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Las vidas de María Argensola Bañol, Sigifredo López, Karen Castro Aguirre y Rocío Escorcia están cruzadas por una característica común: son víctimas acreditadas de los macrocasos 01 y 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en los que se investigan, respectivamente, los secuestros cometidos por exmiembros del antiguo Secretariado de las Farc y ejecuciones extrajudiciales por mano de exintegrantes del Ejército en la región Caribe.
En ambos casos, la justicia transicional está ad portas de emitir sus sentencias restaurativas, las primeras tras siete años que lleva activa esa jurisdicción. Estas cuatro personas tienen también una visión común: están inconformes con las sanciones que emitirá la JEP.
Las primeras sentencias están programadas para agosto de este año. El paso previo fueron dos audiencias de verificación que se desarrollaron recientemente en Valledupar (Cesar) y Bogotá. Durante cuatro días, comparecientes y víctimas de ambos casos, de manera separada, se sentaron frente a frente para evaluar los aportes a la verdad que los máximos responsables han entregado a la justicia transicional, así como el nivel de avance de una docena de entidades del Gobierno que tendrán parte en la implementación de las sanciones propias.
Luego de esas audiencias, el tribunal transicional, por reglamento, tiene 31 días hábiles para emitir su sentencia sobre cada caso. Fue un paso clave, pues la audiencia de verificación le da luz verde a la JEP para que pueda emitir sentencia.
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La primera audiencia se llevó a cabo los pasados 24 y 25 de julio en Valledupar, liderada por la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz. Esa diligencia hizo parte del macrocaso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas de personas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, mal llamadas falsos positivos.
Se concentró en el subcaso Costa Caribe, que busca esclarecer 127 asesinatos cometidos en una alianza entre paramilitares y uniformados del Batallón La Popa, por los que 15 militares retirados fueron imputados. Tres de ellos negaron su responsabilidad y fueron enviados a juicio; los otros 12 aceptaron su rol en esos crímenes y esperan la sentencia restaurativa que se emitirá este mes.
La segunda diligencia se realizó el 31 de julio y 1 de agosto, en Bogotá. Abordó el macrocaso 01, sobre toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP; y se centró puntualmente en los casos de secuestro, por los que hay 4.151 víctimas acreditadas ante la JEP.
Pese a las largas jornadas de ambas audiencias, que duraron más de ocho horas cada una, en las víctimas quedó un sinsabor. Muchas manifestaron no sentirse completamente reparadas con las sanciones que se adoptarán ni con los proyectos restaurativos, lo que representa un reto para la justicia transicional, pues es la primera vez en la historia que Colombia se enfrenta a procesos judiciales de este tipo.
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María Argensola Quintero
La mayora embera, María Argensola Quintero, llegó desde Riosucio (Caldas) a Caquetá para iniciar una nueva vida. En plena Navidad de 1997, su hijo mayor, John Jairo Cantillo Quintero, de 20 años, fue secuestrado por el frente 14 de las Farc en el caserío de Flandes, en Cartagena del Chairá (Caquetá). Desde ese momento, comenzó una búsqueda por encontrar justicia en el caso, el cual la tiene acreditada en el macrocaso 01.
Además, la mayora también se encuentra incluida en el macrocaso 11 —que investiga las violencias basadas en género durante el conflicto—, ya que siete años después del secuestro: “a mí me violaron porque iban a entregármelo, según ellos”, pero, en realidad, John Jairo había sido asesinado el 15 de enero de 1998.
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La verdad sobre cómo había muerto su hijo fue conocida por la mayora en 2023 por las declaraciones de “firmantes de paz, no comparecientes, que me han dicho que a él le hicieron un consejo de guerra”. Quintero fue una de las 80 víctimas que acudieron en diciembre pasado para conocer de antemano la sanción al antiguo secretariado de las Farc, y todavía sigue esperando que los exjefes le respondan por el paradero de los restos de su hijo.
“Sabemos que ellos no van a contar dónde tienen los cuerpos, por qué lo hicieron. Nosotros en parte tuvimos la culpa de haber aceptado un proceso a medias. Ahora, nos tenemos que atener a las consecuencias y pues lo poquito que podamos investigar nosotros mismos, pues eso ya es ganancia para nosotras. Pero si duele mucho que no sean capaz de decir la verdad”, dijo.
