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El nombre del coronel Robinson González del Río reapareció en este inicio de 2022. Desde que su nombre trascendió públicamente en 2017, cuando fue condenado en dos oportunidades por hacer parte de la ejecución de 46 casos de falsos positivos mientras fue comandante del batallón contraguerrilla Nº 67 Mártires de Puerres en el Cauca. Un año más tarde, su nombre reapareció al conocerse que había recobrado su libertad tras firmar el acta de compromiso con la Secretaría Ejecutiva de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y desde entonces su nombre no había reaparecido con tal fuerza como en este principio de año.
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El pasado 2 de febrero, el antiguo uniformado fue capturado por el CTI de la Fiscalía porque, al parecer, sería parte de una estructura criminal al servicio de la banda narcotraficante Los Contadores, que opera en el departamento de Nariño y ha tenido pactos ilegales con las disidencias de las Farc. También fueron detenidos otros militares y civiles, quienes habrían auxiliado a Los Contadores, una banda criminal que se ha dedicado desde los últimos cinco años a atemorizar a los habitantes del municipio de Tumaco (Nariño), donde varias estructuras ilegales se disputan las rutas del narcotráfico a Estados Unidos, principalmente.
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Durante las recientes audiencias contra González del Río se conocieron detalles de cómo operaría esa red de narcotráfico y de la que haría parte un general del Ejército, que es conocido con el alias del Padrino y su apellido es Chawez. Hoy las autoridades trabajan en determinar de que alto oficial del Ejército se trata. “Yo ya hablé con Barrero y me dijo que lo hiciéramos, que él nos ayuda para dársela a mi general Chawez directamente y así tener control de esas operaciones especiales”, se escucha en una de las conversaciones entre González del Río y alias Matamba antiguo líder de la estructura criminal que fue capturado en mayo de 2021.
Sin embargo, este es apenas uno de los expedientes por los que González del Río ha terminado respondiendo ante la justicia colombiana. Uno de los más es su participación en crear bandas delincuenciales con soldados de las unidades de las que estaba a cargo, pagar recompensas bajo irregularidades, inventar operaciones tácticas con fines a todas luces criminales y falsear escenas. Todo un andamiaje criminal para asesinar civiles y presentarlos como guerrilleros muertos en combate.
Por ejemplo, en julio de 2016, fue condenado por 32 ejecuciones extrajudiciales. “Se dedicaban a realizar operaciones tácticas en distintas regiones del país, en las cuales se causó la muerte a 32 civiles, disfrazándolos como supuestas bajas en combate, a quienes para hacer más creíble les dejaban al lado de sus cuerpos armas de fuego de uso privativo y de defensa personal, adicional a ello el pago ‘indebido’ de la recompensa a los supuestos informantes”, señaló un juez especializado de Antioquia.
Antes de este fallo, otro juez, pero de Caldas, también lo encontró culpable por el asesinato de dos personas en la vereda Trocaderos, zona rural de Neira (Caldas). Las personas asesinadas, Javier Moreno Marín y Janio César Sepúlveda, fueron hallados con una pistola y una escopeta porque, supuestamente, eran guerrilleros de las Farc. Sin embargo, la investigación, hombres al mando de González del Río fueron quienes los mataron. Luego de terminar preso por esos hechos, el coronel retirado del Ejército habría continuado en la ilegalidad.
Sobornos y tráfico de armas
González ya se encontraba recluido, pero lo que selló su salida del Ejército fueron unos audios en los que se reveló que el entonces coronel utilizaba su lugar de reclusión como centro de negocios ilegales. En las grabaciones constaba que el hoy retirado militar sostenía conversaciones con otros miembros de la institución, con los cuales pretendían montar una especie de mafia para denunciar a los fiscales que investigaban los casos de falsos positivos.
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Robinson González del Río también estuvo implicado en unos supuestos sobornos a magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. En 2013 salieron a la luz unos audios en los que se escuchaba al hoy coronel (r) conversando con el entonces magistrado de la Sala Disciplinaria de ese tribunal, Henry Villarraga, sobre la posibilidad de trasladar su caso de la justicia ordinaria a la Justicia Penal Militar. Uno de los audios que se conoció en ese momento, constataron que el militar hablaba de pagarle una dádiva de $400 millones al magistrado para adelantar el traslado de los expedientes.
Sobre el caso de la venta de armas, la Fiscalía explicó que su trabajo consistía en extraer armas de los batallones del Ejército y, a través de los suboficiales, transportarlas hasta los lugares señalados por los grupos ilegales. Los militares se aprovechaban de su investidura para burlar los retenes de la Policía de carreteras. La Fiscalía encontró que Villavicencio fue un punto clave para extraer el armamento –en su mayoría, fusiles– y que la entrega se dio especialmente en poblaciones del Bajo Cauca antioqueño como Tarazá y Caucasia.
Este nuevo caso que enreda a González del Río, presuntamente vinculado a una red de narcotráfico, parece abrir un nuevo caso de corrupción al interior de la Fuerza Pública. Los investigadores de la Fiscalía ahora buscan determinar que tan alto llegó esta red mafiosa que operaba en el suroccidente del país y que pretendía ser la dueña de la salida de los cargamentos de cocaína por este departamento que, en los últimos años, ha sufrido la violencia de los grupos armados.
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