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Desde hace una semana, el Gobierno Nacional decretó la emergencia carcelaria. Su situación no daba para menos: peticiones de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo en ese sentido, disturbios en 13 cárceles del país, 23 muertos como saldo de un motín que se salió de control en la cárcel Modelo de Bogotá. Los presos de todos los puntos cardinales, como pudieron, le dijeron al país de su temor de que el nuevo coronavirus se colara entre sus paredes, se hiciera imparable y causara una tragedia catastrófica. Pero las cárceles colombianas, desde hace muchos años, ya son una tragedia en sí.
¿Cómo llegó Colombia a esta situación? Para entenderlo, es necesario remontarse a un antecedente esencial en la historia de las cárceles del país: el fallo de tutela 153 de 1998 de la Corte Constitucional, en el cual, por primera vez, ese alto tribunal que había nacido siete años atrás hizo una evaluación de fondo sobre un tema al que tantas sociedades le hacen el quite: el estado de las cárceles. Lo hizo a raíz de dos tutelas, una presentada por un recluso de la cárcel de Bellavista (Medellín) llamado Manuel José Duque y otra por el también interno Jhon Jairo Hernández.
En su recurso, Duque pidió una sola cosa: que descongestionaran la cárcel de Bellavista, dijo, para “para evitar el perjuicio irremediable de tener que seguir soportando esta tortura a la cual he sido sometido desde hace año y medio”. Con su tutela, Duque dijo que buscaba asimismo “evitar que a cualquier momento alguno(s) de los oprimidos se vean obligados a recurrir al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. Y, entonces, pasó a describir lo que veía en la cárcel de Bellavista: un panorama dramático y desolador para la gente que, se supone, el Estado busca resocializar. (Las cárceles de cara al COVID-19: Cuando estar aislado significa hacinamiento)
“En un pasillo hay 40 camarotes con capacidad para 40 internos, los internos a su costa construyeron 40 zarzos, ampliando la dormida para 80 personas. Al hacer los zarzos el clima aumentó su temperatura de 25 a 35 o 40 grados en muchas ocasiones, haciéndose insoportable la dormida, pues, por el calor, sólo se puede conciliar el sueño después de la medianoche y cuando baja un poco la temperatura, pero lo injusto es que no habemos (sic) 80 internos por pasillo, sino que habemos 170 o 180 personas por pasillo” y mientras unos (los de las celdas) nos encontramos durmiendo en baños de sauna, otros sufren la inclemencias del frío, tirados en el pasillo de las celdas”.
Él sabía que hacía parte del fondo de la pirámide social colombiana. Por eso no pedía lujos, sino lo básico: “Si uno cae a una cárcel debería de tener un mínimo espacio para dormir y tener servicio de agua”. Cuando la tutela empezó a seguir su curso, el entonces director de Bellavista confirmó las denuncias. Le contó a la justicia que el pabellón octavo albergaba “una población muy superior a la pensada para su destinación”, que con los zarzos se duplicó la capacidad del espacio y la temperatura, de paso, pero que, del hacinamiento, “la administración se halla tan desprotegida como los internos”.
El funcionario hizo un señalamiento puntual: la problemática de la cárcel no era un problema del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), sino una debilidad de política criminal. Enumeró leyes desde 1993 que solo apelaban a la carcelación y al aumento de penas. “(Si la política es) “incrementar hasta límites no pensados la población carcelaria”, indicó el director de la cárcel, no se puede culpar al Instituto. La prisión de Bellavista, contó él, se construyó con la capacidad de alojar a 1.500 internos. Pero para esa época, año 1997, ya albergaba a 4.969 hombres. (Suspenden visitas a todas las cárceles del país por coronavirus)
Cuando el Tribunal Superior de Medellín -que estudió el caso antes que la Corte- recibió la tutela, le pidió al Ministerio de Justicia, también demandado, que se pronunciara. Pero el tema no fue de su interés. La cartera respondió que el recurso debió radicarse “exclusivamente” contra el Inpec, que las peticiones del recluso Manuel José Duque no eran “de su competencia”, pues la responsabilidad de la política carcelaria y penitenciaria era solo de esa entidad. A su vez, el director de cárcel Bellavista criticó que, en el país, política criminal y política penitenciaria fueran la misma cosa.
