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En medio de las dos masacres que ocurrieron en Corinto (Cauca) a finales de octubre pasado, fue asesinado otro excombatiente de las Farc en el colindante departamento de Caquetá. El crimen de Wilson Parra en el municipio de Curillo, perpetrado el pasado 29 de octubre, pasó desapercibido para la mayoría del país. Sin embargo, para los exintegrantes de la guerrilla que se acogieron al Acuerdo de Paz en el suroccidente del país, fue otro triste recordatorio del peligro al que se exponen al estar comprometidos con la reincorporación. Según el Partido FARC, desde que se firmó el acuerdo con el gobierno, al menos 170 excombatientes han sido asesinados, 15 de ellos en Caquetá, seguido por Antioquia (18), Nariño (23) y Cauca (30).
La delicada situación de orden público que vive el departamento caqueteño, antiguo corazón de las extintas Farc, tiene a varios exguerrilleros temerosos de hablar ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Algunos de los líderes y piezas claves del grupo subversivo durante el conflicto armado en Caquetá están citados ante esta justicia en diligencias de versión voluntaria para hablar en el caso 001 —o ya hablaron—, relacionado con el tema de secuestros. “Algunas personas de la región están esperando que ellos hablen para cobrarles los crímenes que estos cometieron en el pasado”, dijo una fuente cercana al proceso de reincorporación en el departamento, que pidió anonimato por seguridad.
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En Caquetá, antiguo santuario guerrillero, las Farc, entre 1965 y 2013, realizaron 53 ataques a cabeceras municipales del departamento y 455 secuestros, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Entre ellos, dos de los hechos victimizantes emblemáticos de la guerra cometidos por la grupo ilegal: la masacre de la familia Turbay Cote el 29 de diciembre de 2000, cuando se dirigían en la vía que de Florencia conduce a Puerto Rico. El segundo, a finales de 2009, el secuestro y posterior asesinato del gobernador del departamento Luis Francisco Cuéllar, quien estuvo cinco veces en cautiverio y fue señalado de tener nexos con el paramilitarismo. La justicia nunca los pudo comprobar.
Otro funcionario del Gobierno que tiene continuo contacto con los excombatientes de los dos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) que hay en Caquetá aseguró que hay grupos narcotraficantes —incluidas las disidencias—, empresarios y “ganaderos” a quienes no les “conviene o no les gusta” que los antiguos miembros de la guerrilla se asienten en la zona. También señaló que el asesinato del exguerrillero Alexánder Parra el pasado 24 de octubre dentro del ETCR de Mariana Páez en Mesetas (Meta) aumenta más el temor de los exguerrilleros. “Parra era uno de los principales líderes e incluso trabajaba con el Gobierno. Estaba comprometido con la paz”, señaló el funcionario público, quien pidió no se revelara su nombre para no exponer su vida.
El Espectador se contactó con tres líderes excombatientes de las Farc que se encuentran en los dos ETCR en Caquetá, pero ninguno se quiso referir a los temores propios o que tendrían algunos de sus compañeros de declarar ante la JEP. “Es muy difícil que hablen sobre sus preocupaciones ante los medios porque ellos ahora viven con sus familias y temen por sus vidas. Cada semana están matando a un reincorporado y eso tampoco ayuda mucho”, afirmó el funcionario gubernamental.
A esta compleja situación se suman las amenazas y seguimientos que han recibido 22 abogados que defienden y asesoran a los excombatientes de la guerrilla ante la Jurisdicción Especial para la Paz. La misma suerte han corrido los uniformados de la Fuerza Pública que se han presentado ante la justicia transicional para confesar delitos en los casos de ejecuciones extrajudiciales, denominadas como “falsos positivos”. Tras sus declaraciones ante los magistrados de la Sala de Reconocimiento, sus familiares e incluso sus abogados han sido perseguidos y amenazados de muerte.
¿Cuál es la situación de orden público en Caquetá? En el sur de Caquetá hay presencia de diferentes carteles del narcotráfico. Según la Defensoría del Pueblo, entre ellos está el cartel Héroes del Valle, una organización que lleva funcionando hace al menos tres años en este y otros departamentos como Huila y Tolima. Según la Sijin, la organización es financiada por la Oficina de Envigado. Otro grupo criminal es el cartel de Saladoblanco, mafia que lleva el nombre del sureño municipio huilense y que se ha movido hacia Caquetá buscando comprar pasta de base de coca para enviarla a Norteamérica. Esta mafia narcotraficante está relacionada con el clan Triana Peña de Neiva, el cual a uno de sus líderes lo extraditó el gobierno colombiano a Argentina por delitos de narcotráfico.
