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Más de 5.000 personas desplazadas y confinadas. Establecimientos comerciales cerrados. Enfrentamientos entre grupos al margen de la ley. Combates contra el Ejército y ataques con drones. Soldados muertos y heridos. Ese es parte del panorama que se vive desde hace dos semanas en los municipios de Santa Rosa del Sur y Montecristo (Bolívar), donde la confrontación entre Ejército de Liberación Nacional (Eln) y Clan del Golfo ha generado una crisis humanitaria que tiene en alerta a mandatarios regionales y organismos de derechos humanos. Autoridades locales denuncian que, pese a la acción de la Fuerza Pública, no hay presencia integral del Estado y la crisis podría seguir escalando.
No es nueva la disputa territorial entre Eln y Clan del Golfo en esa zona del país, que está justo en el corazón del corredor que comunica al Magdalena Medio con la región del Catatumbo (Norte de Santander), y la frontera entre Colombia y Venezuela. En lo que va de 2025, ambos grupos han sostenido confrontaciones por el control de las economías ilícitas, especialmente la explotación de oro, que es una de las principales fuentes de financiación del Eln en la región.
No es para menos, pues según cifras de inteligencia militar, en el sur de Bolívar cada año se producen al menos 500 toneladas de oro legal e ilegal. Una mina para la financiación de grupos ilegales, incluidas las disidencias de alias “Calarcá”, que también tienen incidencia allí.
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“Hay una lucha por el control territorial, una pelea por quién tiene el control de las minas de oro en el sur de Bolívar. Ellos se dieron cuenta de que con el oro pueden financiar sus estructuras sin necesidad de utilizar la coca. El Eln se refugia en la población, les dice ‘nadie puede salir ni entrar’ y los utiliza como escudo para que el Clan del Golfo no entre. No hay actividad en esos pueblos al día de hoy”, explicó el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, en un pronunciamiento medios de comunicación.
El mandatario regional dijo que el paro armado anunciado hace dos semanas por el Eln obligó al cierre del comercio, la suspensión de clases en instituciones educativas y la restricción de movilidad para campesinos en zonas rurales.
En ese contexto, el departamento entró en una de las crisis humanitarias más preocupantes de los últimos años. La Defensoría del Pueblo dice que al menos 1.200 personas se han tenido que desplazar desde los corregimientos de Canelos, Villaflor, Buenavista y las veredas La Mariposa y Pie de Sabana (Santa Rosa del Sur).
Otras 7.000 están confinadas por cuenta de las amenazas del Eln, sus confrontaciones con el Clan del Golfo y los combates en los que participan unidades de la Primera División del Ejército. Esas cifras, según proyecciones de las autoridades regionales, podrían seguir creciendo. Se prevé que al menos 5.000 personas más podrían desplazarse, si no se controla pronto la situación.
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Al problema de la explotación ilegal de oro se suma el narcotráfico. Según cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, en 2023 en Bolívar permanecían sembradas 10.770 hectáreas de coca. La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su preocupación por la guerra que desató el interés de los grupos ilegales por controlar esas fuentes de financiación y que ha causado escasez de víveres, alimentos y combustibles.
“Esta es una zona estratégica y que está en disputa entre los grupos armados por el paso hacia el Cesar y el Catatumbo, también por ser el corredor para expandirse territorialmente y controlar rutas que son básicas hasta la frontera con Venezuela”, dijo la defensora Marín en un comunicado.
La respuesta armada
Ante la crisis que se vive en la región por cuenta del confinamiento orquestado por el Eln y los combates que dejan en medio a la población civil, el Gobierno respondió con acción de las Fuerzas Militares. El pasado viernes, primero de agosto, un contingente del Ejército con 300 uniformados fue enviado a Santa Rosa del Sur y Montecristo, para replegar la acción de Eln y Clan del Golfo.
No obstante, cifras de las Fuerzas Militares indican que ambos grupos ilegales suman al menos 600 hombres en armas, por lo que en la tarde del 4 de agosto se conoció que al menos diez pelotones más llegarán para reforzar la acción de las tropas de la Primera División y de las Fuerzas de Despliegue Rápido (Fudra) del Ejército, que están allí.
A ese refuerzo del Ejército se sumarán también unidades de patrullaje fluvial de la Armada y de la Fuerza Aérea. Además, el mayor general Juan Carlos Correa Consuegra, actual subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas, fue enviado por orden del almirante Francisco Cubides, el comandante general de las Fuerzas Militares, para que atienda directamente desde Santa Rosa del Sur la situación y se ponga al frente de la respuesta militar a la crisis.
Junto a otros altos mandos de la cúpula militar y de Policía, definirán cuál será la estrategia de repliegue, con el objetivo de evitar que en el sur de Bolívar se replique la situación vivida en enero de este año, en la vecina región del Catatumbo, donde, por la guerra, fueron obligados al desplazamiento más de 68.000 personas, según la Defensoría.