La segunda tutela El 4 de agosto de 1997, un grupo de reclusos de la cárcel La Modelo de Bogotá -la misma en que murieron 23 internos el pasado 21 de marzo de forma violenta, tras un motín cuyas circunstancias aún no son del todo claras- le dijo a la justicia vía tutela que había planes para remodelar algunos pabellones y, así, “acomodar a un mínimo de cuatro (4) internos dentro de un espacio de 6.60 metros cuadrados, haciendo caso omiso de las exigencias de tipo técnico, humanitario y legal, que se exige en estos casos”. La remodelación, alertaron, incrementaría “las ya de por sí precarias condiciones de vida de la población carcelaria”.
Explicaron que, aunque el régimen carcelario y penitenciario indicaba que cada preso debía tener una celda y un espacio de 9,9 metros cuadrados, ubicar a cuatro hombres en una misma celda de un área de 6,6 metros les daba como resultado un espacio individual no superior a los 1,65 metros cuadrados. Se quejaron de que, con las obras planeadas, iban a quedar aún más hacinados y, encima de todo, sin visitas conyugales, pues al meter a cuatro reclusos en una misma celda, les tocaría hacer fila para los llamados lugares especiales, lo que les resultaba “aberrante y vergonzoso”.
La Modelo, dijeron los tutelantes hace 23 años, fue construida 40 años atrás -o sea, hace más de seis décadas a hoy- con una capacidad para 1.800 personas y, en ese momento, ya hospedaba a 4.500. Según datos actualizados del Inpec, la población carcelaria de esa prisión es 4.996 personas, pero la capacidad es para 3.081. O sea que la sobrepoblación es del 62 %, lo cual muestra que lo que era problema en 1997 sigue siéndolo en 2020. Celdas sin ventilación, problemas de salubridad, limitaciones en el acceso a servicios esenciales como el agua -hoy tan necesaria para que los internos puedan asearse y tratar de prevenir un brote del nuevo coronavirus-: nada ha cambiado. (El fallido motín de la cárcel Modelo que acabó en matanza)
Lo que dijo la Corte La razón por la que este fallo es histórico es porque, por primera vez, la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional en las prisiones y de ello se notificó al presidente de la República, que para la época era Ernesto Samper; a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes; a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura; al fiscal general, que era Alfonso Valdivieso; a gobernadores y alcaldes; a presidentes de asambleas, concejos municipales y hasta a los personeros. En pocas palabras: el drama de las cárceles era un asunto de todos, les dijo el alto tribunal.
La Corte envió comisiones judiciales tanto a Bellavista como a La Modelo para comprobar lo que los internos reclamaban: el hacinamiento y sus consecuencias. “La situación de hacinamiento carcelario sigue empeorándose mes por mes”, anotó la corporación. En la prisión de Bellavista habían saltado de 3.029 internos en enero de 1995 a 5.125 en noviembre de 1997, un aumento del 63 %. “Las condiciones de reclusión en las dos cárceles citadas son absolutamente infrahumanas, indignas de una persona humana, cualquiera sea su condición personal”, dijo entonces la Corte.