Sigifredo López
El 11 de abril de 2002, en la ciudad de Cali, las Farc se tomaron la Asamblea del Valle del Cauca y secuestraron a 12 diputados. El único sobreviviente es Sigifredo López, quien hoy es víctima acreditada ante la JEP. El secuestro de los diputados buscaba presionar al gobierno de Andrés Pastrana para hacer intercambios por guerrilleros presos. Esperando ser “canjeado” en algún momento, López perdió siete años de su libertad, y el 5 de febrero de 2009 fue entregado en una operación de rescate humanitario.
Los otros 11 diputados terminaron siendo asesinados en la selva por las Farc. En 2012, la Fiscalía señaló a López de participar en el crimen de sus colegas; señalamientos de los que logró demostrar su inocencia y por las que el Estado fue condenado a repararlo de manera económica y simbólica.
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En el caso de los diputados del Valle, López afirma que el antiguo secretariado no ha brindado verdad y que todavía existen muchas interrogantes sobre la totalidad de quienes participaron en el secuestro.
“El magistrado (Camilo Suárez), en la audiencia del 31 de julio, dijo textualmente que para la gente estaban satisfechas las exigencias de verdad y las exigencias de reparación hechas por los comparecientes y lo dijo empezando la audiencia, cuando esta se trataba precisamente de escuchar a las víctimas y luego verificar el cumplimiento. O sea, de nada sirvió que las víctimas y los apoderados judiciales demostráramos que los señores no han cumplido ni con la verdad, ni con la reparación para restaurar los proyectos de vida de las víctimas”.
Rocío Escorcia
El 28 de julio de 2004, Jhon Jader Escorcia salió de su casa en Fundación (Magdalena), para atender una oferta de trabajo. “Llegaron unos señores a buscar personas para recolectar café. Él tenía un niño recién nacido y no había trabajo, le sonó la idea y se fue con cuatro muchachos más”, le contó a El Espectador su hermana, Rocío Escorcia. No tuvieron más noticias de él hasta que, 15 días después, su madre fue informada de lo que había sucedido: “Los soldados habían matado a mi hermano”.
La familia no creyó que estuviera muerto, lo buscaron en Valledupar e interpusieron luego la denuncia por su desaparición. Siete años más tarde, por una publicación en un medio de comunicación regional, Rocío encontró a su hermano: había sido sepultado como N.N. en el cementerio Jardines del Ecce Homo. En 2013 su hermano fue exhumado y en 2016 le entregaron a la familia los restos plenamente identificados.
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“Mi mamá se enfermó, se murió de tristeza y de melancolía, de no saber por qué el Ejército le mató a su hijo”, narró Rocío. Esa pregunta fue respondida cuando la JEP la acreditó como víctima por el caso del Batallón La Popa, pues accedieron a información sobre los máximos responsables. “Nos contaron cómo lo habían planeado y cómo había sucedido, nos enteramos de cosas que en la justicia ordinaria nunca hubiéramos logrado”.
Agregó que la JEP ha hecho un buen trabajo y que las sanciones están bien para los comparecientes por haberse acogido al sistema especial, pero no reparan del todo a las víctimas: “No hay nada que pueda reparar el dolor que nos ha causado el Estado. Los proyectos se aceptan porque fueron requisitos del Acuerdo de Paz. Personalmente, no hay nada que me pueda reparar, me hicieron mucho daño. Pero me alegro por muchas familias que sí se siente reparadas y conformes con los proyectos”.
Karen Castro Aguirre
A Rocío Escorcia y Karen Castro Aguirre las une el hilo de su historia; ambas fueron acreditadas como víctimas de falsos positivos en el Batallón La Popa. Carlos Alfredo Castro Aguirre, el hermano de Karen, fue uno de los jóvenes que entre el 28 y el 29 de julio de 2004 salieron a trabajar como recolectores de café y nunca regresaron.
Sin embargo, para su familia la tragedia ha sido peor, pues aunque presumen que el joven también fue sepultado como N.N. en el cementerio Ecce Homo de Valledupar, donde hubo una exhumación de 287 cuerpos por orden de la JEP en 2024, aún no les han entregado los restos. “Él estaba sin trabajo, aceptó e invitó a un amigo que tenía un niño pequeño (Jhon Jader Escorcia). Lo que no sabían era que lamentablemente nunca más íbamos a verlos. El dichoso reclutamiento no era para recoger café, sino para asesinarlos y presentarlos como bajas dadas en combate”, le contó Karen a este diario.
