Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En el pabellón de quemados de estas elecciones legislativas hay varios congresistas con investigaciones a cuestas por su presunto rol en los escándalos judiciales más sonados de los últimos años. Parapolítica, cartel de la toga, el “caso Uribe” y presuntas redes de compra de votos, son algunas de las pesquisas en las que están señalados. Estos son algunos de los representantes a la Cámara y senadores que no harán parte del próximo Congreso y que, sin embargo, podrían continuar siendo investigados. Según se defina en cada caso, podría ser la Fiscalía o la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
(Lea también: Elecciones 2022 en Colombia: ganadores y perdedores)
Nilton Córdoba (Partido Liberal)
El representante a la Cámara por el Chocó, Nilton Córdoba, ha estado inmerso en varios escándalos judiciales, y, aunque en el pasado eso no ha impedido que saque miles de votos, por ahora no volverá al Congreso. El caso más sonado del congresista liberal es el cartel de la toga, en el que se le acusa de pagar sobornos para engavetar una investigación en la Corte Suprema. En concreto, al parecer, en el despacho del exmagistrado Gustavo Malo se habrían refundido pruebas y se habrían aplazado, una y otra vez, diligencias. El principal delator en su contra fue el exjefe Anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno, quien además fue su abogado.
Cuando ya se conocían las declaraciones de Moreno, en 2018, Nilton Córdoba se lanzó a reelección en la Cámara por Chocó y obtuvo 23.650 votos. Este año, el congresista liberal aspiraba llegar al Senado con otros cinco expedientes judiciales a cuestas por presunto lavado de activos, supuestos hechos de corrupción cuando fue alcalde, además del juicio que atraviesa por el cartel de la toga. Pero no le alcanzaron los más de 46.000 votos que obtuvo para llegar a la Cámara alta.
Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático)
El exrepresentante a la Cámara del Centro Democrático es una de las personas que aún sigue siendo investigado por la Corte Suprema por el caso Uribe. El abogado, que había decidido dar el salto para estas elecciones al Senado luego de haber renunciado a su escaño en abril de 2021, sería uno de los hombres que intentó torcer la versión de un testigo clave contra el expresidente Álvaro Uribe. En ese momento, cuando renunció a su cargo el año pasado, solicitó que su expediente pasara a la Fiscalía. Sin embargo, la Corte determinó que su proceso debía quedarse en el alto tribunal.
(Le puede interesar: Las razones de la Corte Suprema para seguir investigando a Álvaro Hernán Prada)
En la última providencia, la Corte Suprema argumentó que Álvaro Hernán Prada habría utilizado su investidura para llegar con más fuerza al testigo Juan Guillermo Monsalve, quien señaló al expresidente de conformar grupos paramilitares en Antioquia durante los años 90. Un señalamiento que el expresidente ha negado tajantemente. Por estos hechos, también está en juicio el exabogado de Uribe, Diego Cadena y quien también ha insistido en su inocencia.
Laureano Acuña (Partido Conservador)
Para mañana, 16 de marzo, está programado la versión libre contra el senador del Partido Conservador, Laureano Acuña, quien fue uno de los “quemados” electorales en la más recientes votaciones al Congreso y que definieron cómo quedará el legislativo desde julio próximo hasta 2026. El actual congresista será escuchado por la Corte Suprema luego de que su nombre saliera mencionado como parte de una red de compra de votos en la Costa Caribe.
(Lea también: Laureano Acuña niega que audios en su contra hablen de compra de votos)
Las investigaciones penales contra Acuña iniciaron a raíz de las declaraciones que entregó la excongresista Aida Merlano, por compra de votos y delitos electorales en el país. También, el alto tribunal tuvo en cuenta los audios aportados por el abogado de Merlano, Miguel Ángel del Río, en las que supuestamente el congresista del partido conservador, el denominado ‘El Gato Volador’, habla de supuestamente comprar 70.000 votos para su campaña política.
Daira de Jesús Galvis (Cambio Radical)
La actual senadora de Cambio Radical, quien buscaba renovar su curul en las pasadas elecciones del 13 de marzo, pero solo consiguió 49.619 votos, está siendo investigada por sus presuntos nexos con grupos paramilitares. El caso de Galvis ha estado en la Corte Suprema y, cuando fue llamada a indagatoria por el alto tribunal, pidió que lo enviaran a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde ha tenido que hablar sobre sus presuntos vínculos con miembros del Bloque Héroes de los Montes de María y del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Según las averiguaciones que se han adelantado contra la senadora, este grupo armado la habría ayudado financieramente a llegar al senado en el periodo 2006-2010.
Podría interesarle: Caso Mintic: Corte Suprema abrió indagación preliminar contra cuatro senadores
Por otra parte, en septiembre de 2021, la Corte Suprema abrió una indagación preliminar contra Galvis y otros tres senadores por sus supuestas intervenciones para que no caducar el polémico contrato entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mintic) y la unión temporal Centros Poblados. Armando Benedetti, Antonio Luis Zabaraín Guevara y Mauricio Gómez Amín también fueron denunciados ante el alto tribunal por la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común y por la Red de Veedurías de Colombia.
Margarita Restrepo (Centro Democrático)
La actual representante a la Cámara por Antioquia no logró los votos necesarios para permanecer otro periodo en el cargo y, además, está en medio de una investigación en la Corte Suprema, porque, al parecer, habría participado en un negocio relacionado con una empresa fantasma en Estados Unidos. En este lío jurídico, la representante, al parecer, se habría enriquecido ilícitamente con esta sociedad, como lo reveló el columnista Yohir Akerman en 2015. También resultaron mencionados el exministro Andrés Felipe Arias, su esposa, Catalina Serrano, y el activista Ernesto Yamhure.
Lea también: Los chats de Ernesto Yamhure a un magistrado de la Corte Suprema
Restrepo ya ha hablado ante el alto tribunal y su defensa sostiene que han entregado a la Corte todos los documentos que probarían que el negocio del que hizo parte la representante a la Cámara estuvo dentro del marco de la legalidad. Dentro de los papeles que presentó Restrepo, habría pruebas de que ella pidió un crédito para participar del negocio que le propuso Yamhure, quien, al parecer, según registros públicos, había formado tres empresas ficticias en los años 2007, 2008 y 2009.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más