El tiquete que causó revuelo

La legalización del pago de un tiquete de $14 millones, expedido en noviembre del año pasado por un viaje a París para la esposa del segundo comandante de la Armada, tiene hoy enfurecidos a 16 parlamentarios, en entredicho a una conocida agencia turística contratista del Estado, en aprietos a un capitán de navío que está como agregado militar en República Dominicana, y desconcertada a la misma cúpula de la institución. Derechos de petición de un lado y del otro, quejas vehementes de la Cámara de Representantes y una investigación interna de la Armada son el panorama de este entuerto administrativo que ha generado toda suerte de suspicacias.

Por invitación del gobierno francés, el 19 de octubre de 2007 los altos mandos de la Marina colombiana fueron notificados de un evento que se llevaría a cabo en París entre el 18 y el 25 de noviembre del mismo año. El almirante Carlos Humberto Pineda Gallo, segundo comandante de la Armada, fue comisionado para asistir al encuentro, al que llegó acompañado de su esposa, Estela Bermúdez. En principio, a través de la agencia Subatours —la cual tenía un contrato de prestación del servicio de tiquetes aéreos para la Armada—, la compañía Air France expidió a nombre de la señora Bermúdez un pasaje a París en clase económica por un valor de $9’739.000.

Sin embargo, éste tuvo que ser ajustado a clase ejecutiva —la misma en que viajaba el almirante Pineda—, aumentando casi $4 millones. En total, el traslado Bogotá-París-Bogotá costó $13 millones y medio. No obstante, el dinero para sufragar ese vuelo fue el tema que enredó la madeja. Por no ser ella funcionaria de la institución, ni la Armada ni Subatours podían tomar dinero del presupuesto oficial para cubrir el viaje,  la empresa turística optó por pagar el tiquete de su cartera mientras se resolvía la formalidad. Así, durante tres meses, la legalización de los tiquetes permaneció en el tintero.

Pero en febrero de 2008, el director de personal de la Armada (y encargado de administrar los pasajes en la entidad), el capitán de navío Manuel Antonio Hernández, fue designado en la embajada colombiana en República Dominicana. De repente, Hernández se vio obligado a resolver con prontitud el lío, pues necesitaba un paz y salvo de Subatours para poder trasladarse. Según Gustavo Delgado, representante legal de la agencia, lo que hizo Hernández fue una especie de trueque: utilizó cierta cantidad de millas de la Armada acumuladas con Avianca y las canjeó por 16 pasajes nacionales que equivalían a la deuda del viaje de la señora Bermúdez. Es decir, se fraccionó el saldo.

Para ello, sostuvo Delgado, en la Armada le pidieron un listado cualquiera de pasajeros para que Avianca expidiera los tiquetes y se legalizara el débito. Dicho de otro modo, Subatours podía disponer como quisiera de los pasajes endosados. Y así fue. Delgado suministró 16 nombres y la Armada aprobó los tiquetes. Nadie se hubiera percatado de la irregularidad de este hecho, de no ser porque los 16 potenciales beneficiarios de dichos vuelos eran nada más y nada menos que congresistas de la República. Y lo peor, parlamentarios que ignoraban que sus nombres fueron usados para tapar un hueco administrativo derivado de un viaje a Francia.

Mediante oficio Nº 071632, del 7 de febrero de 2008, la Dirección de Personal de la Armada le solicitó a Avianca que expidiera 16 tiquetes ida y vuelta a distintos destinos nacionales, incluidos los números de cédula de los parlamentarios y el récord de cada trayecto. El documento fue firmado por el capitán de navío Hernández. Entre los viajeros figuraban la medallista olímpica y representante María Isabel Urrutia y sus colegas Lidio Arturo García —hoy segundo vicepresidente de la Cámara—, Liliana Rendón, Víctor Vargas Polo, Musa Besaile, René Garzón y Karime Mota. Nueve tiquetes tenían un valor de $958 mil cada uno, otros eran de $702 mil y unos más de $646 mil. Sumados, en todo caso, daban un total de $14’040.000.

