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“Finalizando agosto (de 2024), como el 29, más o menos a medianoche, ingresó un tipo sin chaqueta, solo tenía blusa negra y pantalón azul. Yo pensé que era raqueta o algo. Me levanté, tenía un top puesto y una piyama de pantalón, cuando él de repente me coge del brazo, me tira al planchón, me baja el pantalón. Yo empiezo a gritar. ‘Cállese, sapa’. Ahí me penetra. Ya se baja de mí. Yo me iba a levantar porque la puerta estaba abierta y él me vuelve a empujar. Después sale y cierra la puerta. Se asoma por la rendija y me advierte que si llego a decir algo o informarle algo a alguien, que yo estaba prácticamente legalizada (muerta) y qué él tenía luz verde”. Así comienza el escalofriante relato que le hizo a la Fiscalía Andrea Esperanza Valdez Contreras, reclusa de la cárcel El Pedregal de Medellín y víctima de una doble violación presuntamente perpetrada por dos guardianes del Inpec que hoy están siendo investigados por la justicia.
Hace un mes la Corporación Mujeres Libres denunció el caso y la indignación nacional fue inmediata. No sólo por el abuso sexual, sino porque la víctima quedó en embarazo y en prisión le dieron una sustancia en su comida para hacerla abortar sin que ella lo supiera. Los detalles del expediente, en poder de El Espectador, revelan una historia llena de truculencias, vejaciones y omisiones de los directivos del centro de reclusión. En junio de 2024, por motivos de seguridad, Andrea Esperanza Valdez fue trasladada de su pabellón a unas celdas independientes de reclusión transitoria, pues dos internas la habían agredido con una cuchilla en el rostro y echado pegante en el cabello por haberse negado a pagar una extorsión. Hasta finales de agosto no tuvo líos, tenía sus horas de sol y acceso a sus llamadas. Pero vino la primera violación y después las intimidaciones. Según dijo, desde el primer día intentó denunciar lo ocurrido al director de la cárcel, pero los guardianes fueron hostiles con ella.
“Al tercer día decido quedarme callada, pero esas noches recordaba eso, mantenía en la ventana de la celda y tenía miedo. Ya me habían (hecho) lo del cabello y lo de la cara y ese funcionario ingresó y me hizo eso. Decidí no contarle nada a nadie por miedo, recordando las palabras de él”. Entonces, vino la segunda violación una semana después. “El 5 de septiembre, como a las 2:00 de la madrugada, ingresa a mi celda otro sujeto narizón de brackets, estaba vestido de camiseta negra y pantalón azul. Él entra a lo mismo. Fue más atarván, más grosero, y me decía: ‘Perra hijueputa, cállate, perra, sapa’. Y me tapaba la boca. Pensé que me iba a asfixiar. Colocó la mano en la garganta y me empezó a penetrar. Luego ya salió. Yo quedé en shock. No me levanté. Me tapé con la cobija. Como a la media hora volvió a entrar y me dijo: ‘Sapa, hijueputa’. Que por sapa era que me pasaban las cosas y luego se fue. Me metí a la ducha teniendo asco de mí”.
Consternada y muerta del pavor, la mujer de 30 años decidió guardar silencio. Hasta que un día despertó en Sanidad por un repentino desmayo. Le hicieron exámenes de sangre, pero jamás le entregaron los resultados. En noviembre un guardián le dijo que solicitara que la cambiaran al patio de las gestantes. “Yo le digo: ‘¿Por qué?’. A lo que me responde: ‘Solicítelo’”. El mismo custodio le llevó más tarde una prueba casera de embarazo. “Él estaba con una dragoneante y entramos al baño con ella y me hice la prueba de embarazo y me salieron dos rayitas”. Luego la guardiana salió y le informó a su compañero el resultado. “Qué chicharrón”, dijo él. De acuerdo con el relato de la víctima, ese día habló con el director de la cárcel Pablo Yamid Ramírez, quien le dijo que estaba muy preocupado, pues no entendía por qué estaba embarazada si no había tenido visitas íntimas autorizadas. “Yo no le dije nada. El llanto no me dejaba”.
