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El Tribunal Superior de Antioquia acaba de tomar una decisión en contra de una de las empresas bananeras más importantes del Urabá antioqueño. Se trata de Bananeras La Florida S.A.S., que tendrá que devolver un predio de tres hectáreas en el municipio de Turbo, que adquirió en 2001 de una familia que había sido amenazada y desplazada por los paramilitares durante esa época. Aunque la cabeza de la compañía, el influyente empresario Javier Restrepo Girona, demostró que adquirió el predio legalmente, el juez del caso le reprochó no haber verificado por qué los dueños del terreno lo estaban vendiendo, y más si se trataba de una zona en la que los paramilitares venían ejecutando graves crímenes.
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La historia fue así: A Óscar Restrepo Restrepo, reclamante del terreno, llamado Los Llanitos, el Estado colombiano le adjudicó el predio en 1978. La finca está ubicada en la vereda Arcua Central de Turbo y, según su relato, durante casi 40 años la usó para cultivar banano, que posteriormente era exportado por otra reconocida empresa bananera de Urabá: Unibán. Sin embargo, él cuenta que a finales de los años 80 incursionaron los paramilitares y que la situación de orden público se agravó, pues en la zona ya hacían presencia las Farc. Restrepo Restrepo les contó a las autoridades que en 1996 tuvo que salir del municipio luego de que los paramilitares lo amenazaran, pero su esposa e hija se quedaron en el predio hasta 2001.
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Ese año, ellas también tuvieron que salir de Los Llanitos, ya que se presentó una nueva incursión de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en la vereda. A raíz de esta situación, en diciembre de ese mismo año, su esposa le dijo que los dueños de la bananera La Florida estaban interesados en comprar su predio. Según Restrepo Restrepo, viendo que, “la situación estaba difícil, y consciente de que no era posible volver a la parcela por los antecedentes de violencia, decidí venderles Los Llanitos y le mandé un poder a mi esposa para que ella efectuara todos los trámites necesarios”. Según el expediente, de los trámites se hicieron cargo funcionarios de la bananera y el negocio se consumó al poco tiempo.
Aunque el empresario Girona Restrepo y su abogada demostraron que los papeles del negocio estaban en regla y que la compañía no tuvo un rol en el desplazamiento forzado de Restrepo Restrepo y su familia, el juez del caso señaló que, “se requerían mayores esfuerzos para verificar la situación de regularidad de la zona en la que se encuentra el predio que se pretendía adquirir, como quiera que el conflicto armado interno en el país, y específicamente en el Urabá, fue de tal talante, que convergieron diferentes actores armados que irrumpieron la tranquilidad no solo de los campesinos, sino de la población en general”.
La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal de Antioquia tuvo en cuenta todo el contexto criminal que las autoridades han registrado en el Urabá. Por ejemplo, en el fallo de 54 páginas, se señaló que en Turbo hubo 42 masacres entre 1980 y 2012. Además, recogieron datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) que dan cuenta de que los pobladores de Turbo tuvieron que desplazarse a raíz de la llegada de los paramilitares. La situación escaló en 1993, cuando se registraron 3.300 personas desplazadas y luego, en 1994, pasaron a 23.800. Además, el mismo CNMH señala que entre 1958 y 2018 fueron asesinadas en Urabá 7.300 personas de manera selectiva.
Asimismo, en el fallo del Tribunal de Antioquia los magistrados señalaron que está probado que Restrepo Restrepo fue víctima de la violencia sufrida, tanto en el terreno que reclama, “como en el sector geográfico donde se encuentra ubicada, y que, debido a ella, ante el justo temor de sufrir las consecuencias, optó por abandonarla, inicialmente en 1996, y de manera definitiva con su familia en 2001, la que tiempo atrás el Incora (hoy ANT) le había adjudicado como sujeto de reforma agraria, viéndose obligado a la venta dadas las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraba para la época en que se celebró el negocio jurídico”.
Además de argumentar que la compra de Los Llanitos estaba en regla y no había ninguna irregularidad, la compañía señaló que fueron conscientes de la presencia de grupos armados ilegales e incluso vivieron de cerca algunas atrocidades, como los asesinatos de varios empleados y el atentado en contra de una de sus empacadoras, de lo cual se infiere que conocían las alteraciones de orden público para la época de celebración del negocio, y aun así continuaron con las labores para hacerse al inmueble. Además, Restrepo Girona dijo que nunca pagaron vacunas a ninguna estructura al margen de la ley.
Este diario se contactó con la defensa de Girona Restrepo, quien cuestionó el fallo en estos términos: “El fallo tiene errores graves, pues se basa en la información de la Unidad de Restitución de Tierras, la cual no está haciendo una debida identificación de los predios, y por ende los jueces están ordenando restituir porciones de terreno que nunca pertenecieron a los reclamantes como se evidencia en los títulos. El fallo del Tribunal expresamente cita que, ‘no le fue posible acceder a los audios de interrogatorio y testimonios’ practicados por el juez local de restitución de tierras, como sucede en estos procesos, en este caso Apartadó”, señaló la abogada Catalina Otero.
A su vez, señalaron que, “como defensores de derechos de la empresa privada y de los terceros adquirentes de buena fe durante la época del conflicto, acatamos las decisiones de la Justicia Transicional de Restitución de Tierras, advirtiendo que no se contemplan mecanismos de compensación por la pérdida de la propiedad, aún cuando los reclamantes aseguran dentro del proceso haber vendido de manera libre, sin presiones y sin desplazamiento”.
Girona Restrepo no es un empresario cualquiera, es uno de los más reconocidos de la región y junto a su familia son dueños de otras empresas y fincas bananeras en esta zona del país. Además de contar con aliados políticos, como el hoy candidato presidencial Luis Pérez, es uno de los empresarios que están involucrados en la construcción de Puerto Antioquia, en el mismo municipio de Turbo. Tampoco es la primera vez que su nombre aparece en el radar de la justicia. En 2009, el Tribunal Administrativo del Chocó declaró que la sociedad Recife S.A.S., una empresa privada que se dedica a la agroindustria, era ocupante ilegal del territorio de las comunidades de Curbaradó y Jiguamiandó.
Dos años después, el portal periodístico Verdad Abierta reveló una lista de cerca de 200 bananeros del Urabá que habrían colaborado con el Bloque Bananero de los paramilitares. Sin embargo, judicialmente no se le ha comprobado tacha alguna a Girona Restrepo. Incluso en este expediente de Los Llanitos remarca que jamás apoyó a grupo organizado alguno y que, por el contrario, fue víctima tanto de las Farc como de los paramilitares. Por ahora, el Tribunal ordenó que el predio fuera restituido en las próximas semanas y le pidió a la Fuerza Pública que acompañe a la familia Restrepo, pues en la zona hace presencia el Clan del Golfo, grupo sucesor del paramilitarismo.
Por David Escobar Moreno
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