas.
Correos encriptados
En agosto pasado, los dos interventores del ahora cuestionado contrato entre GEB y BRG fueron interrogados por la Fiscalía. Uno de ellos, que trabaja para el Grupo, señaló que Laude Fernández fue quien le sugirió crear un correo encriptado para recibir “información sensible” sobre Felipe Jaramillo y Lucio Rubio. El GEB le dijo a este diario que “la idea de encriptar fue iniciativa exclusiva de BRG, argumentando que la información que iban a analizar en relación con la alianza de GEB y Enel era privilegiada. Todos esos correos encriptados fueron entregados a la Fiscalía por decisión del propio Grupo de Energía. A su vez, la firma PricewaterhouseCoopers (PWC) revisó todo el material y no había indicios de irregularidades”.
Según el GEB, lo que les presentó BRG no incluía información de Lucio Rubio y contenía un patrón de comportamiento de Enel y su administración en España, Chile, Perú, entre otros, en los que ha sido sancionada y señalada de realizar maniobras desleales. “En 2018, ante las primeras noticias (sobre el caso chuzadas), el GEB disparó las alertas de cumplimiento, y ordenó asegurar la información que pudiera ser útil a las autoridades. Desde ese momento GEB consideró ‘tóxica’ la relación con BRG (y sus informes) decidiendo poner fin a la relación contractual. Esos informes sirvieron luego como base del caso contra el señor Laude Fernández, y el posterior allanamiento a las instalaciones del BRG”, puntualizó el GEB.
¿En qué van los procesos?
El 10 de abril pasado, el tribunal de arbitramento admitió la demanda del GEB en contra de Enel. Los árbitros de este laudo en la Cámara de Comercio de Bogotá se encuentran en la recta final de la recolección de pruebas y se espera que esta semana hagan un pronunciamiento clave que marcaría el curso de esa disputa jurídica. Por otra parte, en el caso penal, hace dos semanas, se legalizaron los documentos y archivos que fueron recogidos por el CTI de la Fiscalía a las oficinas de BRG en julio pasado. Como reveló este diario, se encontraron con que BRG tenía un laboratorio de informática forense y que en él había más de 500 discos duros o unidades de almacenamiento, que revisaron uno a uno.
El allanamiento, además de buscar pruebas en la oficina de Fernández, también recopiló información de los despachos de Pilar Benítez, de Olga Moreno Coronado y de Jesús Barbosa, asociado sénior de la compañía. En el espacio de este último se hallaron las carpetas “Jesús Caso Enel”, “Jesús Caso Enel 2”, “Jesús Caso Procolombia”, “Jesús Caso Enel 3” y “Jesús Caso Enel 4”. El Espectador también supo que el celular de Laude Fernández también está en manos de los investigadores y se trataría de una caja de pandora en la que se destaparía un nuevo escándalo de espionaje empresarial. Tres fuentes cercanas al proceso le dijeron a este diario que los hallazgos en la oficina de BRG y en el teléfono móvil de su exdirector, permitieron abrir nuevas líneas de investigación.
Durante el allanamiento la Fiscalía recogió varios contratos de grandes empresas que pagaron por los servicios de consultoría de BRG, más allá de Avianca y del Grupo de Energía de Bogotá. Entre esas empresas se encuentran marcas tan reconocidas como Cemex, Allianz, Organización Corona, Olímpica, Argos, Conconcreto, Codiscos y Prabyc ingenieros; y dos grandes firmas de abogados: Brigard & Urrutia, la empresa que estructuró la filial de BRG en Colombia, y DLA Piper Martínez Beltrán, la cual dirige Néstor Camilo Martínez, hijo del exfiscal general. Los abogados de BRG han insistido en que estos contratos no tienen ninguna clase de relación con los hechos que están siendo investigados en este proceso y que se violó el derecho constitucional del secreto profesional entre BRG y sus clientes.
Por David Escobar Moreno
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