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En los últimos días de noviembre se encendieron las turbinas de la hidroeléctrica más grande de Colombia, Hidroituango, que seguramente acallarán por un tiempo las polémicas que surgieron con sus retrasos y con el desastre ambiental que se generó allí en 2018, año en el que estaba previsto que entrara en operación. Pero a la par que EPM puso en marcha la producción de energía, la Fiscalía echó a andar las investigaciones penales que inició desde el taponamiento del tercer túnel de desviación del río Cauca. A la fecha, nueve personas han sido vinculadas a procesos penales, incluido el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos.
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Aunque durante años no hubo anuncios, el ente investigador enfiló baterías y, en el segundo semestre de 2022, citó a imputaciones en las tres líneas de investigación que determinó. La primera tiene que ver con que, de manera directa, se le haya entregado a EPM el contrato para construir, operar, poseer, mantener y transferir (contrato BOOMT por sus siglas en inglés), el proyecto de Hidroituango. La segunda, con la contratación de un sistema de desviación auxiliar del cauce del río Cauca, que se taponó, proceso contractual que al parecer fue ilegal. Y la tercera línea, con posibles falsedades en la licencia ambiental de esos túneles de desviación.
Exgobernador y exalcalde
En 2010, cuando se le entregó a EPM el contrato de Hidroituango, Luis Alfredo Ramos era el gobernador de Antioquia y Alonso Salazar el alcalde de Medellín. Según la Fiscalía, desde que se estructuró el proyecto se había pensado otra forma de contratación, pero “el proceso de selección fue cambiado y pasó de una invitación internacional a una contratación directa con EPM”, señaló en su momento el ente investigador en un comunicado. Fue por esto que los citó a ambos a una audiencia de imputación de cargos, junto al exgerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquía (IDEA), Álvaro Vásquez Osorio, y al exgerente de EPM, Federico Restrepo Posada.
Durante la imputación de Ramos, además condenado por vínculos con paramilitares, la Fiscalía aseguró que el entonces gobernador, inicialmente, tenía una opinión distinta sobre cómo se debía adelantar la contratación de Hidroituango. Pero cambió de parecer y, según la investigación, le dio luz verde a decisiones de la junta directiva del proyecto hidroeléctrico que, por ejemplo, modificaron el manual de contratación para que se les permitiera que uno de los socios fuera designado, además, contratista. Ese doble rol lo terminó teniendo EPM. Y para lograr su cometido, supuestamente, Ramos visitó hasta Presidencia, buscando apoyo a la iniciativa y su estructura.
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Ramos se ha defendido y tras declararse inocente dijo en sus redes sociales: “desde mi función de Gobernador, jamás vi asomo de ilegalidad con respecto al proyecto Hidroituango”. Asimismo, el abogado Mauricio Pava, quien defiende a Alonso Salazar y Federico Restrepo, aseguró luego de que sus clientes fueran imputados que únicamente actuaron “en beneficio de Medellín” y dijo que, con toda la tranquilidad y con base en pruebas técnicas, demostrarán que no se cometió delito alguno en el proceso. Los cuatro están siendo investigados por interés indebido en la celebración de contratos.
Por estos mismos hechos, ya fueron absueltas dos personas: Luis Guillermo Gómez, gerente de Hidroituango, y Luis Javier Vélez Duque, gerente de EPM-Ituango en 2011. En diciembre, un juez penal de Medellín los declaró inocentes tras concluir: “Ha quedado claro entonces que por la naturaleza jurídica y el régimen jurídico que cobija a sendas empresas firmantes del contrato, les era legalmente viable la contratación directa, al quedar claro que tanto Hidroituango como E.P.M. Ituango por el principio de autonomía de la voluntad privada, no están sometidas a un régimen de contratación estatal y pueden adoptar el derecho privado por el cual están gobernadas”.
Los cuestionamientos a los túneles de desviación
Aunque Luis Javier Vélez salió bien librado en ese frente, la Fiscalía lo vinculó a un nuevo proceso penal este año, por decisiones que tomó en 2015 cuando era vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM. Se trata de un expediente en el que se le cuestiona, junto a dos directivos más de la empresa, la contratación del sistema auxiliar de desviación del río Cauca. De acuerdo con la investigación, esta contratación se firmó por más de $127.000 millones y se realizó por fuera de lo diseñado y licenciado, lo que generó sobrecostos que ascendían, a mediados de 2021, a unos $340.000 millones.
De esta decisión habrían participado también el vicepresidente ejecutivo de Proyectos de Desviación de EPM, Wilson Chinchilla, y el director de desarrollo del proyecto Hidroituango, Álvaro León Ospina. Además, el ente investigador asegura que esta obra no solo no estaba en los diseños originales, sino que no habría contado con licencia ambiental. Y cuando la empresa acudió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para pedir el permiso correspondiente, al parecer, presentó información falsa pues, “al parecer, se quería ocultar que las obras estaban en marcha sin el aval ambiental”.
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Desde mediados de 2022, la Fiscalía anunció que por esa presunta falsificación les imputará los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal al abogado de EPM y apoderado de Hidroituango ante la ANLA, Jesús Ignacio Echavarría Mejía; y al profesional de la Dirección Ambiental Social y Sostenibilidad Proyecto Ituango, Hernán Sánchez Cruz. En 2018, el túnel colapsó, generando un desastre ambiental inconmensurable, que afectó a las comunidades que viven en la rivera del Cauca y al ecosistema del nordeste antioqueño. Esa es una línea más, en la que aún no hay avances.
La catástrofe ambiental
Documentos filtrados por el grupo de hackers Guacamaya y Distributed Denial of Secrets muestran que la Fiscalía ha priorizado las investigaciones por el daño ambiental que se generó tras el taponamiento, caso que está en el despacho de un fiscal delegado ante la Corte Suprema. En mayo de 2022, el funcionario aseguró en un informe que seguía sin establecer los nombres de varios responsables, no había una estimación concreta del daño que se causó y continuaba en labores de investigación. Así, aunque este hecho fue el punto de partida de las pesquisas a uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del país, sigue sin haber respuestas. En los otros frentes de la investigación se irá conociendo la verdad mientras en Hidroituango corren por cumplir la promesa de producir el 17% de la electricidad del país.
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