En diálogo con El Espectador, Gustavo Delgado reconoció que este procedimiento fue irregular, pero que en su opinión, la mayor responsabilidad del asunto recae en la Armada, que fue finalmente la que le pidió un listado para condonar la deuda y la que oficializó, a través de un acto administrativo, una compra simulada de 16 tiquetes a Avianca, cuyos beneficiarios resultaron siendo congresistas que ahora se enteraron de la soterrada transacción. Delgado, quien ya no es contratista de la Armada, le dijo a este diario que no ha denunciado ante organismos oficiales el tema pero que está dispuesto a acudir a la justicia si es requerido.

La molestia en los congresistas involucrados en este episodio fue evidente una vez fueron consultados por este diario. Algunos ya tenían noticia sobre el enredo y de hecho le habían pedido cuentas a la Armada. Otros no tenían la menor idea y se apresuraron a jurar a pie juntillas que no han tenido nexo alguno con la Armada y que ésta jamás les ha ofrecido viajes. “Ni siquiera conozco un avión de la Armada. No pueden utilizar nuestro nombre así”, señaló Dumith Antonio Náder, representante del Partido de la U por Córdoba.

Por su parte, Lidio Arturo García se quejó así: “Eso es imposible, la Armada nunca me ha ofrecido viajes. Eso es totalmente irregular, una vil mentira”. Mario Suárez Flórez, representante liberal por Santander, le solicitó a la Fiscalía que investigue a fondo: “Que me digan qué vuelo fue el que hice. Nadie de la Armada me ha ofrecido viáticos, y además yo no los debo que recibir. ¡Ni bobo que fuera!”. El presidente de la Cámara, Germán Varón Cotrino, le dijo a El Espectador que un parlamentario puso la queja y se decidió citar a Gustavo Delgado para que diera sus explicaciones.

Subatours es, actualmente, la empresa que provee los tiquetes aéreos a la Cámara de Representantes. De ahí que cuando la Armada le solicitó 16 nombres cualesquiera para legalizar la deuda que tenían con su agencia, éste les suministró los nombres de los congresistas. “Le metimos una vaciada entre todos, porque este señor no podía utilizar los nombres de los parlamentarios. Él nunca nos dijo que los pasajes tenían que ver con la Armada. Es indelicado por parte de la agencia de viajes. Además, la Armada no puede gastar la plata en personas ajenas a la institución”, concluyó Varón Cotrino.

El Espectador se comunicó con el capitán de navío Hernández, quien expresó que Subatours lo asaltó en su buena fe: “Teníamos una relación de confianza con la compañía, por eso recibimos el listado sin problemas. Yo vi muchos nombres, pero jamás se me ocurrió que fueran congresistas. Fue una falta de delicadeza por parte de ellos, por supuesto que nosotros no les proporcionamos tiquetes a los representantes. Lo que hicimos fue un canje que no tuvo nada de irregular, porque eran recursos de la Armada para asuntos institucionales”. Desde mayo, la Armada adelanta una investigación interna y está ad portas de tomar una determinación en torno a todo este enredo administrativo.

Fuentes de la Armada le dijeron a este diario que harán lo necesario para resolver este asunto y así evitar cualquier sospecha de corrupción en contra de la institución. En últimas, ya está probado que nada hubo de irregular en el acompañamiento que hizo la esposa del almirante Pineda Gallo al evento en Francia, pero el lío se concentra en la legalización de su tiquete.             

Decir  que el capitán Hernández fue asaltado en su buena fe sería tanto como decir que la Armada le firmó un cheque en blanco a Delgado para condonar la deuda pendiente. ¿Cómo es posible que una entidad oficial apruebe la compra de unos tiquetes para unos ‘desconocidos’, sólo porque su contratista envió un listado cualquiera, con el fin de salirle al paso a una urgencia?