El yate de la discordia del magistrado Pretelt

Todo comenzó en enero de 2002, cuando Núñez y Pretelt decidieron comprarle la embarcación Aguja a Jaime Borda Martelo, suegro de Núñez y papá de la exreina de Colombia Sandra Borda. Para tal efecto, hicieron una promesa de compra venta y le cancelaron a Borda $70 millones. Cada uno pagó la mitad. Pero, según el expediente, para registrar el cambio de dueños en la Capitanía del Puerto tanto Pretelt como Núñez debían adjuntar un Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes.

El tiempo pasó y ambos hicieron uso del yate. Pero pronto empezaron los líos por cuenta de los gastos de mantenimiento de la motonave, reparaciones de motor y el parqueo. Además, en la promesa de compra venta quedó estipulado que 30 días después de haber hecho el pago de la lancha, él y Pretelt debían registrarse como los nuevos dueños ante la Capitanía. Núñez consiguió el certificado y le pidió a Pretelt que lo presentara para formalizar el registro. A finales de 2004 este trámite no se había hecho y Borda seguía figurando como propietario. Los problemas crecieron y Pretelt pidió vender su parte del yate, pero no fue posible.

Entre tanto, según Gerardo Núñez, su suegro Jaime Borda le manifestó una y otra vez que él no podía seguir apareciendo ante las autoridades como el dueño de la lancha y que debía resolverse ese registro. Fue así que después de varios cruces de comunicaciones entre Pretelt y Núñez, en las que se echaban culpas por este enredo, este último decidió suscribir en noviembre de 2004, de manera unilateral, un contrato de compra venta con su suegro para quedar como dueño del Aguja. En agosto de 2005 le informó a Pretelt lo que hizo. Y fue Troya. El hoy magistrado los denunció a él y a su suegro por estafa.

En 2008, un fiscal archivó el caso en favor de Borda, pero acusó a Gerardo Núñez. El 20 de junio de 2012, el Juzgado Tercero Penal de Cartagena lo condenó a 32 meses de prisión por estos hechos. En febrero de 2014, el Tribunal Superior de Cartagena confirmó dicho fallo. El caso llegó a la Corte Suprema, que concluyó que “no hay prueba alguna de inducción o mantenimiento en error por parte de Núñez sobre Pretelt”, que está claro que ambos “no consiguieron limar sus diferencias acerca de los gastos de mantenimiento del bien y sobre los documentos requeridos para efectuar su registro como nuevos propietarios”, pero que esta pelea que se desató era más de índole civil que penal.

Y añadió el alto tribunal: “Resulta obvio que si en los primeros días de existencia de la sociedad Jorge Pretelt hubiera entregado los documentos necesarios para hacer la inscripción de los nuevos propietarios en la Capitanía del Puerto de Cartagena, así se habría procedido. De manera que fue él quien con su incuria (negligencia) dio lugar a esa situación de indefinición sobre la propiedad de la nave por cerca de dos años, hasta que su socio la finiquitó”. En ese contexto, fue absuelto de toda responsabilidad Gerardo Núñez, quien en diálogo con El Espectador señaló que a pesar del nuevo contrato en el que figura como único dueño, nunca ha desconocido que Pretelt es dueño de la mitad del yate.

Núñez agregó que se vio obligado a hacer esto para evitar cualquier lío con su suegro en tanto éste seguía figurando como propietario. Y que tan transparente fue esta maniobra, que le contó todos los detalles a Pretelt. Incluso, según dijo, le insistió al hoy magistrado que sacara su certificado de Carencia de Informes de Tráfico de Estupefacientes y que de inmediato procedería a corregir los registros de propiedad del Aguja. La respuesta del jurista fue una denuncia por estafa y un calvario judicial de ocho años. “No he estafado a nadie, soy un hombre correcto”, dijo Núñez.

Y sobre Pretelt manifestó: “Para mí es una persona que quiso abusar de su poder. Este es un proceso civil y no debió valerse de artimañas para tratar de condenarme. Todos los jueces de Cartagena, como era obvio, por su connotación de magistrado no se atrevían a fallar en su contra. Pero la verdad triunfó”. Su abogado, Álvaro Agudelo, resaltó que al magistrado no se le ha desconocido la propiedad sobre el yate, pero que las pretensiones de indemnización del magistrado orbitaban los $500 millones. Por ahora hay un proceso civil paralelo.

Entre tanto, el magistrado Pretelt insiste en que fue víctima de una vulgar estafa entre un yerno y su suegro, pertenecientes a una prestante familia cartagenera. “Gerardo Núñez y su suegro me robaron la lancha, que hoy está a nombre de Núñez. Se concertaron para defraudarme. Me engañaron, la prueba está en que yo no figuro como dueño. ¿Qué tal que yo como magistrado de la Corte Constitucional cambiara una promesa de compraventa? Acabado estuviera”, explicó con vehemencia el jurista.

La Corte Suprema, en todo caso, ya dio su última palabra sobre el proceso. El magistrado Pretelt está más molesto que nunca. Su socio Gerardo Núñez —porque no se ha liquidado este negocio— está pensando en demandar al Estado. Es el epílogo de una historia repleta de acusaciones mutuas y con un yate a la deriva.

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