Andrea Esperanza Valdez fue trasladada esa noche a la celda 17 del pabellón de gestantes. Un mes después fue informada de que la requerían en Sanidad. Allá llegó expectante. La recibió un médico “bajito, con cabello largo y lacio”. La reclusa preguntó que qué pasaba y el galeno le contestó: “Esta consulta la solicitó el subdirector Carlos Arturo Yepes”. Tras unos análisis de rigor, añadió la testigo, el médico le preguntó si deseaba interrumpir su embarazo, le dijo que había programas de Profamilia y que ellos ahí en Sanidad le podían colaborar. La interna descartó esa opción de forma rotunda, pero el médico le insistió en esa posibilidad y volvió a decirle que el subdirector del centro penitenciario le había pedido esa consulta de forma especial. Salió de Sanidad contrariada y llena de desconfianza con todos los guardianes del penal. Pocos días después, el 20 de noviembre de 2024, en su almuerzo le metieron una sustancia para inducirle el aborto que la llevó a la clínica.
“Era pollo frito. Y una sopa. Almorcé y después me sentí muy enferma, con mareo, ganas de vomitar y un dolor intenso en el estómago. Me levanté a vomitar y de la fuerza que hice sangré por mis partes íntimas. De inmediato me sacaron para el hospital”. Una vez allí le hicieron un montón de exámenes. Por orden del ginecólogo, las guardianas salieron del lugar. El médico se sinceró con ella. “Me dijo que si yo quería interrumpir mi embarazo, a lo que yo le dije que para nada, cometería un delito a los ojos de Dios, entonces le conté todo lo que me pasó”. Fue ahí cuando el médico le contó que había encontrado en ella residuos de cytotec, un método para interrumpir embarazos. Andrea Esperanza Valdez le pidió al doctor que no le reportara eso a las guardianas que la habían llevado al hospital. Volvió a El Pedregal, segura de que la guardia que la custodiaba buscaba que abortara a las buenas o a las malas. Al punto que todos los días le preguntaban quién era el papá del bebé.
El dragoneante Nayid Ñustes conoció esta historia y le hizo una entrevista formal a la víctima para determinar responsabilidades. Paralelamente, la Fiscalía comenzó a indagar. Andrea Esperanza Valdez narró con detalle esos meses horrendos. Entonces las presiones en su contra se volvieron peores. A finales de diciembre recibió una llamada en el pabellón de un hombre que le dijo: “Sapa hijueputa, ya sabemos para dónde vas, que (sabía que) iba para Picaleña, allá sí te vamos a cerrar el pico”. Ese mismo día fue notificada que iba a ser trasladada por seguridad a ese lugar. Ella se opuso, redactó una carta denunciando la amenaza y el número del cual le habían llamado. Uno de los guardias le dijo que debía tener cuidado porque ese número correspondía “a un miembro del cuerpo de custodia”. Poco después uno de los guardias que la abusó fue al pabellón suyo y habló con otras internas. “Al día siguiente se tornaron groseras conmigo, se dañó la convivencia para mí”.
Sus compañeras de pabellón hicieron una carta en la que se quejaron de ella. El subdirector Carlos Arturo Yepes la abordó. De acuerdo con la testigo, el funcionario le dijo que qué pretendía, que si se creía una reina y que para qué se había puesto a denunciar. “Para qué se pone a escribir, por eso les pasa lo que pasa”, le dijo, y agregó Valdez: “Esa conversación fue de manera agresiva ya que me gritó delante de mis compañeras de patio, siempre recriminándome que por qué tenía que denunciar a la gente”. El 6 de enero pasado, a pesar de la amenaza de que la iban a matar en Picaleña, Andrea Esperanza Valdez fue enviada a Ibagué. Pero cuatro días después fue traslada a El Buen Pastor de Bogotá. La víctima le describió a la Fiscalía cómo era la celda número 15 del pabellón transitorio de El Pedregal donde fue abusada sexualmente dos veces. “Es una celda de 2 por 3 metros, con dos ventanas que tiene un vidrio y una reja, un sanitario, la ducha y el lavamanos”.
