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Después de pasar casi nueve años en la cárcel, cumpliendo una condena por la desaparición de 11 personas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, el coronel retirado Alfonso Plazas Vega cambió su residencia en Colombia y ahora vive en la ciudad de Weston (Florida). Lo hizo, luego de que la Corte Suprema de Justicia lo absolviera de nueve de las 11 desapariciones en un fallo judicial que hoy todavía es cuestionado por expertos en derecho penal. Hasta ese nuevo lugar de residencia llegaron las hijas del magistrado Carlos Urán, asesinado durante la retoma, para pedirle a la justicia de ese país que haga lo que la colombiana le quedó grande: judicializar el exmilitar por tortura y ejecución extrajudicial de su papá.
(En contexto: Así se defiende Plazas Vega en EE. UU. por demanda sobre el Palacio de Justicia)
En febrero del año pasado, Helena, Xiomara y Mairée Urán Bidegaín presentaron su demanda en contra de Plazas Vega ante una Corte del Distrito Sur de la Florida. Desde ese momento, el coronel retirado hizo todo lo posible para que el juez del caso negara las pretensiones de las Urán y se negara a estudiar el recurso. Esta semana, el juzgado no solo rechazó esa petición y aceptó analizar la demanda, sino que explicó los errores que cometió Plazas Vega en la defensa que pretendía tumbar todo el proceso, aun sin haber empezado. La decisión la tomó el juez Rodolfo Armando Ruiz II, a quien le correspondió aleatoriamente el caso, el pasado 14 de marzo. En un documento de 14 páginas, desestimó todos los argumentos del exmilitar colombiano.
Para comenzar, el juez escribió un corte resumen de lo sucedido durante el 4 y 5 de noviembre de 1985 en pleno centro de Bogotá. En su recuento, el togado Ruiz explicó que la guerrilla del M-19 se tomó a la fuerza el Palacio de Justicia, donde había cientos de personas, incluyendo magistrados, y luego el Ejército retomó el control del edificio en una operación igual de violenta. Además, confirmó lo que muchos uniformados siguen negando hoy en día: que hombres y mujeres salieron vivos del Palacio, fueron custodiados por hombres, muchos de ellos al mando de Plazas Vega, y luego fueron desaparecidos. Uno de ellos, el magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán Rojas, asesinado por miembros del Ejército.
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El juez hizo otras dos referencias claves. La primera, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que encontró pruebas suficientes para condenar al Estado colombiano por la ejecución extrajudicial y desaparición del magistrado Urán (y otras 11 personas). Y la segunda, el hecho de que la Fiscalía hubiera encontrado pertenencias personales del jurista en una bóveda secreta del Cantón Norte (su billetera, por ejemplo, perforada por una bala del Ejército). Con esas aclaraciones, el juzgado de Estados Unidos siguió con el estudio jurídico de la petición de Plazas Vega para que no estudie la demanda de la familia de Urán Rojas. Como contó este diario en febrero del año pasado, las hijas del magistrado recurrieron a pesos pesados del derecho internacional para este proceso.
En su demanda, las familiares de Urán le explicaron a la justicia estadounidense que Plazas Vega conspiró y actuó, en compañía de otros miembros del Ejército, en un plan para torturar y ejecutar extrajudicialmente a personas que salieron vivas del Palacio y que él era el “comandante de la operación para romper las puertas del edificio y dirigir las operaciones una vez que los militares ingresaron al edificio”. En su defensa, Plazas Vega pidió desestimar todas las pretensiones de la familia del magistrado Carlos Urán. Primero, explicó, porque las demandantes no han agotado las instancias en la justicia colombiana para ser reparadas y que la justicia Colombiana ya lo había investigado, condenado y absuelto, por lo que la estadounidense no podía entrometerse.
El juez Ruiz estudió con lupa las aseveraciones del militar retirado. De entrada, explicó que el argumento basado en que las Urán no agotaron las instancias colombianas para ser reparadas no es uno que Plazas Vega pueda usar para pedirle a la justicia que no estudie el caso. Dijo, eso sí, que durante el juicio sí puede usar esa tesis, pero no para pedirle al juez que desestime la demanda. Enseguida, el togado estudió todas las demás pruebas que anexó el exmilitar al proceso, en especial lo relacionado con los procesos judiciales que enfrentó Plazas Vega ante la justicia colombiana. El documento reconoce que fue condenado a casi nueve años, pero que la Corte Suprema de Justicia lo absolvió en diciembre 2015.
En este punto, la defensa de coronel retirado realmente empezó a fallar. No solo el juez Ruiz le jaló las orejas a él y a sus abogados por no haber presentado las pruebas en inglés (el fallo que lo absolvió lo enviaron en español), sino que ese argumento tenía una gran falla: si bien Plazas Vega fue absuelto, ese expediente judicial nunca tuvo que ver con el asesinato del magistrado Carlos Urán Rojas. Y esa es, precisamente, la razón principal que tuvo el juez Rodolfo Ruiz para aceptar el estudio de la demanda de las hijas de Urán. “En este caso, las demandantes no fueron parte en el proceso penal contra el acusado y la tortura y ejecución extrajudicial del magistrado Urán no fue la base de ninguno de los cargos penales que enfrentó el hoy acusado”, reconoció el juzgado estadounidense.
Las Urán Bidegaín recurrieron a la justicia de Estados Unidos, amparadas por el Estatuto de Protección de Víctimas de Tortura (Torture Victim Protection Act). Esta figura del derecho permite que una persona, acusada de este tipo de violencia, pueda ser investigada y judicializada por el país donde ella se encuentra, y no necesariamente donde ocurrieron los hechos. Helena Urán, una de las demandantes, explicó, en entrevista con este diario, que “una de las razones por las cuales se promulgó dicho Estatuto fue que Estados Unidos no se convirtiera en un puerto seguro para torturadores: no se admite que alguien que haya incurrido en violaciones graves de derechos humanos, pueda llevar una vida sin consecuencias y sin enfrentar la justicia en este país”.
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Que la justicia de otro país se entrometa en asunto de otra, es un tema que pone en alerta a la comunidad diplomática y a los jueces mismos. La propia defensa de Plazas Vega advirtió en su recurso que el estudio de un proceso como el planteado por las Urán Bidegaín pondría en riesgo las relaciones entre Estados Unidos y Colombia y que, incluso, podría tener efectos adversos en las inversiones estadounidenses. Sin embargo, el juez Ruiz fue claro: “Este tribunal tiene el máximo respeto a los procesos judiciales de países hermanos, como Colombia. Pero en este caso, el proceso penal del demandado (Plazas Vega) simplemente no involucró a las demandantes (las hijas del magistrado Urán) ni al objeto de su demanda (la tortura y ejecución extrajudicial de su papá”.
Así las cosas, la demanda en contra de Plazas Vega seguirá su camino por la justicia estadounidense. El siguiente paso es la recopilación de pruebas en su contra, y las que él utilizará para defenderse. Se trata de un proceso en el que, desde el atril de las víctimas, tiene a reconocidos abogados en estos asuntos, el bufete de abogados Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati y el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, que lleva casos como el del asesinato del activista y músico chileno Víctor Jara. Por ahora, las autoridades de Estados Unidos tienen en sus manos la posibilidad de sacar de la impunidad uno de los casos más representativos del holocausto del Palacio de Justicia que en 2023 cumple 38 años en los que la justicia colombiana ha sido esquiva para las víctimas.
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