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En los Montes de María (Sucre y Bolívar), enclave paramilitar y guerrillero en el pasado, no hay libertad para liderar los procesos sociales de las comunidades. Esa es la denuncia de 29 organizaciones defensoras de derechos humanos, las cuales alertan que los grupos armados enquistados en la zona, en especial el Clan del Golfo, controlarán el poder político desde 2022 si las autoridades no atienden los constantes llamados. Se trata de un fenómeno denunciado desde 2017, en cuyo contexto se presentan amenazas, homicidios, desplazamientos y el secuestro del derecho a elegir.
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Martha Salazar es investigadora de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). Ha documentado la situación de riesgo, en articulación con las organizaciones que alzaron su voz. “Lo que pase en estos tres meses va a tener consecuencia en los territorios en los próximos cuatro años, porque se está delimitando la política pública. Van a coaccionar en términos de planes de desarrollo con enfoque territorial, política pública de víctimas, atención frente a la pandemia, restitución de tierras, reparación colectiva y titulación colectiva de tierras”, explicó.
Hace unos días, las 29 organizaciones emitieron un pronunciamiento público, en el cual explicaron que hay un recrudecimiento de los factores de riesgo para la vida de los líderes, lideresas y comunidades en el Magdalena y en los Montes de María. En cuanto al control político, señalaron que actores armados convocan a los ciudadanos a eventos políticos, en otras oportunidades los confinan y los censan para obtener resultados de cara a las elecciones regionales y nacionales de este año.
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De acuerdo con Salazar, es común ver a actores armados patrullar los municipios, como si se tratara de la guerra que se vivió entre los noventa e inicios del 2.000. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), solo entre 1998 y 2002, en Bolívar se presentaron 45 masacres, que dejaron como resultado 235 víctimas. En ese periodo, en Sucre se perpetraron 21 masacres, con un saldo de 127 asesinatos. La mayoría fue obra de grupos paramilitares. Tal fue la violencia que hoy la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas tiene focalizados sus esfuerzos allí y el año pasado localizó hasta 19 fosas clandestinas.
“Denunciamos la presencia de actores ilegales con un tránsito en esos territorios y algunas visitas a algunos liderazgos. Los grupos armados se mostraban como aliados para avanzar en la gestión de los acuerdos públicos de los líderes. Se mostraban aliados en construcción de vías, proyectos productos, generación de ingreso. Se mostraban como buenos gestores para acompañar esos procesos. Los líderes alertaron al Estado sobre posibles intereses que relacionaban la persistencia del interés en el control político, social y cultura en esos territorios”, agrega Salazar.
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Jasmar Pajaro es abogado coordinador de la organización Abogados del Karibe, la cual tiene presencia en La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar Sucre y en comunidades en las islas de Barú. Denuncia que desde hace años las AGC (Clan del Golfo) han marcado sus siglas con graffitis en las poblaciones, pero no han tenido respuesta de la Fuerza Pública. “Esas marcaciones coinciden con la presencia activa de estos actores armados que por lo general están legitimados por políticos tradicionales, tanto locales como regionales. Las comunidades que están en las zonas más apartadas están sufriendo y no tiene derecho libre a elegir”, agregó.
Las organizaciones denunciantes explicaron que en Bolívar, en 2021, fueron asesinados tres líderes sociales. Se trata de Oswaldo Pérez, quien fue acribillado el 23 de julio en Montecristo; Martín Bayona, atacado el 22 de septiembre en Morales; y Erley Osorio, cuya muerte llegó el 30 de septiembre pasado también en Morales, siendo un líder minero. Citaron una reciente alerta temprana de la Defensoría, sobre ambos municipios, en la cual quedó registrado un escenario de riesgo por disputas entre el Eln, la disidencia 37 de as Farc y el Clan del Golfo.
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Los desplazamientos masivos en Bolívar, durante 2021, fueron tres y dejaron 2.981 víctimas de acuerdo con datos de CODHES. Se presentó un confinamiento y 18 reportes de agresiones contra líderes y defensores de derechos humanos, la mayoría en Cartagena y en el Carmen de Bolívar. “Se efectúan denuncias a las autoridades, pero estas las desconocen, las retiran de los documentos y las silencian en las reuniones que se hacen con las autoridades”, ha registrado la Consultoría.
El Carmen de Bolívar ha sido una de las regiones más golpeadas por el conflicto. A solo unos kilómetros del municipio se perpetró la masacre de El Salado, cuando en el 2000 las Autodefensas del Bloque Norte asesinaron a más de 60 personas. Según reporta CODHES, allí en 2016 regresaron paramilitares a la alta montaña. El Clan del Golfo se fortaleció a partir de 2018, mismo año en que el Eln entró al territorio. En los últimos años, los pobladores han sido intimidados por un grupo que se hace llamar Los Rastrojos. Se tiene registro de una reciente reunión a la que fueron citados líderes de 25 veredas aledañas, convocada por el Clan del Golfo.
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“Desde la emisión de estas alertas a la fecha se han presentado múltiples hechos de todo tipo de violencia, atentados e inseguridad contra líderes campesinos, comunidades étnicas, líderes y lideresas comunales de las Juntas de Acción Comunal y consejos comunitarios y de paz, candidatos a las circunscripciones especiales de paz y a corporaciones municipales, quienes han sido asesinados, amenazados, víctimas de atentados fallidos y en ocasiones obligados a salir de los territorios”, agregan las organizaciones denunciantes. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en 2021 fueron asesinados siete líderes en Sucre, Bolívar y Magdalena.
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