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La explotación de carbón en el páramo de Pisba está dañando el ecosistema y las autoridades estatales son cómplices de ello. Así lo afirma un grupo de campesinos que se unió para presentar una acción popular contra el Gobierno y algunas entidades que deben velar por el cuidado y la preservación del medio ambiente. Según la acción, algunas empresas mineras están operando en un área protegida sin tener las licencias ambientales correspondientes y sus operaciones han contaminado el entorno, afectando principalmente el agua del páramo, cuyo límite aún no está establecido, a pesar de las solicitudes de los alcaldes de municipios de Boyacá y Casanare.
Don Pedro Abel Castañeda, el guardia del páramo de Pisba
La acción popular está firmada por campesinos miembros de los acueductos Pedregal, San Isidro, Chorro Blanco, La Chapa y la Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco (Boyacá) y fue interpuesta en contra del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional Minera, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, el departamento de Boyacá, el municipio de Tasco y la empresa Hunza Coal por, supuestamente, vulnerar los derechos colectivos al ambiente sano, la salubridad pública, la salud y el derecho humano al agua. Los accionantes dicen que los demandados han vulnerado sus derechos “con su actuar negligente frente a las minas en estado de abandono”.
Fotos: la falta de delimitación y la minería que amenaza al páramo de Pisba
Uno de los principales problemas que tiene Pisba es su delimitación. Aún no es claro qué parte del territorio debe ser protegido y en dónde sí puede haber actividades de extracción minera. Adicionalmente, varios entes judiciales se han visto en una encrucijada porque, por una parte, la Ley de Páramos obliga a proteger estos ecosistemas y, por otro lado, este páramo tiene 6.300 familias que lo habitan y produce al menos 25.000 empleos relacionados con la minería. Además de ser medioambiental, es un asunto social por el que alcaldes de Boyacá y Casanare ya le pidieron al Congreso definir la situación del páramo para evitar que las familias sean desplazadas de la zona.
Minambiente y Minminas chocan por delimitación del páramo de Pisba
Las áreas protegidas que según los demandantes están siendo explotadas sin el control de las autoridades ambientales se ubican en la vereda Santa Bárbara, en cercanía de las minas El Pantanal y El Cerrejoncito. De acuerdo con los campesinos, las zonas se encuentran en estado de abandono y en más de una ocasión a las empresas mineras se les negaron los permisos de explotación y se les señaló de haber cometido infracciones ambientales relacionadas con el incumplimiento al plan de manejo ambiental, que incluía manejo de aguas residuales de los proyectos, actos denunciados, pero según los campesinos, el Ministerio y demás autoridades ambientales decidieron ignorar.
Luis Fernando Sánchez, abogado del grupo de campesinos, le dijo a este diario que todas estas acciones legales iniciaron porque de las minas brotan ácidos que queman la vegetación y contaminan el agua del páramo. Igualmente, debido a estos daños, los campesinos se unieron y de sus bolsillos sacaron el dinero para hacer estudios de tierra y agua en zonas cercanas a las minas para saber qué tan grande era la afectación. “Con esos estudios, se pudieron comprobar dos cosas. La primera, que esos drenajes ácidos están afectando el ecosistema y la segunda, que es posible que las filtraciones estén llegando a las cuencas abastecedoras de agua”, dijo el abogado de los campesinos a El Espectador.
Uno de los accionantes es Pedro Abel Castañeda, presidente de la Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco, quien por años ha denunciado sobre el drenaje de las aguas ácidas en el páramo y ha recibido amenazas por ello. Pedro considera que “no hay ninguna minería amigable con el medio ambiente” y la afectación al páramo repercute directamente en los habitantes de sus veredas, pues toman el agua directamente de las fuentes hídricas de la zona; un agua que, según los estudios que presentaron en la acción popular, está contaminada. Los campesinos indican que hay un “riesgo latente de la influencia de sustancias potencialmente tóxicas residuales por la afluencia de aguas ácidas”.
Con este recurso jurídico, los campesinos del páramo piden que se cierren definitivamente las minas de Hunza Coal, El Pantanal y Cerrejoncito, las cuales estarían afectando el ecosistema. Igualmente, exigen que se realicen las acciones necesarias para la recuperación ambiental y “el restablecimiento de la capacidad ecosistémica de proveer agua libre de contaminación”. Asimismo, los accionantes esperan que se desarrolle un esquema de monitoreo sobre las condiciones de calidad del agua en la zona y el control y vigilancia sobre los drenajes ácidos causados por las minas en estado de abandono en una zona histórica para el país, pues por el páramo llegó la campaña libertadora en 1810, en cabeza de Simón Bolívar, en camino a la Batalla de Boyacá.
Mientras en Escocia se termina la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, en donde Colombia ya expuso sus políticas medioambientales y de protección, la acción popular busca una protección urgente a este ecosistema, una situación que ni siquiera logró un fallo que lo declaró como sujeto de derechos, pero que terminó tumbando la Corte Constitucional. Aunque todavía no es claro quién estudiará el recurso, pues se debe solucionar un conflicto de competencias, el despacho al que se le asigne el caso tendrá que analizar la aparente vulneración de los derechos a un ambiente sano, salubridad pública, salud y al agua que tanto reclaman los campesinos del páramo, decisión que se hará más difícil por la incertidumbre de la promesa incumplida de la no delimitación del páramo de Pisba.
Por Jhordan C. Rodríguez
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