Sobre las responsabilidades de los directivos de El Pedregal, Andrea Esperanza Valdez fue tajante en su relato. “Posterior a la prueba de embarazo que salió positiva, el director me mandó a llamar y solo me dijo que era un problema para él porque yo no había tenido visitas masculinas ni él me había autorizado visitas conyugales desde 2014, que le explicara qué había sucedido, pero yo no tenía confianza con él. No tomó ninguna posición, estaba era muy preocupado con lo que podía pasarle a él. El subdirector sí siempre fue cómplice de ellos, de los dragoneantes. Siempre trató de favorecerlos. Él es el que manda en esa cárcel, es complaciente con todos los delitos que se cometen allí. Al interior de la cárcel se maquillan todos los delitos. Cada vez que sucede algún hecho en la cárcel argumentan que las internas están locas y de hecho las hacen pasar por locas. Este abuso no es el único, se ha sabido que han violado a varias internas, pero ellas no denuncian por miedo”.
La denunciante fue más allá y relató que supo de una interna que había sido abusada, “le hicieron perder el bebé” y la internaron en una clínica psiquiátrica “para hacer creer que estaba loca”. “Todo lo maquillan de esa manera, lo que no pudieron hacer conmigo”. Y remató: “El subdirector Carlos Arturo Yepes siempre fue inhumano conmigo, siempre me decía que yo era sapa porque todo lo que me pasaba lo denunciaba al Movimiento Nacional Carcelario”. Andrea Valdez denunció con nombre propio los dragoneantes que, según ella, la abusaron: Cristian Camilo Torres y Diego Stiven Castaño. “Estoy muy preocupada con que me hagan algo a mí, a mi hijo o a mi familia”, concluyó la víctima en su relato a las autoridades. Hoy tiene 25 semanas de embarazo. La Procuraduría y la Fiscalía investigan a los dos dragoneantes por abuso sexual y a las directivas de El Pedregal por omisión en sus funciones de salvaguarda de la interna.
El abogado Felipe Alzate, representante de Andrea Esperanza Valdez, manifestó que está a la espera de que la justicia avance con rapidez en este proceso, pues su clienta tema por su vida e integridad personal. El viernes pasado Alzate le pidió al Inpec que traslade a Valdez a una reclusión especial, donde su seguridad no dependa de la misma guardia que la abusó y que la sigue amedrentando para que no se sepa la verdad. “Es una ignominia que le puedan ocurrir hechos tan aberrantes a una persona cuando está en custodia del Estado, en cabeza del Inpec, en un centro carcelario. Es deber de las autoridades velar por su integridad, independientemente de que esté detenida y condenada por homicidio, como es el caso de Andrea. Como hubo una amenaza de aborto, que también hace parte de la investigación judicial, la víctima ha decidido, por el bienestar de su bebé, no someterlo por ahora a ninguna prueba de ADN para determinar quién es el padre”.
Hace dos semanas un equipo de fiscales e investigadores se trasladó a Medellín para tomar varias declaraciones en el proceso. Allí rindieron testimonio, entre otros, el director de El Pedregal Pablo Yamid Ramírez y el subdirector Carlos Arturo Yepes. Ellos señalaron que supuestamente se habían enterado del embarazo de Andrea Esperanza Valdez a finales de noviembre de 2024 y que el caso lo dejaron en manos de las autoridades. El Espectador se comunicó con el Inpec para tratar de hablar con los involucrados. Pero al cierre de esta edición no había habido respuesta.
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Por Juan David Laverde Palma
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