Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La historia de Transmilenio y Emilio Tapia Aldana es una que perdura en el tiempo. El zar de la contratación fue condenado tres veces por ser el nexo entre contratistas y políticos corruptos que negociaron coimas con los recursos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), durante la ejecución de la troncal de la Avenida 26 de este sistema masivo de transporte en Bogotá, entre 2008 y 2010. Tapia, según la Fiscalía, era la persona que, a la sombra, movía los hilos de la empresa Omega Buildings, parte de la cuestionada unión temporal Centros Poblados, envuelta en el escándalo de un contrato con el Ministerio de las Telecomunicaciones (Mintic).
Lea también: Caso Mintic: Estas son las pruebas de la Fiscalía contra Emilio Tapia
Esa empresa, con sede en Bogotá, hace parte de otro consorcio que se llevó un fuerte coletazo tras la decisión del Mintic de declarar la caducidad de un polémico contrato que, al parecer, fue adjudicado a punta de maniobras corruptas. Omega Buildings quedó sancionado de por vida para contratar con el Estado y, cualquier negocio que tuviera en firme con él, también deberá acabarse. Y, en efecto, existe uno con esta empresa y el IDU. Su objetivo era realizar obras para el mantenimiento de la malla vial en diferentes troncales de Transmilenio. Un tema que conoce muy bien Tapia, a quien la Fiscalía le imputó cargos la semana pasada por su presunta responsabilidad en esas presuntas irregularidades en el contrato de Mintic.
Le recomendamos: Emilio Tapia debe volver a la cárcel por burlas a la justicia: Procuraduría
¿Cómo es que Tapia, quien aceptó cargos por el carrusel de la contratación y después habría participado en otro negocio con el IDU? La respuesta estaría en un edificio de la Calle 93 con carrera 17 de Bogotá. “Allí funciona Omega Buildings”, explicó la Fiscalía en la audiencia de medida de aseguramiento, el pasado 24 de septiembre, contra Tapia y las otras dos personas imputadas por el reciente escándalo de Mintic, un caso que trata sobre la supuesta presentación de documentos falsos por parte de Centros Poblados. A esa unión temporal el ministerio le entregó un billonario contrato en 2020 para llevar internet a 7.000 zonas rurales del país.
Podría interesarle: “No recibimos un peso porque no intermediamos garantías”: Rave sobre caso Mintic
Durante la audiencia, la fiscal del caso Mintic mostró un documento donde están las decenas de entradas y salidas, durante el último año, del zar de la contratación a la oficina 602 de ese edificio en el norte de la capital. “Allí Tapia tenía control de las personas que ingresaban”, explicó la funcionaria sobre el espacio relacionado con Omega Buildings, empresa en la que funge otra persona como representante legal. Omega, integrante en un 15 % de Centros Poblados, no solo está referenciada en el caso Mintic, también es parte de un consorcio que el 11 de diciembre de 2020 firmó un contrato con el IDU para identificación de imperfectos y posterior reparación de las troncales Caracas, Calle 26, Avenida Villavicencio, Calle 6, Calle 13 y Carrera 10.
Le recomendamos: Caso Mintic: las revelaciones del testigo Molina sobre la garantía falsa
El IDU seleccionó al consorcio Construcciones 2020 para ejecutar las obras en las arterias de Bogotá, con un plazo de nueve meses y por un valor de $9.125 millones. De ese consorcio, Omega Buildings representaba el 20 % y, según le explicó el IDU a este diario, el aporte al proyecto fue en “capacidad residual de contratación”. Según el portal Colombia Compra Eficiente, es el soporte económico que ofrece un contratista para cumplir con el objeto del contrato. En el caso Mintic, la fiscal aseguró que parte del escándalo tiene que ver con que, de Centros Poblados, solo una de las cuatro empresas tenía experiencia en negocios de tecnologías y que el resto, como Omega Buildings, representaban el músculo financiero.