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En medio de las operaciones de las Fuerzas Militares, los uniformados también han sido blanco de ataques por parte del Eln y el Clan del Golfo. El 31 de julio, en un sector conocido como Mina Cañón (Montecristo), hombres del Ejército fueron atacados por integrantes de la estructura Erlin Pino Duarte, del Clan del Golfo.
En ese hecho murió el soldado profesional Adrián Camilo Madera Tapia; otro uniformado resultó herido. Luego, el pasado primero de agosto, mientras tropas del Ejército intentaban replegar la arremetida de los grupos armados, fueron atacadas con drones del Eln en la vereda Pie de Sabana (Santa Rosa del Sur). Seis soldados resultaron heridos y tuvieron que ser evacuados hacia Bucaramanga (Santander) para recibir atención médica.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, coincidió en que la escalada violenta en el Sur de Bolívar tiene una sola razón. “La codicia criminal por el oro, entre los carteles del Eln, las disidencias criminales y el Clan de Golfo”, escribió en su cuenta de X. Agregó que las Fuerzas Militares y la Policía han estado el frente de la situación, intentando recuperar el control de los corredores viales, tomados por los grupos ilegales para evitar la llegada de alimentos y combustibles.
“Aunque se ha recuperado gran movilidad de la población civil entre Santa Rosa y Canelos, los ataques con drones, principalmente por parte del cartel del Eln, intentan desabastecer y aislar a la población para avanzar en su avaricia criminal de control ilegal de la minería”, dijo el ministro.
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“Atacar a la población civil es un acto cobarde y una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario. Frente a ello, además de desplegar todas las capacidades necesarias de la Fuerza Pública para neutralizar la amenaza, condenamos con firmeza este atentado y advertimos: quienes usan explosivos para intimidar y presionar a las comunidades no son rebeldes, son terroristas. El cartel del Eln, las disidencias criminales y el cartel del Clan del Golfo, están cometiendo crímenes de guerra al intentar someter a las comunidades mediante el miedo, bloqueando corredores humanitarios y generando desabastecimiento para sembrar hambre en mujeres, niños y adultos mayores”, agregó el alto funcionario en su publicación.
Acciones insuficientes
A pesar de los pronunciamientos desde el sector Defensa y el despliegue de uniformados en la zona, las autoridades regionales y los entes de control coinciden en que las respuestas armadas no son suficiente; y lo que necesita la región, para evitar que se replique lo que está pasando en otros sitios como el cañón del Micay (Cauca), es la presencia integral de todas las instituciones del Estado.
“Yo no quiero más reuniones, más consejos de seguridad ni más pelotones. Lo que quiero son acciones contundentes”, dijo el gobernador Yamil Arana. Agregó que, sin respuestas, desde hace seis meses advirtieron que la situación se podría escalar: “Lastimosamente, no pudo prepararse la Fuerza Pública lo suficiente para las acciones que están tomando los grupos armados hoy”.
La Defensoría se adelantó a lo que podría ocurrir en el sur de Bolívar. El 28 de septiembre de 2023 emitió una alerta temprana sobre la región y el 10 de febrero de este año expresó su preocupación por los riesgos que representaba para los habitantes de Cantagallo, Santa Rosa del Sur y Montecristo la disputa por el control de la minería de oro ilegal en la Serranía de San Lucas.
“En lo que va de 2025, la región ha sido escenario de cuatro desplazamientos forzados masivos, cinco poblaciones confinadas, homicidios selectivos, amenazas a líderes y lideresas sociales, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y el aumento del uso de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados”, señaló la entidad.
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Por su parte, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente para atender la crisis humanitaria, “consecuencia de las restricciones impuestas por grupos armados ilegales que impiden la entrada y salida de la población, así como el acceso a bienes esenciales”.
El ente de control llamó a la Unidad Nacional de Protección (UNP), al Ministerio del Interior, a la Defensoría del Pueblo, a la Unidad para las Víctimas y a las Fuerzas Militares “a actuar de forma coordinada, reforzar la presencia institucional en el territorio, activar el plan de contingencia municipal y desplegar misiones humanitarias con acompañamiento del Ministerio Público y organizaciones de derechos humanos”.
Todas las entidades del orden regional y nacional que se han pronunciado sobre la situación coinciden en que las restricciones impuestas a las comunidades por los grupos armados son una violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Sumado a que, mientras no haya presencia integral del Estado, el riesgo de que la situación siga escalando es inminente.
Para la tarde del 4 de agosto estaba citado un consejo de seguridad en el que las autoridades evaluarían la situación. Sin embargo, como lo dijo el gobernador Arana, las reuniones y las respuestas armadas son insuficientes. “No es un problema solamente militar, sino también un problema social”, concluyó.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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