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Manuel Antonio González Henríquez, de 86 años, fue recientemente llamado a juicio por ser parte de un “aparato organizado de poder”, como lo determinó la Fiscalía en el caso que investiga el magnicidio de Carlos Pizarro LeónGómez. Según el ente investigador, el exdirector de Protección del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), hace parte de un grupo de determinadores, narcotraficantes, paramilitares y el Estado que tendrían responsabilidad del crimen ocurrido el 26 de abril de 1990, al interior del avión de Avianca HK 1400. En la silla 23 A, el entonces candidato presidencial fue atacado con ráfagas de la sub ametralladora mini-Ingram calibre 380, accionada por Gerardo Gutiérrez Uribe, alias “Yerri”, quien al instante también fue asesinado.
La Fiscalía señala a González Henríquez como uno de los facilitadores de la operación que tenía la finalidad de asesinar al entonces candidato presidencial, aprovechando su poder como director de Protección del DAS. El ente investigador lo acusa de concierto para delinquir agravado. En sus documentos, la Fiscalía señala que la investigación va detrás de: “quienes lo tramaron, lo facilitaron y materializaron”, además, argumenta que detrás del asesinato de Pizarro León Gómez y otros políticos de izquierda, habría un Complot de “notables” de la sociedad colombiana que estaba sembrado terror en el país haciendo parte de esa estructura criminal miembros de la fuerza pública, que estaban retirados o separados del servicio y personas civiles de las cuales sigue siendo materia de investigación 34 años después.
El documento de la Fiscalía conocido por este diario reza: “El imputado que se acusa, como manifestación del anclaje con la siniestra estructura que se puso en marcha, habría hecho parte como sujeto activo, para la época de los hechos, funcionario al mando de la Dirección de Protección y uno de los máximos jerarcas de dicho organismo, cumpliendo con el designio particularmente notorio de facilitar el movimiento de un esquema de escoltas a otro de quien dio de baja al sicario, independientemente del resultado. Por lo tanto, posible responsable de este atentado contra la seguridad pública”.
Desde la Dirección de Protección del DAS, González Henríquez habría coparticipado en el crimen desde su función como director porque habría “movido fichas” para disimular el atentado que ya estaba estructurado y planeado, según la Fiscalía, por autores y financiadores que aún no hacen parte de un proceso judicial y de quienes se estima, siguen vivos y en libertad. Dichas fichas de las que habla el ente acusador, supuestamente, eran detectives del DAS que fueron removidos del esquema de seguridad para que entrara alias “Yerri”, el sicario de Pizarro; y Jaime Ernesto Gómez Muñoz, quien mató al asesino del candidato, para eliminar, al parecer, cualquier rastro de verdad.
Dentro de los testigos del caso que adelanta el ente investigador está Francisco Diego Londoño White, el primer gerente de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada, Metro de Medellín, quien suministró información a la Fiscalía de la existencia de una “verdadera organización de hecho, calculada, maligna y devastadora” detrás del exterminio de los dirigentes de izquierda de la época. En su declaración brindada a la Fiscalía, habría relatado cómo los hermanos Fidel y Carlos Castaño, jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), eran parte de ese plan criminal y cómo el cartel de Medellín le habría indicado algunos detalles: “en el relato que me hicieron de los hechos se me dijo, más o menos, ‘usted sabe que Fidel con Carlitos manejan lo del DAS perfectamente; él tiene allí quien asigne de escolta a quien él necesita que asignen’”.
Asimismo, dentro de la información suministrada, habría expresado que los Castaño tenían dentro del DAS un informante que les aportaba todos los movimientos e itinerarios de los líderes de izquierda. Esa misma persona, al parecer, teniendo pleno conocimiento del actuar delictivo, guardaba silencio y les facilitaba la ejecución de los crímenes con el mismo modus operandi donde la intención y la planeación era dirigida por personas allegadas a Pablo Escobar quienes le daban las instrucciones a “Carlitos”, como denominaban al líder de las AUC, encargado de coordinar con “su fuente” del DAS o con los escoltas para cometer los homicidios como sucedió en el caso de Carlos Pizarro y posteriormente, con el sicario que lo asesinó para eliminar los potenciales testigos y evitar ser descubiertos.
La hija de Carlos Pizarro y hoy senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, en un comunicado dado a la opinión pública el 23 de septiembre de 2024, expresó que esta acusación representa un avance en el caso del asesinato de su padre hace tres décadas. “Esta conclusión refuerza la hipótesis e investigaciones que hemos adelantado la familia Pizarro Sobre las implicaciones del estado colombiano en el asesinato de mi padre. Sin duda, esta decisión representa un avance importante en contra de la impunidad por la que hemos luchado 34 años”, sostuvo la política.
Señala la Fiscalía en su escrito que el rol de Henríquez fue clave en el crimen, porque aunque no haya ejecutado el asesinato directamente, su participación fue crucial en la estructuración del esquema de seguridad que protegía a Pizarro, permitiendo que se debilitara en el momento preciso para que el ataque se llevara a cabo. Además, se le acusa de facilitar la eliminación del sicario, lo que garantizó que no quedaran testigos directos que pudieran vincular a los autores intelectuales y operativos del magnicidio.
A lo largo de los años, líderes del paramilitarismo han sido señalados, incluidos los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil por su participación en estos crímenes contra líderes de izquierda, que fueron asesinados. Sin embargo, la investigación sobre el papel de los agentes estatales ha avanzado lentamente. Con esta resolución de acusación, la Fiscalía reafirma que la investigación por el magnicidio de Carlos Pizarro LeónGómez sigue abierta y busca aclarar la participación de funcionarios del DAS en el crimen, como González Henríquez quien irá a juicio por su rol en la coordinación y ejecución del plan criminal donde fue fundamental para asegurar el éxito del atentado.
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