Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Por primera vez, cinco excomandantes del Bloque Caribe de las antiguas Farc enfrentan cargos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por 827 secuestros cometidos en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena y Sucre, entre finales de los 90 e inicios de los 2000.
Los imputados son los exjefes Abelardo Caicedo Colorado, conocido como Solís Almeida; Osmany Landero Rodríguez, alias Hernando González; Gilberto Giraldo Muñoz, alias Aldemar Altamiranda; Luis Cuadras Mejía, alias Leonardo Guerra; y Uriel Oviedo Salgado, alias Manuel Ortiz o Mañe. Estos cinco exlíderes guerrilleros, subordinados al secretariado de las Farc, habrían implementado una política de secuestros con fines de financiamiento y control territorial.
El Espectador habló con la magistrada Julieta Lemaitre, encargada de emitir la imputación y quien lidera la investigación de los secuestros cometidos por la antigua guerrilla, en el Caso 01 de la JEP. De acuerdo con el expediente de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, al Bloque Caribe se le atribuye el 15% de las víctimas acreditadas por el crimen de secuestro, que afectó a 4.213 personas en el país.
En este auto, la JEP documentó 49 sitios en los que hubo “pescas milagrosas”. Las personas eran retenidas hasta que se pagara por su liberación; algunas fueron víctimas de maltrato, tortura y violencia sexual. Y 19 personas siguen desaparecidas.
¿Qué elementos probatorios fueron fundamentales para imputar a estos cinco comandantes como máximos responsables?
La imputación concierne a repeticiones de hechos contra el mismo tipo de víctimas, por el mismo motivo y por las mismas estructuras. Usamos unos hechos que llamamos ilustrativos del patrón y documentamos los que son especialmente graves. La Sala tomó todos los informes y expedientes que entregó la Fiscalía.
También dio la oportunidad de que las víctimas, a través de sus organizaciones, presentaran informes sobre lo que les había pasado, y están las solicitudes de acreditación individuales en las cuales las personas hacen el relato de su secuestro. Todo eso se contrasta: lo que tenía el Estado, los informes, lo que dicen las víctimas; luego se les entrega a los comparecientes y se les dice: “den su versión sobre todo esto que tenemos”.
¿Existieron muchos contrastes entre los testimonios de las víctimas y los comparecientes?
En general, hay un acuerdo. Lo que los comparecientes no reconocen en la versión voluntaria, que es el primer momento, luego con la participación de las víctimas lo reconocen en la imputación. Hasta ahora tenemos un reconocimiento del 100%. El secuestro era un patrón aceptado públicamente por las Farc, sobre todo los secuestros financieros.
Ellos no ocultaban que privaban de la libertad a la gente y cobraban un rescate. Esto era parte de una forma de financiación que incluía también lo que en la época llamábamos vacunas o extorsiones. Hay partes del país donde les ponían bombas para que pagaran. Eso no se ocultó, porque parte de la manera de obtener dinero era el temor que causaban.
Lea: JEP imputó a antiguos mandos del Bloque Caribe de las Farc por “pescas milagrosas”
Frente a los otros tipos de delitos que se registraron durante los secuestros, ¿qué responsabilidad tuvieron los comandantes del Bloque Caribe?
Existen varias discusiones, porque los comandantes aseguran que no dimensionaban necesariamente el maltrato que sufrieron las personas que estaban en cautiverio. Encontramos que muchos de los crímenes que se cometían contra los secuestrados era por parte de la guardia, que eran quienes se encargaban de cuidar a las personas.
En ocasiones les escupían la comida, les gritaban o les pegaban. Hemos encontrado casos en los que violaban a las víctimas y les hacían todo tipo de humillaciones, incluso los torturaban. Eso no hacía parte de la política de las Farc, pero los comandantes no se preocupaban por controlarlo, porque su interés era el dinero.
¿Qué particularidades tuvo esta política de secuestro en la región Caribe?
En el Caribe, estos frentes, que no eran de la región y trataron de instalarse, tuvieron dificultades para dominar los sitios y obtener información para saber a quién secuestrar. Entonces hicieron muchas “pescas milagrosas”, que es la manera más fácil de hacer un secuestro. Encontramos que secuestraron a mucha gente que no tenía plata; no solo lo hacía según el tipo carro, a veces bajaban todo un bus y le preguntaba a cada uno qué tenía, y se reunían pagos de uno, dos y tres millones de pesos.
A mucha gente le tocó endeudarse para pagar el secuestro. Lo otro que encontramos, es que las Farc comenzaron a identificar que la gente que tenía tierra y ganado era millonaria; y sin más información los relacionaron con los paramilitares. Ahí se generó una estigmatización con todo ese sector económico.
¿Cuáles son las afectaciones del secuestro más allá de la privación momentánea de la libertad?
Nosotros hemos documentado el daño en tres dimensiones. La primera es el que se le causó a la persona que estuvo secuestrada, más allá del momento de retención. Muchas quedan con secuelas mentales y el temor se vuelve protagonista de sus vidas de distintas maneras. Otras son las afectaciones a las familias, que tienen que hacer frente a las amenazas y negociar con los grupos.
En muchas ocasiones cuentan que la persona liberada no es la misma que se llevaron. A nivel comunitario también hay muchas secuelas, porque ante el horror, existe una reacción muy humana de pensar que vivimos en un universo justo: si a alguien se le causa un mal es porque se lo merece, eso comienza a romper los tejidos sociales.
De todos los casos que documentó para la realización de este auto, ¿cuál resalta de forma particular?
En el Caribe me pasó algo que me dio esperanza por el ser humano. En las narraciones muchas de las víctimas no preguntaban solo por ellas, sino que preguntaban por la comunidad, o sus vecinos. Eso me hizo pensar: “ahí está la capacidad de curar esa parte del daño que es la desconfianza y el miedo”. Uno de estos casos es de un maestro rural que las Farc secuestraron cuando manejaba un camión cargado con pollos, que habían sido criados por sus estudiantes.
A los tres días, por exigencia de la comunidad, fue liberado. Sin embargo, el maestro quiso acreditar su caso ante la JEP para conocer por qué las Farc secuestraron y asesinaron a una profesora amiga de él. Al final usó el tema del secuestro con los pollos para venir para preguntarles por qué mataron a la profesora.
¿Qué pasos siguen tras esta imputación y cuándo se emitirán las condenas?
Ahora que sacamos el auto, los comparecientes tienen 30 días hábiles para aceptar o rechazar la imputación. Ahí es donde los senderos se bifurcan: si los comparecientes no aceptan, pueden escoger un juicio que sería llevado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). La otra ruta, aceptar la imputación, es la vía dialógica donde se preparan audiencias cara a cara con las víctimas.
Luego viene una parte en la cual ellas pueden proponer proyectos de sanción propia. Todo eso se le manda al Tribunal Especial para la Paz, que es quien decidirá las condenas. Pero para eso todavía falta tiempo, y en la ruta dialógica hay muchas oportunidades.
¿Como hacer para que en este país tan polarizado, estas decisiones no sean parte del paisaje y marquen un hito judicial?
No sé, no tengo respuesta. Lo único es lo que siempre digo: “uno hace lo mejor que puede, porque más no puede”. Lo cual es literal.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más