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María Otilia Aguirre, la madre de esta víctima, también murió esperando encontrar a su hijo y darle una sepultura digna. “Fueron 15 años de una búsqueda incansable, de tocar puertas, pedir ayuda y buscar a las instituciones. Mi dolor tan grande ante el Estado es porque mi mamá fue mil veces humillada, pisoteada y ofendida. En el cementerio le dijeron que había más de mil cuerpos, que sí quería sacarlo, cavara ella misma”, narró Karen.
Ella es otra de las víctimas que reconocen que la JEP, especialmente la magistrada Ana Manuela Ochoa Arias, han sabido acompañarlos. Sin embargo, las sanciones se quedan cortas: “Para mí, como víctima, las sanciones no son reparadoras ni estoy de acuerdo. Pero el Acuerdo no lo hice ni lo firmé yo; cuando me acogí a la JEP sabía que esto podía pasar. Lo que me impulsa a mantenerme es encontrar los restos de mi hermano”.
Las respuestas de la JEP
El Espectador consultó al presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, por las profundas inquietudes de las víctimas. La primera respuesta del togado fue que “la Jurisdicción ha adelantado un importante esfuerzo por consultar, durante todo el proceso, a la mayoría de las víctimas y por gestionar sus peticiones. Hemos buscado que las acciones que adelanten los comparecientes, como parte de su sanción, atiendan a las afectaciones que ellas, sus familias, comunidades y los territorios experimentaron”.
Agregó: “Parte del proceso restaurativo ha sido brindar desde el inicio acompañamiento psicológico y jurídico a las víctimas para garantizar su participación. Las víctimas formularon observaciones, preocupaciones y propuestas que están siendo consideradas. Se ha ajustado el contenido de las sanciones a las realidades territoriales”.
Por otro lado, Ramelli señaló que los proyectos que se han conocido no serán los únicos que deberán cumplir los comparecientes, dado que las iniciativas se irán ajustando y actualizando a lo largo de la ejecución de las sentencias. El magistrado precisó que las reparaciones económicas individuales están en manos de la Unidad para las Víctimas.
Y, en relación con la ausencia de verdad de los máximos responsables alertada por las víctimas, Ramelli explico que la sanción propia no es el punto final del proceso restaurativo, pues los victimarios están comprometidos a seguir aportando la verdad después de la emisión de la sanción. Para el presidente de la JEP, esa entidad ya logró mucho más de lo que hizo la justicia ordinaria por décadas, pues en esta última el índice de impunidad es del 92% y los máximos responsables eran juzgados en ausencia.
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“Esta justicia ha permitido que la gran mayoría de los máximos responsables reconozcan que cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad, y hoy les dan la cara a la justicia y a las víctimas. Ello representa un punto de inflexión en la historia judicial del país. Y hemos superado el umbral de verdad de la justicia ordinaria”, dijo.
Agregó: “Los comparecientes de las Farc-EP como de la fuerza pública han aportado verdades que antes no conocíamos. Por ejemplo, hoy sabemos, quién ordenó el secuestro de los diputados del Valle, por qué, cómo se ejecutó, quiénes participaron, quién de la asamblea colaboró y cómo fueron las marchas de la muerte. Los comparecientes de las Farc-EP reconocieron no solo las torturas y malos tratos a los que sometieron a sus víctimas, sino que también decidieron masacrarlos”.
Ramelli concluyó con que los magistrados de la Jurisdicción están en constante aprendizaje y ajustan, con el tiempo, los protocolos para atender las necesidades de las víctimas, y garantizarle la seguridad jurídica a los comparecientes. “La reparación no puede vivirse como una imposición, sino como un proceso de reconstrucción colectiva”, dijo el presidente de la JEP. Sin embargo, como lo evidencian las entrevistas a las víctimas, el camino recorrido en estos siete años parece insuficiente, aún más cuando, se suponía, la justicia especial iba a ser para ellos.
A pesar de que se les prometió ser el centro del proceso transicional, al unísono consideran que las primeras sanciones van a ser insuficientes. Ello quiere decir que el primer gran resultado de la JEP verá la luz, según las propias víctimas, con una carga de desconfianza y desazón desde su inicio.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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