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Néstor Julio Rodríguez tiene su último chance para salir bien parado del asesinato del joven Nicolás Neira. Condenado en dos instancias y privado de su libertad, espera que la Corte Suprema de Justicia le haga caso a su demanda de casación. Un recurso extraordinario con el que pide una de dos variables: la primera, ser declarado inocente y no quedar en la historia como el primer agente del Esmad sentenciado por homicidio, y la segunda, que al menos se determine que no tuvo intención de disparar y pueda recuperar su libertad. Sea cual sea el resultado, la Corte dejará un precedente que guiará las investigaciones contra policías en el contexto de protesta.
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Según la hipótesis por la que fue condenado, durante las marchas por el Día del Trabajo, en mayo de 2005, Rodríguez disparó contra Neira de manera directa con su arma gaseadora. Lo hizo a la cabeza, sin autorización de sus superiores y, aparte, se burló del crimen con sus compañeros. Luego de ello hubo una concertación entre policías para encubrir el crimen ante la Fiscalía y la Procuraduría. Al final, Rodríguez fue condenado por homicidio doloso, es decir, que disparó con plena intención de producir el daño. Desde 2021 cumple una condena a 17 años de prisión, pero, con el expediente en Corte Suprema, mantener esa cifra depende de la Sala de Casación Penal y de la ponencia que presente el magistrado Hugo Quintero.
La división en la Fiscalía
Una fiscalía especializada imputó y logró la condena en 2021 contra Rodríguez, argumentando que el asesinato no fue producto del azar y que era consciente de las consecuencias de usar el arma. Sobre todo, porque estaba capacitado y disparó de manera frontal, según testigos, a menos de 10 metros del estudiante. Sin embargo, al expediente ante la Corte llegó una solicitud para desvirtuar esa teoría y condenar a Rodríguez por homicidio culposo (sin intención). Fue radicada por la misma Fiscalía, por un fiscal delegado ante la Corte Suprema. Es decir, un funcionario distinto a los que investigaron y lograron la condena. Si el magistrado acoge los argumentos, la condena se rebaja y quedará de entre dos a seis años de prisión.
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A pesar de acoger la mayoría de los argumentos que tienen a Rodríguez condenado, el fiscal delegado ante la Corte consideró que no hay prueba para inferir intencionalidad homicida. “Los testigos vieron que fue Rodríguez quien accionó el trufly, del cual salió el proyectil con gases que impactó en la humanidad del ya conocido menor. Pero no vieron, ni declararon sobre la realidad vivida por el encartado. Si el disparo obedeció a los movimientos de la multitud, si fue presa de los nervios, si accionó el arma de manera accidental, no en parábola, sino en dirección de las personas”, agregó.
Ante ello, el papá de Nicolás Neira, Yuri Neira, mencionó: “Indiscutiblemente todas las personas privadas de su libertad tienen el derecho a la defensa. Lo que pasa es que hay hechos tan claros que no vale la pena gastar tiempo y dinero de los contribuyentes para este tipo de recursos. Entendemos que lo que estamos haciendo la institución es enfilar toda su artillería para no perder en este caso. No pueden dejar que un caso tan emblemático como el de Nicolás gane”.
La última carta
La demanda de casación busca, por otro lado, advertir supuestos errores en el caso. El abogado del expolicía señaló que, aunque se entrevistaron alrededor de 40 policías, apenas un puñado reconoció a Rodríguez como gaseador. Incluso, pretende señalar que no habría ninguna prueba para inferir que Neira murió a causa de un disparo con truflay. Intenta desvirtuar la voz del entonces gaseador Héctor Cubides, quien señaló haber visto el disparo y la forma en como Rodríguez se burló de la víctima. El abogado argumentó que el testigo tiene “tendencia a la mitomanía” y que vive “una afectación psiquiátrica que lo ha mantenido incapacitado por ese motivo los últimos años por el Departamento de Sanidad de la Policía”.
