Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Como un fantasma, sin que su nombre quede en algún rastro que lo delate, a sus 45 años, el cordobés Emilio Tapia Aldana ya acumula el protagonismo de dos megaescándalos de corrupción. Hace 10 años, fue el articulador del descalabro del carrusel de la contratación en Bogotá que puso en la cárcel al exalcalde Samuel Moreno, a su hermano Iván y a un sin número de funcionarios y abogados que se concertaron para defraudar las finanzas del Distrito; y hoy es el protagonista del expediente de la unión temporal Centros Poblados que tumbó a la ministra Karen Abudinen y tiene embolatados $70 mil millones que habían sido destinados para llevar internet a los territorios de Colombia.
Nacido en el municipio de Sahagún (Córdoba), en el hogar formado por un funcionario de la DIAN y una profesora, desde muy joven Emilio Tapia entró en el círculo de los políticos de la localidad, que en una misma época vio despuntar, entre otros, a Bernardo Elías Vidal y Musa Besaile. Después de graduarse de abogado, se vinculó al Instituto de Desarrollo Urbano en Bogotá. Ya en ese momento desarrollaba una habilidad innata como lobista, moviéndose como pez en el agua en los pasillos del Congreso. En ese ir y venir entre la política y la función pública, se volvió un experto en los vericuetos de la contratación, y pronto encontró el escenario adecuado para sacar a relucir sus argucias.
(En contexto: Un rompecabezas de carrusel)
Cuando estalló el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, mientras los investigadores se devanaban los sesos tratando de entender el alcance del saqueo de las arcas de Bogotá, Emilio Tapia se jactaba de decir en público, o por teléfono, que él había manejado todo y que no hubo un solo peso que no pasara por sus manos. En un momento del alúd informativo, mientras en la Fiscalía o en la Procuraduría se acumulaban escritos de acusación o pliegos de cargos, se volvió común decir que Emilio Tapia era el testigo estelar y que su ventilador no iba a dejar piedra sobre piedra en la caída masiva de funcionarios, contratistas, abogados y otros cuantos corruptos de ingrata memoria.
Al final, su caso se volvió un capítulo aparte, con singulares episodios como la visita de los entonces congresistas Bernardo Elías y Musa Besaile al Ministerio del Interior para pedir un cupo para Emilio Tapia en el pabellón de los parapolíticos en la cárcel de La Picota en Bogotá; o el lío en el que se metió una jueza que decidió dejarlo libre, a pesar de que desde el primer momento una jueza había ordenado su detención. Según se lee hoy, fue condenado a 17 años de prisión, pero aún hoy es difícil establecer realmente cuáles fueron sus movimientos. En pocas palabras, echó a la guerra a todo el que pudo y él se quedó con la fama de haber movido los hilos del escándalo sin dejar una pista.
(Lea también: El accidentado proceso de Emilio Tapia)
Escasamente quedó el registro de sus empresas Tecmach, Geos o Conni S.A., entre otras, que se utilizaron para pagar comisiones por anticipos, amén de múltiples irregularidades difícilmente detectables, por la destreza del personaje para crear empresas fachada, conociendo al detalle la letra menuda de la contratación pública. Bien asesorado por abogados de peso pesado, no mucho tiempo después de la sentencia, se la rebajaron a siete años, razón por la cual, argumentando el cumplimiento de las tres quintas partes de su pena, quedó en libertad condicional en diciembre de 2018. Apenas con tiempo suficiente para reactivarse en las rutas de un nuevo escándalo de corrupción.
Esta vez, por su aparente mano en la elaboración de una pieza clave de la defraudación: las garantías bancarias, en apariencia falsas, presentadas por la unión temporal Centros Poblados para ganarse el contrato por $1.02 billones, por encima de reconocidos operadores del mundo de las telecomunicaciones. Esta semana fue capturado en Barranquilla y mientras el juez de conocimiento y la Fiscalía tratan de establecer hasta dónde llega su intervención en el ilícito, como en una película repetida, Tapia se vuelve a mostrar como el hombre que lo sabe todo y tiene los nombres de políticos, funcionarios y particulares que intervinieron en la conspiración. El mismo libreto para exigir que lo suyo no tenga trato carcelario.
(Le recomendamos leer: Caso Mint: Testigo dice que se negoció 50/50 en el convenio con Emilio Tapia)
Aunque Tapia no reconoció ninguno de los cargos imputados esta semana por la Fiscalía, en resumen, la hipótesis del ente investigador es que fue el enlace a la sombra de la firma ICM Ingenieros, una de las empresas de la unión temporal Centros Poblados, para conseguir las garantías falsas y asegurar el negocio. De igual modo, la Fiscalía cree que fue el hombre detrás del representante legal de ICM Ingenieros, Herles Ariza, en todo el proceso de consecución de los dudosos documentos. Ariza aparece firmando todo lo concerniente al contrato, pero estima el ente investigador que quien realmente movía los hilos en este caso era el millonario abogado de Sahagún.
Si hace 10 años, Emilio Tapia aseguraba que la justicia había conocido del carrusel de la contratación en Bogotá no más del 2 %, y casi todo por su ventilador; ahora parece que su estrategia es la misma: dice ser el depositario de los secretos de delitos de los cuales se declara inocente. Según estableció El Espectador, al parecer viene ofreciendo su colaboración a cuenta gotas a la Fiscalía, aunque por ahora estará recluido en un centro carcelario. Una secuencia muy similar a la de hace una década, cuando encaró a unos y otros implicados en el carrusel desde su lógica de no preocuparse de lo que digan los otros, porque supuestamente él sabe más que todos.
(Le puede interesar: El camino hacia las primeras capturas del escándalo del Mintic)
Cuando le llegó la justicia el pasado 21 de septiembre, se encontraba recluido en una clínica de Barranquilla. Sus detractores dicen que hace parte de su forma de encarar un escándalo que sabía que iba a tocarlo. Su defensa sostiene que sigue un tratamiento sicológico y requiere atención especializada. Lo cierto es que por lo pronto, junto a Luis Fernando Duque, representante legal de la unión temporal Centros Poblados, y Juan José Laverde, funcionario de la empresa Rave Seguros, Emilio Tapia hace parte del primer grupo de sospechosos de haberse concertado para obtener un contrato, que aunque ya fue declarado en caducidad, dejó en el aire las metas de conexión de internet de la era Duque.
Hace 10 años, en la ebullición del escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, la Fiscalía alcanzó a imputar a Tapia los cargos de concierto para delinquir, dos cohechos propios y nueve intereses indebidos en la celebración de contratos. Poco a poco fue desmontando los señalamientos, y además de la rebaja en su condena, logró saldar en poco tiempo sus deudas con la justicia. Ahora vuelven a encontrarse, pero como ayer, vuelve a decirse que fue el cerebro de todo sin saber de qué. Entre tanto, el círculo de amistades que siguen sus pasos o que se han movido con él entre su mundo de lujos y parrandas, guarda silencio y espera qué va a pasar con el zar de la contratación.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más