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Los protagonistas del documento son dos: Piedad Córdoba, por supuesto, y Álex Saab, el empresario barranquillero que es considerado como el principal contratista del chavismo en la última década. Durante los últimos años, en los que Saab ha estado bajo la custodia de la justicia estadounidense, se ha sabido más de esos vínculos, pero hasta el momento la magistrada de la Sala de Instrucción del alto tribunal no ha ido más allá judicialmente. El informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en poder de El Espectador, reportó en noviembre de 2021 sobre varios pagos que hicieron tanto Saab como Córdoba a un comerciante que fue asesinado el 4 de junio de 2022 en Barranquilla, durante una presunta acción sicarial.
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Se trata de César Ruiz Sandoval, quien murió a las pocas horas en un hospital de la capital del Atlántico, luego de que un sicario, a plena luz del día, le disparara en varias oportunidades. El reporte de la UIAF señala que las cuentas de Ruiz Sandoval, entre 2008 y 2018, tuvieron un crecimiento casi inexplicable e injustificable. Esa buena racha en lo económico se estancó justo cuando Saab cayó en el radar de las autoridades de Estados Unidos hace tres años. Por ejemplo, Ruiz Sandoval recibió $260 millones de empresas de Saab como HSC Capital S.A.S., Golden Sun Trading de Colombia S.A.S, Promotora Dubera S.A.S, entre otras. Además, el informe de la UIAF también señala que Ruiz Sandoval movió dinero hacia cuentas de la senadora Córdoba y sus cercanos.
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El asesinado comerciante de 39 años hizo consignaciones en efectivo a su familia por cerca de $1.000 millones y un depósito a la congresista por $279 millones en efectivo entre 2012 y 2016. La UIAF identificó que Ruiz Sandoval les hizo depósitos de dinero a la madre y dos hermanos de Córdoba por $355 millones entre 2011 y 2012. La entidad igual identificó que, entre 2012 y 2017, Ruiz Sandoval hizo 12 transacciones a un hijo de la senadora del Pacto Histórico por $250 millones, mientras que al otro, el exsenador del Partido Alianza Verde, Juan Luis Castro Córdoba, entre 2015 y 2016, le hizo dos depósitos por un total de $40 millones en cuentas bancarias en Colombia.
El informe, que publicó inicialmente la unidad investigativa de Noticias Caracol, fue encargado por Lombana a la UIAF para verificar las finanzas de Córdoba y su círculo cercano. Para verificar, entre otras cosas, las denuncias de que se enriqueció a costa de su cercanía con el gobierno de Venezuela. Así, el nombre de César Ruiz Sandoval aparece señalado junto al de su hermano Julio Ruiz Sandoval en la fundación y la mesa accionaria de la firma Soft Solutions Asesorías Contables, que luego pasó a llamarse Intratex Internacional. Allí compartieron asiento con varios de los implicados en el entramado de Álex Saab, como Julio César Ruiz Maestre, hoy en juicio penal ante las autoridades colombianas.
Se trata de un hombre señalado de testaferro del clan Saab y su socio Álvaro Pulido. Además, según la UIAF, de esa compañía también fue parte Roóbinson Ruiz, el contador de varias firmas cuestionadas, que murió al parecer de causas naturales después de haber sido imputado por la Fiscalía.
Otra alerta que hace la UIAF en su informe es un ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas) y tiene que ver con que Córdoba, “al parecer, cobró un cheque que fue pagado por ventanilla por un valor de $50 millones y que fueron girados por Imerver Inversiones S.A.S., empresa de Luis Ramiro Quintero Caballero, presunto narcotraficante que fue capturado y pedido en extradición por Estados Unidos”. De acuerdo con El Heraldo de Barranquilla, Quintero Caballero, alias Tío Guillo, era miembro de una red narcotraficante y su papel en la organización criminal era lavar los dineros ilegales. Sin embargo, en los registros públicos de la Rama Judicial no se reporta que su extradición haya sido avalada por las autoridades.
El reporte de la UIAF también tiene reparos sobre cómo Córdoba adquirió en 2013 un apartamento por $978 millones cerca del Parque Nacional, en Bogotá. Una cifra que, para los investigadores de la entidad, estaba muy por debajo de lo que costaba un inmueble de 545 metros cuadrados, que al parecer rondaba los $4.400 millones. “Hay un origen desconocido de los recursos propios (de Piedad Córdoba) por $226 millones que fueron utilizados para la compra del inmueble, teniendo en cuenta que en su declaración de renta reportó ingresos por $292 millones y por su labor en el Senado de la República solo reportó ingresos por $215 millones”, dice el informe de la Unidad.
En este documento se recoge uno de los episodios por los que ha sido vinculada Córdoba con Saab: varios tiquetes aéreos que fueron comprados por Group Grand Limited, una de las firmas que forman parte del entramado del extraditado empresario barranquillero y que fueron dirigidos a la exsenadora y a sus hijos. Esta firma fue a la que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro terminó adjudicándole un multimillonario contrato para la importación de cajas de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el plan del gobierno venezolano para subsidiar la alimentación de las familias censadas en su país. Esta empresa también les pagó vuelos a familiares de Saab y de su socio colombiano, Álvaro Pulido.
Aunque el informe alerta sobre las sospechas de las autoridades sobre el patrimonio de Piedad Córdoba, luego de casi dos años de elaborado el documento, la magistrada Cristina Lombana no ha concluido si a la senadora del Pacto Histórico le abrirá un proceso formal por enriquecimiento ilícito y rebelión (presunto vínculo con las FARC). En el caso del comerciante asesinado Ruiz Sandoval, no hay pistas para dar con sus asesinos ni mucho menos para conocer los motivos para acabar con su vida. En cuanto a Saab, quien está bajo la custodia de Estados Unidos, su caso avanza con total reserva y en los últimos meses poco se ha sabido.
Lo último que se supo lo divulgó el gobierno chavista, que planteó un posible canje humanitario entre presos estadounidenses en Venezuela y el empresario barranquillero. En cuanto al proceso en Colombia, por presunto lavado de activos, fuentes del caso señalaron que las audiencias se encuentran en pleno juicio y se espera que en los próximos meses haya un fallo de primera instancia.
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