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Entre los testigos está, además, el mayor (r) Julio Torrijos, quien era el superior directo de Rodríguez durante la intervención. El oficial aceptó cargos por encubrir el crimen y señaló en el juicio contra el exagente que lo regañó por disparar sin su consentimiento. Aparte, sobre el mayor (r) pesa otra sentencia condenatoria, por hechos distintos. Esa anotación, según la demanda, podría ser el punto de quiebre de ese testimonio. “¿Por qué debe dársele mayor credibilidad a lo expresado por uno de los comandantes de la sección, quien se encuentra detenido por haber sido capturado en servicio con estupefacientes y condenado a 10 años por ello?”, se lee en el texto.
La defensa de Neira
La abogada Alejandra Garzón, de DH Colombia, presentó un documento para desvirtuar la demanda de casación. Señaló que no es cierta aquella teoría de que nadie identificó quién disparó contra Neira. Para ello citó la declaración del mayor (r) Torrijos: “Yo fui grosero y le dije: ‘¿Por qué hijueputas dispara sin mi orden? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué disparó?’. Entonces él se quedó callado, abrió los ojos simplemente”. Asimismo, incluyó el testimonio del médico patólogo que recibió el cuerpo de Neira, quien aseguró que un disparo con arma lanzagases era compatible con el trauma severo que fracturó el cráneo del joven.
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“La defensa (de Rodríguez) nunca impugnó la credibilidad del testigo Héctor Cubides en el marco del juicio, y ahora lo viene a hacer como si estuviésemos en etapa de juicio haciendo uso del recurso de casación como instrumento jurídico para impugnar a los testigos. El segundo punto para precisar y que echa de menos de manera el recurrente (el abogado del condenado), es que el señor Julio Torrijos tiene una condena por el delito de favorecimiento al homicidio de Nicolás Neira, es decir, señor magistrado, que su versión de los hechos ya fue valorada como veraz por un juez que le restringió su libertad en establecimiento carcelario”, señaló Garzón.
La realidad del expediente
Tanto en primera como segunda instancia, la justicia determinó que Rodríguez tuvo la intención de asesinar a Neira. “Una persona adulta está en capacidad de comprender que si dispara un arma de fuego directamente contra una multitud es muy posible que mate a una persona (…) No se muestra razonable considerar que, por falta de formación especializada, no se trató de dolo, sino de culpa inconsciente: según esta forma de pensar, disparar un arma de fuego directamente contra una multitud sería tanto como que al agente se le cayera el arma, esta se disparara y matara a alguien”, explicó el Tribunal Superior de Bogotá en abril pasado.
La defensa de Rodríguez insistió en que, el día del asesinato, su cliente hizo las veces de gaseador por falta de personal y que era su primer servicio tras salir de escuela de Policía. Esto, para reseñar una especie de improvisación por falta de experiencia, que lo pudo llevar a accionar el arma accidentalmente. No obstante, el Tribunal solucionó ese problema jurídico, argumentando que todos los policías presentes ese día cursaron la especialidad del Esmad. Estaban al tanto de las armas de fuego, sabían su teoría y las funciones de los distintos roles. “Le dio igual la materialización del resultado previsible y lo asumió con absoluta indolencia”, concluyó el Tribunal.
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Ahora la Corte Suprema decidirá el futuro de Rodríguez y, por derecha, marcará la hoja de ruta para resolver casos similares. “Si llega a prosperar la petición de la Fiscalía, puede ser una línea que se utilice en más casos, por ejemplo en Dilan Cruz”, explicó el penalista Francisco Bernate. A la defensa de Neira le interesa que la Corte mantenga la teoría del homicidio intencional, pues los fiscales podrían citar la decisión para imputar así en casos como Cruz (2019) y Brayan Niño (2021). Ambos perdieron la vida tras impacto de proyectil de lanzagases. Sus posibles victimarios ya fueron identificados, pero la Fiscalía no los ha llamado a imputación. Y entre la intención y la no intención hay una década de años de cárcel de diferencia.
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