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La justicia colombiana lleva rato probando que antes de que Samuel Moreno Rojas se posesionara como alcalde de Bogotá para el periodo 2008-2011, él, su hermano Iván Moreno y varios contratistas y abogados buscaron manipular la contratación pública. Y una persona que tuvo un rol clave para que en la capital se realizaran maniobras ilegales, que después se conocieron como el carrusel de la contratación, fue Álvaro Dávila Peña. El abogado logró con reuniones en Bogotá y en Miami con personajes como Emilio Tapia o los hermanos Miguel, Francisco y Guido Nule para estructurar negocios, hacer contratos de obras y pactó comisiones de éxito dirigidas a funcionarios distritales.
Por sus delitos fue condenado a 19 años de prisión en 2018 y su sentencia, recientemente, quedó en firme, pues la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no admitió un recurso con el cual Dávila buscaba, como última carta, revocar la condena dictada por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Se trata del punto final a un largo debate jurídico que remonta a 2008, cuando Dávila, en desarrollo de los acuerdos alcanzados con los hermanos Moreno Rojas y servidores del Distrito como Liliana Pardo (exdirectora del IDU condenada) o Inocencio Meléndez (exsubdirector Jurídico del IDU), intervino en la gestión ilegal para los contratos 071 y 072 de ese año para la rehabilitación de la malla vial de la ciudad capital.
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Lo mismo hizo para los contratos de interventoría 091 y 093 y para el concurso de méritos 013 de ese mismo año, todos convocados por el instituto Distrital. Dávila se encargó de obtener información reservada de las licitaciones para que pudiera ser estudiada por los empleados de confianza de Emilio Tapia, Julio Gómez y el Grupo Nule, para asegurarse la adjudicación de los contratos. De esta forma se consiguieron, según la justicia, cuatro procesos y, a cambio, Dávila recibiría el 8 % del valor de los contratos de obra y el 10% del valor de los de interventoría, dinero que el llamado Grupo Nule pagaría al recibir el anticipo de estos. Según el expediente, “con el fin de cancelar la cuota correspondiente a los hermanos Moreno Rojas, a funcionarios que intervinieron en el amañado trámite, y a los encargados del control del proceso contractual”.
Tras ser condenado en primera y segunda instancia, Dávila acudió a la Corte Suprema. Esta, sin embargo, consideró que su demanda no cumplía los requisitos legales para su estudio. Aun así, examinó el proceso sin encontrar motivo alguno para revocar la condena. Al contrario, la Sala Penal del alto tribunal enfatizó que se trató de conductas se cometieron en un convenio con los hermanos Moreno Rojas y con apoyo de funcionarios del IDU a cambio de comisiones, con circunstancias de agravación.
“El abogado Álvaro Dávila Peña jugaba un papel destacado en el colectivo ilícito. (…) No era cualquiera, sino alguien con notoria capacidad de influencia en la administración distrital. Por eso participó de las reuniones iniciales, alojó a los demás autores en sus oficinas o provocó otras en el exterior, o influyó en nombramientos indispensables a los fines de la organización criminal, todo lo cual comprueba su papel destacado en la organización”, dice el documento en poder de El Espectador. Incluso, la Corte señala que el rol de Dávila fue el de un líder, de un organizador del entramado ilegal, aunque “esas apreciaciones corresponden más a una imputación jurídica, que en caso de cualquier desliz no afecta la médula de la coherencia entre acusación y sentencia”.
Las decisiones judiciales contra Dávila explicaron que este asistió a varias reuniones celebradas en enero de 2008 en el Hotel Tequendama “para distribuir cargos en el gabinete, hacer nombramientos o ratificaciones”. Y enfatizaron en el hecho que brindó apoyo financiero y político a la campaña de Samuel Moreno, hechos que “concurren como valiosos hechos indicadores que informan de la cercanía del señor Dávila con el burgomaestre distrital y contribuyen a consolidar, junto con el testimonio de los otros concertados, la convicción de que aquel ostentaba influencia en la citada administración”.
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“Más claro aún, así por ejemplo, si se habla de la gran injerencia que tenía el procesado en la administración de Moreno Rojas y del vínculo de amistad que lo unía con éste, al punto que ello le permitió gestionar la continuación de algunos funcionarios en el IDU o el nombramiento de otros que servirían sus propósitos, se entendería ello con más claridad si se conoce de antemano que contribuyó al éxito de la campaña”, dice la condena en su contra. La Sala Penal analizó el expediente y aseguró que no encontró “ninguna violación a los derechos y fundamentales que deba de oficio” intervenir y dejó la condena contra el abogado intacta.
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