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El 18 de julio de 2018 el fiscal delegado ante la Corte Jorge Velásquez Niño no encontró evidencias de delitos en el caso de las exministras Cecilia Elvira Álvarez y Gina María Parody, investigadas por interés indebido en la celebración de contratos en relación con el escándalo de la Ruta del Sol II. Por esa razón, en un documento de 39 páginas, archivó el proceso. Pero el pasado 3 de abril el expediente fue revivido por Leonardo Espinosa Quintero, fiscal ad hoc para investigar el caso Odebrecht. Lo hizo en respuesta al informe de dos funcionarios de policía judicial que el día anterior –el 2 de abril– pidieron estudiar “la viabilidad, utilidad, conducencia y pertinencia” de desarchivar el expediente con base en “nuevos elementos de convicción emanados de los órganos de control”.
Se referían al pliego de cargos de la Procuraduría contra Álvarez y Parody, a un fallo del Tribunal de Cundinamarca sobre las irregularidades en el billonario contrato de la Ruta del Sol II, reportes de la Contraloría y hasta el expediente de la Superintendencia de Industria y Comercio. Este diario conoció el documento de 12 páginas firmado por Espinosa, en el que ordenaba reanudar las pesquisas y en el que, además, criticaba el archivo que el fiscal Velásquez otorgó a las exfuncionarias el gobierno Santos. “Se trató de un análisis puramente subjetivo que no habilitaba el archivo toda vez que, como se sabe, el archivo solo procede por ‘atipicidad objetiva’”, aseguró Espinosa. Nuevamente Álvarez y Parody quedaron bajo sospecha.
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La génesis de este proceso se remonta a una denuncia que hicieron varios congresistas del Centro Democrático –Ernesto Macías, María del Rosario Guerra, José Obdulio Gaviria, entre otros– , quienes señalaron irregularidades contractuales en la adición del contrato de la Ruta del Sol II para la construcción de la vía entre Ocaña y Gamarra. Según ellos, dicho proyecto benefició a la familia de Gina Parody, que entonces integraba un consorcio interesado en construir y operar la terminal portuaria Andalucía, ubicada en la margen derecha del río Magdalena en Gamarra (Cesar). Según los denunciantes, la exministra de Transporte Cecilia Álvarez participó en varias etapas de la adición y, junto con Parody, en la aprobación de un Consejo de Política Social en 2014, que declaró la importancia estratégica de la vía Ocaña-Gamarra.
En criterio de los congresistas del Centro Democrático, las exministras no se declararon impedidas en el trámite de un proyecto en el que tenían interés económico. Tras revisar el expediente, el fiscal delegado Jorge Velásquez concluyó que ni Parody ni Álvarez habían cometido delitos, en tanto sí manifestaron sus impedimentos. Además, que fueron la Agencia Nacional de Infraestructura y Cormagdalena las entidades que tramitaron y ejecutaron esos proyectos, por lo cual “no se deriva interés alguno en las operaciones en las que intervinieron en razón de su cargo”. Otra tesis tuvo la Procuraduría que, un día después del archivo en la Fiscalía, es decir, el 19 de julio de 2018, les formuló cargos por presuntas faltas disciplinarias por los mismos hechos.
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En desarrollo de las nuevas pesquisas, el pasado 9 de abril Leonardo Espinosa delegó esta investigación a Christian Leonardo Wolffhügel Gutiérrez, un abogado que ha desarrollado su carrera como docente de la Universidad Sergio Arboleda, la misma de Espinosa. Su nombramiento tiene una particularidad: fue designado por expresa petición de Espinosa, pero quien lo nombró fue el fiscal Néstor Humberto Martínez. Como se recuerda, Martínez se declaró impedido en este y otros dos procesos de Odebrecht por su pasado como litigante y apoderado del Grupo Aval y del propio Consorcio de la Ruta del Sol II. A través de la Resolución 00224 de febrero de 2016, Wolffhügel Gutiérrez fue designado “fiscal delegado ante la Corte para los casos de Odebrecht definidos por la Corte”.
Se posesionó el 4 de marzo pasado. Y, casi un mes después, le fue encargado revisar el expediente de las exministras Parody y Álvarez. Expertos consultados señalaron que es preocupante que, aun cuando trabaje para Leonardo Espinosa, el fiscal Gutiérrez dependa funcionalmente de Néstor Humberto Martínez. “Es la Fiscalía la que paga su salario, que ronda en los $30 millones; pero, además, los fiscales delegados son de libre nombramiento y remoción, y dependen del despacho del fiscal”, sostuvo un reputado penalista que prefirió no ser citado. Otro recordó que el único fiscal ad hoc en el pasado fue Álvaro Orlando Pérez, e investigó solo el caso del exprocurador Orlando Vásquez Velásquez a mediados de los años 90. Así lo hizo, justamente, para garantizar imparcialidad en el expediente.
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“Cómo hacen semejante chambonada –señaló otro jurista–. La mujer del Cesar no solo debe ser, sino parecer. Esto no tiene presentación. Es como si la Fiscalía de Martínez investigara los procesos en donde Martínez resultó impedido. ¿Y entonces para que este desgaste institucional?”. El penalista Francisco Bernate terció: “Dado que la figura del fiscal ad hoc no tiene reglamentación, Espinosa no se encuentra facultado para designar al equipo que lo acompaña en sus funciones, el asunto está a cargo del fiscal Néstor Humberto Martínez. Esto significa que los funcionarios que trabajan con Espinosa, en la práctica, dependen de la cabeza del ente acusador”.
En ese contexto, añadió Bernate: “El profesor Wolffhügel Gutiérrez es prenda de garantía para los colombianos, es un académico reconocido que se encuentra laborando para el despacho del fiscal ad hoc Espinosa. Pero sus asuntos laborales como nombramiento, destitución, permisos o traslados dependen de Martínez. Es deseable que al fiscal ad hoc se le permita nominar a las personas a su cargo, tal como lo hace el fiscal general”. El exmagistrado Jaime Córdoba añadió: “Aunque en este caso, hasta donde es posible saber, no existe impedimento directo en el fiscal delegado, lo cierto es que el fiscal ad hoc disponía de otras alternativas para conformar su equipo”.
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Según Córdoba, la salida a este vacío legal sería que Espinosa designara fiscales delegados ante los tribunales que estén en carrera judicial, “cuya competencia y jerarquía son indiscutibles. Además, no tienen la limitación de un fiscal delegado ante la Corte, cargo de libre nombramiento y remoción del fiscal ”. Otros analistas conceptuaron que, sin un equipo idóneo, el fiscal ad hoc no podría investigar de forma imparcial, rápida y transparente los hilos sueltos de Odebrecht. El Espectador trasladó estas inquietudes al fiscal ad hoc Leonardo Espinosa, quien reveló que solo dos de sus colaboradores son de carrera: el fiscal Napoleón Botache y un funcionario de policía judicial.
En ese sentido, admitió que sus otros dos fiscales, Christian Wolffhügel Gutiérrez y Juan Ignacio Palacio no son de carrera, pero explicó que en su elección como fiscal ad hoc para los casos de Odebrecht, la Corte dispuso que podía contar con el personal adicional que requiriera “que, en todo caso, no puede provenir de una estructura diferente a la de la Fiscalía”. Espinosa recordó que la Corte desestimó la petición de la Procuraduría para que se adoptara una estructura independiente. Y remató: “Al doctor Christian Wolffhügel lo escogió y postuló el suscrito fiscal ad hoc, con total autonomía e independencia, así como al resto del equipo”. Y precisó que sus colaboradores dependen solo de él. El debate está servido.
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