Lea aquí: El regreso al ruedo de Emilio Tapia
“Durante un plazo aproximado de nueve meses tenían que hacer actividades preliminares y luego intervenciones que casi siempre son nocturnas. En diciembre se firmaron dos acuerdos a la vez. El contrato 1627, con un consorcio donde participó Intec de la Costa (otro de los integrantes de Centros Poblados) con un 20%. Cuando se da la orden de la caducidad del contrato de Mintic y Centros Poblados, anunciado por la exministra Karen Abudinen, nos ponemos en la tarea de revisar qué empresas de ese consorcio tenían contratos con el IDU y encontramos dos empresas: Intec y Omega Buildings”, le explicó Diego Sánchez, director del IDU, a El Espectador.
Lea también: Caso Mintic: Testigo dice que se negoció 50/50 en el convenio con Emilio Tapia
Intec de la Costa, con una participación del 15 % en Centros Poblados, también es referenciada por la Fiscalía, como una de las empresas que Emilio Tapia manejaría “desde las sombras”. Además de aparecer en el caso Mintic, Intec hace parte del Consorcio Malla Vial 2020, la cual se aseguró un contrato casi idéntico al de Omega Buildings con el IDU de $8.571 millones. Para cuando el Mintic terminó el contrato con Centros Poblados, obligando a las demás entidades del Estado a congelar sus acuerdos con los integrantes de esa unión temporal, el Consorcio Malla Vial ya había ejecutado sus obras en un 99%. En contraste, el caso del consorcio Construcciones 2020, integrado por Omega: para cuando el contrato se congeló, su avance estaba en el 59%.
Podría interesarle: Caso Mintic: cárcel para Emilio Tapia e investigación para funcionarias
“Desde mayo o junio el consorcio Construcciones 2020 venía con un atraso y un incumplimiento de los frentes. El contrato decía que el contratista debía tener al menos tres frentes de obra simultáneos en la ciudad y no estaba cumpliendo con los tres y le faltaba maquinaria para cumplir. Entonces, el interventor le inició un proceso sancionatorio por no cumplir con las obligaciones”, agregó el director del IDU. Fuentes cercanas al consorcio le dijeron a El Espectador que, no obstante el retraso, la interventoría había dado una viabilidad de prórroga y que el paro nacional había afectado el trabajo, por lo que había sido complicado cumplir estrictamente con el cronograma.
Lea aquí: Gabriel Jaimes, fiscal de caso Uribe, estudiará denuncia contra Karen Abudinen
La interventoría le hizo saber sus incomodidades al consorcio Construcciones 2020 desde marzo de este año. Entonces, se alertó que el contratista no había entregado la totalidad de las hojas de vida del recurso humano mínimo para el inicio de la ejecución; que la verificación de daños en las troncales no era el esperado para la fecha; y que no estaba trabajando los mínimos tres frentes de obra requeridos. Sobre la troncal de la Calle 26, por varios años el monumento a la corrupción de la alcaldía de Samuel Moreno (la misma en la que Tapia y sus socios desfalcaron las arcas del distrito), la interventoría resaltó que el inventario de daños estaba solo en un 18%. En general sobre las troncales, se esperaba para marzo un avance del 40 % y recién llegaba al 11 %.
Mientras el escándalo de Mintic sigue avanzando, la pregunta en el caso IDU y Omega Buildings es: ¿Qué va a pasar con ese 41% que no se hizo? En palabras de Sánchez, director de la entidad, la única opción es iniciar otra licitación, con mayores recursos, “para tapar ese hueco”. Omega Buildings ya fue obligado a ceder su cuota en ese contrato a otra empresa, dado su vínculo con el escándalo del Mintic. Sin embargo, se han presentado tres candidatas, pero ninguna ha cumplido con los mínimos que requiere el negocio para seguir ejecutándolo. Por eso, dice Sánchez, solo “procede la terminación”.
Así, la empresa manejada “a la sombra” por Tapia, como asegura la Fiscalía, fue el motivo por el cual una obra en favor de los bogotanos será licitada dos veces. De nuevo, Tapia vuelve al centro de la polémica de la contratación, pero no solo en el caso de Mintic y la apuesta del gobierno de llevar internet a las zonas más rurales del país, sino porque sus maniobras habrían llegado, de nuevo, hasta Bogotá en donde todavía sigue rondando el fantasma del carrusel de la contratación que envió a la cárcel a los hermanos Iván y Samuel Moreno. Y al propio Emilio Tapia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más