Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Gustavo Lizarazu fue un infiltrado del Ejército quien durante dos años y medio accedió al área de sistemas del Eln en Arauca. Gracias a su testimonio, entre otras versiones de informantes y exguerrilleros, en 2003 la Fiscalía libró más de 60 órdenes de captura en la región, que terminaron en los juicios por el delito de rebelión contra 24 contratistas, funcionarios, alcaldes, concejales, diputados y gobernadores, por presuntos nexos políticos y económicos con el Eln. Así como entonces, la Fiscalía tiene la hipótesis de que la administración pública durante la última década ha estado al servicio de la guerrilla, tras imputar al actual gobernador José Facundo Castillo Cisneros y al exgobernador Ricardo Alvarado Bestene, jefe de departamento entre 2016 y 2019.
En contexto: Se han articulado los intereses del Eln y el gobernador de Arauca: Fiscalía
Las audiencias preliminares contra Castillo y Alvarado iniciaron a mediados de octubre pasado. Ambos fueron vinculados a una investigación por varios delitos relacionados con contratación y financiación de grupos de delincuencia organizada. Aún no se resuelve si van a prisión preventiva, como lo pidió la Fiscalía tras enseñar parte de su material de prueba. Entre los argumentos están testimonios de exguerrilleros que revelaron supuestas reuniones, en Arauca y el estado de Apure en Venezuela, de ambos con capos del frente Domingo Laín Sáenz. Asimismo, la Fiscalía se incrimina a Castillo supuestos contratos con el Eln por $5.362 millones. Ambos se declaran inocentes.
Luis Eduardo Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación, considera que “es imposible ser gobernante en Arauca sin tener relación con la guerrilla”. Tal ha sido el abandono estatal que, en su concepto, los administradores están obligados a decidir con la variable del Eln entre sus cuentas. “Hay dos grandes poderes. El del Estado colombiano y el Estado informal que ejerce poder en el territorio. Entonces, si uno piensa desde la teoría, las labores básicas del Estado formal como la seguridad, la justicia y la tributación, son labores que ejercen también las guerrillas. El Eln coloca un orden de seguridad, de tramitación conflictos y de administración de justicia”, dijo.
Lea también: Imputan al gobernador de Arauca por supuestos nexos administrativos con el Eln
El investigador agrega que en los municipios de Fortul, Tame, Saravena y Arauquita, incluso, hay gran desconfianza hacía las instituciones del Estado surgidas tras el paro de 1972 en Saravena, con el cual campesinos reclamaron salud, educación y vías en condiciones dignas. “De ahí en adelante, se abre un periodo de conflictos y malos manejos de esas pugnas por parte de los gobiernos. El origen del Eln en Arauca es parte de ese movimiento campesino radicalizado y que ve en el Estado un enemigo”, agregó. Otra fuente consultada, investigadora en terreno, señaló que “es cierto que la guerrilla cogobierna. Muchos sectores sociales le piden permiso al Eln y no a la gobernación”.
Un historial similar
La Misión de Observación Electoral (MOE), en una monografía político-electoral sobre Arauca entre 1997 y 2007, concluyó que desde 1990 el Estado en el departamento fue “capturado”. El frente Domingo Laín Sáenz, explicó, a partir de ese momento “se involucró en los procesos electorales para garantizar que sus aliados ocuparan cargos de elección popular y, así, dominar el terreno estatal y capturar los recursos de las regalías del petróleo”. La MOE encontró situaciones similares a las relacionadas en la imputación contra Alvarado y Castillo. Por ejemplo, el primer gobernador de elección popular, Luis Alfredo Colmenares (1992-1994), fue investigado por supuesta entrega de dinero al Eln a través de fondos públicos de fomento y juntas de acción comunal.
Le puede interesar: Ricardo Alvarado, exgobernador de Arauca, imputado por presunta relación con Eln
Colmenares fue asesinado por paramilitares en 2001. Su sucesor en la gobernación, José Vicente Lozano (1995-1997), fue condenado en 2010 por rebelión, pues fue alcalde de Saravena, diputado a la asamblea y gobernador, gracias a la promoción que recibió del Eln. “Destinó fondos públicos a promover y a favorecer a la agrupación subversiva”, destacó la Corte Suprema. Otro exgobernador, Héctor Federico Gallardo (2001-2003), fue sentenciado en primera instancia, no obstante, en diálogo con este diario aclaró que la acción penal en su contra prescribió y, por tanto, es un ciudadano inocente. “No tengo ninguna relación con Alvarado y Castillo Cisneros”, explicó. Sobre Lozano, la Fundación Pares ha registrado que es prófugo y que podría estar en Venezuela. Esa es una de las hipótesis de la Fiscalía en los casos de Castillo Cisneros y Alvarado Bestene y, por tanto, espera que en los próximos días el juez del caso decida que afronten su proceso penal en prisión.
El problema de la “Arauca Saudita”
El descubrimiento del yacimiento de petróleo Caño Limón (Arauquita), a principios de los ochenta, llevó luz eléctrica a varios municipios y permitió la creación de nuevas vías en el departamento. Según el magíster en Ciencia Política Leónel Pérez Bareño, en columna para la Fundación Pares, la bonanza petrolera logró que el presupuesto seccional pasara de US$ 1 millón en 1986, a US$ 100 millones en 1991. “Arauca Saudita se embriagó de codicia y locura”, dijo. El Estado formal se encargó de proteger ese activo, pues significó que Colombia dejara de importar crudo. Se creó el oleoducto Caño Limón-Coveñas, infraestructura víctima de reiterados ataques del Eln.
Lea también: Arauca, bajo el fuego del Eln y las disidencias
“Durante y después de la construcción del oleoducto, el frente Domingo Laín recauda importantes cantidades de dinero por medio de extorsiones y secuestros cobrados a las empresas asociadas a la industria petrolera”, señaló en un informe de 2015 la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, agrega que la guerrilla ha recibido dinero producto de las regalías que deja el petróleo y que se financian de contratación pública: “cuando el Eln pone la carga explosiva, ya tiene definida la empresa que va a arreglar la emergencia. A la sociedad le cobra un porcentaje de lo que se gana en el contrato”.
“Fuentes nos han dicho en medio de investigaciones que gobernadores y funcionarios son presionados de forma armada o veían la forma de solucionar los problemas con negocios. Hay un tema de corrupción altísimo. El Eln dice: ‘no nos pisemos las mangueras, todos ganamos’. Si los políticos no asumen eso, asumen la presión militar de que los declaren objetivo. A la hora del té no tendrían mucha margen: o me declaro objetivo militar o termino en corrupción”, agregó Rosanía. El tiempo y la justicia resolverán qué le depara a Castillos Cisneros y Alvarado Bestene, por expedientes que se perfilan similares a los de sus antecesores.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más