La Defensoría también ha detectado la presencia de miembros del cartel de Jalisco Nueva Generación de México, el cual mueve pasta de coca desde el Caquetá. El órgano veedor denunció durante la pasada campaña electoral, que existía un riesgo de que “los grupos de narcotráfico posicionen gobernantes para sus propósitos”. El dato cobra total relevancia por los señalamientos que hubo en contra del ahora del gobernador electo, Arnulfo Gasca de tener nexos con la ilegalidad (y que hasta ahora no han sido demostrados) y la reciente condena de la Corte Suprema contra el gobernador del departamento, Álvaro Pacheco, por sus nexos con grupos paramilitares que se nutrían del narcotráfico.
En junio pasado, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, denunció la presencia en Caquetá del Cartel de Sinaloa, sin embargo, la Policía dice que solo se trata de emisarios de la organización del Mayo Zambada. En ese momento el defensor indicó que en los municipios de Solano, Curillo y San José del Fragua hay presencia del cartel transnacional, “cuyo interés está en la compra y venta de la pasta base de coca, así como en el control de las rutas para la venta de coca y marihuana hacia Brasil y Perú”. En esa oportunidad también expresó su preocupación por el reclutamiento de menores, de lo cual hoy se habla por la muerte de ocho menores durante un bombardeo a un campamento de las disidencias en Caquetá.
(Vea: Defensor del pueblo denunció presencia del cartel de Sinaloa en Caquetá)
Los temores de los excombatientes se centran, según supo este diario, en la conformación de organizaciones de delincuencia común y sicariales, que en algunos casos provendrían del paramilitarismo. Aunque la Defensoría no ha identificado esta clase de bandas criminales, sí destaca que existe una serie de ataques y amenazas contra excombatientes y funcionarios que trabajan en la implementación del Acuerdo de Paz. “Preocupa la ocurrencia de hechos vulneratorios de los derechos humanos cuya autoría se desconoce, es decir, no se asocian al actuar de los grupos disidentes, y que están produciendo un ambiente generalizado de inseguridad y zozobra en San Vicente del Caguán y La Macarena (Meta)”, señala una alerta temprana de enero de 2019.
Además de estos ataques de los que se desconoce su origen, las disidencias de las Farc vienen en un proceso de reconfiguración y han extendido sus acciones a varios municipios. El frente 40 desde San Vicente del Caguán y la zona compartida con La Macarena (Meta), hacia el oriente del primero y la zona de Cartagena del Chairá. Asimismo, la aparición de las disidencias del frente 62 con un grupo autodenominado “Unidad Rodrigo Cadete de las FARC-EP”, la cual lleva el nombre del jefe disidente que murió en combate en febrero pasado y que hace presencia en San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Cartagena del Chairá, sur de La Montañita y con apariciones esporádicas en el Paujil.
En la zona sur del departamento, particularmente en municipios ubicados sobre la franja del río Caquetá (Curillo y Solano) ha hecho presencia la disidencia del frente primero, el primer grupo que se hizo a un lado del Acuerdo de Paz en junio de 2016 y que es comandado por alias Gentil Duarte. En el primer semestre de 2019 hizo presencia en zona rural del municipio de Curillo un grupo autodenominado como Frente Carolina Ramírez, el mismo que ha hecho presencia en Vaupés. Este avance de las disidencias en Caquetá es otra alerta para los excombatientes, quienes son señalados como “traidores de la causa” en los panfletos amenazantes y en los que argumentan que ellos son “las verdaderas FARC-EP”.
Luego de la salida de las Farc de los territorios y su posterior desmovilización, los disidentes del Bloque Oriental que actuaban en Meta y Guaviare fueron ingresando y consolidando su accionar en el departamento del Caquetá, principalmente, en los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá. Por su parte, una estructura disidente de la Columna Móvil Teófilo Forero se ubicó sobre el corredor de la cordillera oriental, entre San Vicente del Caguán y Puerto Rico, interesados en el control de las rentas legales (ganadería, bienes y servicios, explotación petrolera) e ilegales (economía de la coca y control de corredores del narcotráfico).
También existe interés, dice la Defensoría, en los corredores de movilidad terrestres y fluviales que desde San Vicente del Caguán permiten la movilidad hacia los departamentos de Huila, Meta y Guaviare; y por el río Caguán, con los municipios de Cartagena del Chairá y Solano (Caquetá) y los departamentos de Amazonas y Putumayo, que son utilizados para el tráfico de sustancias ilícitas hacia Brasil. Además, estas zonas han sido empleadas para la movilidad de hombres, armas y la ubicación de zonas de aprovisionamiento y repliegue, hecho que les ha permitido evadir los operativos militares y la consolidación de sus estructuras.
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