Luego, el alto tribunal pasó a hacer un examen más amplio del panorama carcelario en el país. Con base en cifras del Inpec, señaló que en ese momento, el hacinamiento llegaba al 45 %. Hoy, según la misma entidad, sobrepasa el 51 %: el problema solo ha crecido. “La mayoría de los establecimientos carcelarios fueron construidos hace muchos años y de ahí el deterioro que presentan sus instalaciones, las redes hidráulicas y los sistemas eléctricos. En esas condiciones, los centros de reclusión pierden su capacidad de albergue y se inutiliza un número apreciable de celdas y áreas para talleres, aulas, sección de sanidad, etc”, le dijo la Defensoría del Pueblo a la Corte. (“Estamos en emergencia social y esto incluye a la población carcelaria”: Johana Bahamón)
Lo peor, indicó el alto tribunal, es que “las condiciones de hacinamiento en los centros de reclusión del país no constituyen, sin embargo, una gran novedad. En efecto, en otros momentos de este mismo siglo también se han presentado críticas situaciones de sobrepoblación carcelaria”. El problema viene de siempre. A finales de 1971, por ejemplo, con 58.125 internos, se registró “la peor de las crisis de hacinamiento vivida” en la cual intervino hasta el Papa Paulo VI, quien visitó el país en 1968y pidió rebajas de penas. Para 1973, la población carcelaria era de 36.500 internos.
En 1993, el recién creado Inpec empezó a mejorar la infraestructura carcelaria, erigiendo pabellones de máxima seguridad e invirtiendo en más de 50 cárceles. Aún así, “el hacinamiento se volvió un personaje común en las cárceles preventivas”. Se promulgaron leyes, como la 415 de 1997, para “descongestionar los establecimientos carcelarios del país”. Nada hizo efecto. El Inpec, por su parte, explicó que el crecimiento demográfico, el lento proceso de reposición de centros carcelarios y el “auge vertical de la detención preventiva” eran algunas de las causas principales para explicar la problemática.
“Muchos de los establecimientos carcelarios que existen en el país no fueron erigidos con fines de reclusión, circunstancia que explica muchas de sus falencias”, señaló la Corte. El Plan de Desarrollo y Rehabilitación del Sistema Penitenciario Nacional de 1989 ya indicaba que “el 54,8% de los establecimientos encuestados está en malas condiciones de infraestructura física y dotación de equipos, muebles y enseres (11.4% en situación crítica) y “el 41% presenta un envejecimiento de más de 50 años de construcción”. Documentos Conpes también señalaban que varios centros penales “difícilmente” cumplían el fin que perseguían. (“Resolver el hacinamiento carcelario vale $5 billones”: Uspec)
“Evidentemente, las condiciones de hacinamiento impiden brindarle a todos los reclusos los medios diseñados para el proyecto de resocialización (estudio, trabajo, etc.). Dada la imprevisión y el desgreño que han reinado en materia de infraestructura carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los reclusos ni siquiera puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la prisión, tales como contar con un camarote, con agua suficiente, con servicios sanitarios, con asistencia en salud, con visitas familiares en condiciones decorosas”, concluyó la Corte.
“El Estado tiene deberes especiales para con los reclusos”, resaltó la corporación, que incluye garantizarles el “goce pleno” a ciertos derechos en aras de su resocialización, el objetivo principal de privar a alguien de su libertad. “No se debe mezclar a los sindicados con los condenados”, dijo en su momento la Corte, algo que aún sigue pasando. “La sobrepoblación en los centros de reclusión del país constituye una vulneración grave de la obligación del Estado de brindar condiciones dignas de vida a los internos”, agregó el alto tribunal, recordando las obligaciones de Colombia al respecto.
“Las autoridades públicas están instituidas para proteger la vida, honra, bienes y demás derechos de los ciudadanos”, añadió la Corte. Palabras que hoy, con una problemática carcelaria en ebullición por cuenta del brote de la COVID-19 en el mundo, parece que se las llevó el viento. Con base en toda esta información -y en muchos otros datos-, la Corte Constitucional concluyó en 1998 que, en el país, había un estado de cosas inconstitucional en las prisiones. Después de 22 años, el panorama no ha cambiado. Al contrario, se ha agravado. Por eso, los presos de tantas cárceles reclaman que se tomen medidas urgentes para evitar que la pandemia cause una tragedia intramural.
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