En firme proceso contra exfuncionario de vicepresidencia por abuso sexual

Al resolver el recurso de apelación presentado por la defensa de la denunciante, el magistrado indicó que las motivaciones para prelucir este proceso no fueron claras y se desconocieron todos los requisitos exigidos para tomar una decisión de esta magnitud en un proceso judicial que llevaba casi dos años en curso.

En este sentido se indicó que cuando la Fiscalía General solicita la preclusión de un proceso debe tener perfectamente identificadas las hipótesis delictivas y presentar una respuesta para cada una de ellas con el fin de demostrar que no hay necesidad de seguir con la actuación penal, algo que no se presentó en este caso.

“La Fiscalía no ha colmado la carga probatoria de resolver la hipótesis que surge de los elementos materiales probatorios allegados hasta la fecha en la investigación adelantada a Tomás Eduardo Concha y la denuncia hecha por la mujer principalmente en lo que tiene que ver con los tratos sexuales no tolerados”, indicó el magistrado en su decisión.

Ante esto se rechazaron los argumentos esgrimidos por la Fiscalía para solicitar el archivo, así como la decisión del juzgado de conocimiento sobre la evidencia de la tergiversación de los hechos en la que habría incurrido la denunciante en contra del procesado, así como el descartar de un tajo que “el presunto victimario” no había ejercido ninguna de las conductas por las que fue acusado ya que se desconocieron los elementos materiales probatorios recolectados.

“Si bien es cierto que los elementos materiales probatorios de índole testimonial presentan a Lina María Castro como depresiva, esa personalidad no demuestra que la llevó a tergiversar los hechos. (…) Los elementos de juicios allegados al expediente no despejan la hipótesis de ocurrencia o no de la acción penal teniendo en cuenta que las declaraciones allegadas en el proceso lo representan como un hombre de poder e influencia en el interior de la Institución donde labora junto a la presunta víctima, luego los argumentos de la Fiscalía no otorgan certeza para respaldar la preclusión en ese aspecto”, indicó en su decisión.

Igualmente argumentó que es obligación de la administración de justicia estudiar, evaluar, descartar y aceptar todos las pruebas ya sean documentales y testimoniales que se presenten en los procesos con el fin de lograr una decisión de fondo basándose en estos elementos, algo que tampoco se presentó en este proceso por lo que no existen razones suficientes para haber ordenado el archivo de este caso.

Para el magistrado se deben resolver todos los aspectos relacionados para establecer si la relación sexual fue consentida o no. Además si se presentó alguna clase de violencia psíquica o presión de cualquier tipo por parte del jefe a su subordinado.

En el caso preciso se indica que se debe esclarecer la estructura jerárquica en el entorno laboral y los aspectos que rodearon la relación, ya que se deben analizar todas las declaraciones rendidas por compañeros de trabajo.

“La prueba psicológica concluye que la paciente tiene depresión. Estos síntomas psicológicos son concordantes con los presentados por personas que han sufrido víctimas sexuales. No se evidencia un trastorno de personalidad, lo anterior no descarta o hace inverosímil el relato de la denunciante. Además no advierte que la evaluada tenga tendencia a tergiversar los hechos”, manifestó el magistrado.

Concha es investigado desde noviembre de 2011 luego de que la comunicadora Lina María Castro, quien trabajaba con él en la oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de la Republica lo denunciará.

El excontratista fue acusado por la periodista quien aseguró que su jefe en repetidas oportunidades intentó abusar de ella en hechos registrados en el año 2010.

En su momento el denunciado indicó que fue una relación consentida “sin ninguna clase de amenaza, chantaje o violencia”.

El exfuncionario representó a Colombia en varios tribunales internacionales, en temas relacionados especialmente en la violación de los derechos humanos y fundamentales de las minorías sociales.