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Pese a la sangrienta historia del conflicto armado colombiano, es la primera vez que un fiscal imputa el delito de lesa humanidad de persecución. Ocurrió en un expediente que también tiene un avance inédito en el país: el del excongresista Luis Fernando Almario, quien será la primera persona en ir a juicio ante la Justicia Especial para la Paz (JEP). La decisión la tomó la Unidad de Investigación y Acusación, más conocida como la Fiscalía de la JEP, que dio la noticia de que buscará la máxima condena contra este político del Caquetá, por su presunta participación en 30 hechos violentos con un solo contexto: el exterminio del movimiento político liberal que era liderado por la familia Turbay Cote.
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La decisión la dio a conocer el director de la Unidad, Giovanni Álvarez Santoyo, quien resumió el anunció como un hecho histórico para el país. “El señor Luis Fernando Almario es acusado, en calidad de coautor, porque con exmiembros de la extinta guerrilla de las Farc desarrollaron un plan criminal que tenía como finalidad apropiarse del poder político en el departamento del Caquetá. Para ello ejecutaron una serie de conductas entre 1993 y 2002 que afectó a más de 30 personas del grupo político liberal Turbayista”, señaló Álvarez durante una rueda de prensa. Según los detalles que se conocen de la investigación, la Fiscalía de la JEP identificó dos patrones de violencia.
El primero, que el entramado criminal de las Farc, en alianza con políticos como Luis Fernando Almario, exrepresentante a la Cámara, se enfocó en atentar contra líderes, simpatizantes y personal de seguridad del clan político. Y el segundo, que ese exterminio del movimiento político les permitió capturar el Estado para el ejercicio del poder público a su conveniencia. Para la Fiscalía de la JEP, es claro que en la estrategia política y violenta de Almario se configuró el delito de lesa humanidad de persecución, una conducta criminal que, según Giovanni Álvarez, nunca se había imputado en el país. Su importancia radica en las características de este delito.
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Para entenderlo, hay que remitirse al Estatuto de Roma, ese conjunto de normas que le dio vida a la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998, precisamente para que conociera de casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o de guerra. Pese a que Colombia ratificó el estatuto en 2002, nunca en 20 años un fiscal había echado mano de de un delito que se incluyó en ese entonces. Lo que la Fiscalía de la JEP explica en la acusación contra Almario es que el excongresista cometió el delito de lesa humanidad de persecución “de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables”.
Aunque la Fiscalía de la JEP hasta ahora anuncia su primera acusación, desde hace años los expedientes judiciales han dado puntadas de la participación de Almario en la persecución contra la familia Turbay Cote y su movimiento político. Quizás el hecho violento más representativo del asecho violento en contra de esta casa liberal ocurrió en diciembre de 2001. El entonces presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, Diego Turbay Cote, fue acribillado en plena carretera en el municipio de Puerto Rico (Caquetá). La columna Teófilo Forero de las Farc hizo parar la camioneta en la que se transportaba y, uno a uno, fue asesinando a sus pasajeros.
La fotografía de la masacre es todavía hoy símbolo de la violencia guerrillera y política, pues quedó enmarcada la escena del horror: cuerpos sangrientos tirados sobre el pavimento. En ese atentado murió también Inés Cote de Turbay, madre de Diego Turbay; el arquitecto Jaime Peña Cabrera; el conductor Rafael Ocasiones; y los escoltas Edwin Amir Alarcón, Hamil Bejarano y Dagoberto Samboní. Ni fue el primero ni el último de los atentados contra la familia Turbay. Cuando ocurrió la masacre, Rodrigo Turbay Cote, hermano de Diego Turbay, había sido secuestrado en 1995 por las Farc. Murió en cautiverio y, en dos años de plagio, su familia solo recibió una prueba de supervivencia firmada de su puño y letra.
Quienes apuntaron en contra de Almario fueron dos guerrilleros de las Farc. Uno de los primeros en hacerlo fue Gerardo Aguirre Ballesteros, exjefe de milicias de la guerrilla, quien le dijo a la justicia que el excongresista había sido el autor intelectual del exterminio de la familia Turbay Cote. Aseguró que él mismo había estado en reuniones con un supuesto emisario de Almario y que en uno de esos encuentros se planeó el asesinato de Diego Turbay. Otros guerrilleros confirmaron la versión de Aguirre y agregaron que la persecución del político, en alianza con las Farc, ocurrió en respuesta a que el primero logró convencer a la guerrilla de que la familia Turbay Cote tenía alianzas con paramilitares.
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Las evidencias en contra de Almario llevaron a que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura en febrero de 2008. Desde las primeras denuncias en su contra, se declaró completamente inocente. Dijo que todo se trataba de una persecución en su contra y que, incluso, él era muy cercano a la familia Turbay. Eso sí, el exrepresentante a la Cámara lleva décadas de entradas y salidas de la cárcel, y de acusaciones y expedientes en su contra. Aunque la justicia ordinaria nunca logró avanzar en su caso de nexos con las Farc, la Corte Suprema sí logró condenarlo a 10 años de prisión en 2016 por sus vínculos con paramilitares.
El alto tribunal concluyó que Almario tuvo una alianza con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y el Bloque Central Bolívar, cuando estas organizaciones armadas ilegales hicieron presencia en el Caquetá, entre 2001 y 2006. Aunque la Corte trató de avanzar en el caso de sus nexos con las Farc, Almario renunció al Congreso y el caso le cayó a un fiscal, en donde nunca tuvo mayor avance. Por eso, la decisión de la Fiscalía de la JEP de llevarlo a juicio por el exterminio de la familia Turbay es otro hecho sin precedentes en la investigación contra el excongresista que, según el expediente, habría logrado lo que pocos pudieron: consolidar alianzas criminales con los dos protagonistas del conflicto armado colombiano.
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