Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La Corte Suprema de Justicia acaba de dejar en firme la sentencia a 12 años de prisión que el Tribunal Superior de Bogotá le impusó al empresario samario José Francisco Vives Lacouture por su participación en el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS) del Ministerio de Agricultura. Su hermana María Inés, también fue condenada por estos hechos en 2017 a la misma pena.
(Le podría interesar: El Inpec por fin responde: Andrés Felipe Arias está en la Escuela de Caballería)
En los documentos revelados en el juicio, en 2016, se estableció que la empresa Inversiones Santa Inés S.A., cuyos representantes eran los hermanos Vives Lacouture, recibió diferentes subsidios agrícolas para el sistema de riego y drenaje. Sin embargo, se señaló que se presentaron diferentes irregularidades puesto que existió un fraccionamiento de un mismo predio para ser los beneficiarios del programa bandera del Ministerio de Agricultura del gobierno Uribe.
Las investigaciones de la Fiscalía General señalaron que en 2008 la finca La Zoraida (propiedad de los Vives Lacouture), ubicada en el Magdalena Medio, recibió un subsidio de $468 millones del programa AIS. Sin embargo, posteriormente los empresarios samarios presentaron otros proyectos con el fin de recibir más beneficios agrícolas.
Para la justicia colombiana en el papel se estableció una justa distribución para los grandes, medianos y pequeños empresarios para que aumentarán su productividad. Sin embargo, lo que en realidad ocurrió fue que un pequeño grupo de personas recibieron grandes subsidios que no fueron utilizados para fortalecer el agro.
Fue así como meses después recibieron para la finca San Miguel un subsidio $1.223 millones y para la finca Boca Ratón, en 2009, otro por $1.773 millones. Pese a que no cumplían con los requisitos exigidos por la ley los proyectos presentados por los hermanos Vive Lacouture resultaron beneficiados por el programa que lideró el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias.
El alto funcionario del Gobierno de Álvaro Uribe fue condenado en julio de 2014 por la Corte Suprema de Justicia a 17 años de prisión por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros. En julio de 2019 fue extraditado a Colombia, luego de haber salido del país días antes de que fuera condenado.
Conoce más