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“Se concluye y se ha acreditado, más allá de duda razonable, que Álvaro Uribe Vélez determinó dolosamente a Diego Cadena en la ejecución de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Con estos comportamientos, queda claro también que afectó gravemente el bien jurídico de la administración de justicia”.
Con esta contundente conclusión, la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda dictó un fallo sin precedentes en la historia política y judicial de Colombia. Luego de más de diez horas de audiencia, con un pequeño receso para almorzar, el caso contra Álvaro Uribe Vélez llegó al fallo de primera instancia con una sentencia en contra del expresidente y líder natural del Centro Democrático.
De los tres delitos por los que fue investigado, solo lo absolvieron por duda razonable en uno de ellos: soborno simple. Esto, porque la jueza no encontró razones suficientes para confirmar que el expresidente buscó a través de terceros el apoyo de la exfiscal Hilda Niño, hoy condenada por actuar a favor de narcotraficantes.
Más allá de esta absolución por duda, la jueza Heredia fue clara con su fallo y calificó todo el proceso como uno “macondiano”, porque incluye a paramilitares, testigos comprados, supuestas coincidencias divinas, declaraciones falsas y sobornos en cárceles del país y Estados Unidos. Además, el expediente pasó por dos entidades investigadoras, pues el caso arrancó en la Corte Suprema de Justicia en 2018 y luego pasó a la Fiscalía.
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Tras ese camino de diligencias, recursos judiciales y posiciones políticas encontradas, la jueza Heredia halló razones y argumentos suficientes para confirmar que el expresidente Uribe sí participó en movidas ilícitas para tratar de cambiar las versiones de testigos que lo relacionaban a él y a su hermano, Santiago Uribe Vélez, con grupos paramilitares. Siempre, a través de terceros, exparamilitares y abogados como Carlos López, alias “Caliche”, y Diego Cadena, que fungieron como sus emisarios.
“No cabe duda que el procesado conocía lo ilícito de su proceder. No de otra manera puede explicarse que no lo hiciera directamente o a través de sus juristas, con los que siempre había contado”, señaló la jueza, durante la lectura del fallo, en referencia a quienes siempre han sido sus abogados: Jaime Granados y Jaime Lombana.
El caso, que empezó con una investigación en contra del senador Iván Cepeda, terminó con los papeles invertidos y el expresidente condenado. En 2012, Cepeda organizó un debate de control político en el que presentó declaraciones de reclusos que aseguraban que en la hacienda Guacharacas, en Antioquia, que fue propiedad de los Uribe, operó el Bloque Metro de las Autodefensas.
Uribe no asistió a ese debate, pero presentó una denuncia en contra del Cepeda, tras recopilar supuestas evidencias por su cuenta, dos años después. Luego, en 2018, la Corte Suprema de Justicia resolvió que no había pruebas contra Cepeda, pero que sí había indicios de que Uribe habría manipulado a testigos. En julio de ese año abrió formalmente la investigación que hoy llega a su fallo de primera instancia.
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Las convicciones de la jueza
Desde de las 8:30 de la mañana, hora en la que comenzó la diligencia de lectura del sentido del fallo, la jueza Heredia sentó su postura sobre la decisión que tomaría: “El derecho no puede temblar frente al ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder. La justicia, como Temis (diosa griega), no ve nombres, ni cargos, ni estaturas, porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la conciencia”, dijo la togada en un corto y contundente discurso previo. En lugar de empezar a leer la decisión al instalar la audiencia, Heredia refirió que el fallo tiene más de dos mil página, por lo que decidió no leerlo por completo en la jornada.
Tras sus aclaraciones iniciales, la togada hizo una valoración de los testigos. Se refirió a las versiones entregadas por Iván Cepeda, víctima del caso; Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella de la Fiscalía; y Deyanira Gómez Sarmiento, la esposa de Monsalve. Dijo que sus versiones fueron algunas de las que más valor y credibilidad tuvieron durante el proceso, por el nivel de veracidad y la posibilidad de ser corroboradas.
Pero, sobre los testigos de la defensa, argumentó que varios de ellos incurrieron en contradicciones; desacreditó, por ejemplo, los testimonios de Vicky Jaramillo y Ricardo Williamson porque, según la jueza, en su afán por testificar a favor del expresidente, develaron la manera en que le mintieron a la justicia.
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Desde ese momento, la jueza empezó a dar las primeras puntadas de su determinación sobre el expediente, partiendo especialmente del rol que tuvo Juan Guillermo Monsalve dentro de la investigación. Esto le permitió perfilar la dinámica que estaría detrás del actuar criminal por el que terminó condenado el expresidente Uribe y que tiene también a Diego Cadena, su exabogado, al borde de un destino similar.
“Cadena habría actuado como emisario directo del acusado. (…) Manipuló evidencias y tergiversó versiones”, dijo Heredia. Líneas después leyó que esa función de Cadena se concentró en varias personas, las mismas que quedaron condensadas en los seis hechos criminales que reunió la Fiscalía en su investigación.
Pero, de todos ellos, los chantajes a Juan Guillermo Monsalve para que hablara a favor del expresidente Uribe, a cambio de beneficios jurídicos, fueron de los más importantes. “Hubo presión de Cadena y de Enrique Pardo Hasche”, dijo la jueza. Agregó que, aunque el argumento de la defensa siempre fue que el exmandatario solo pedía que se dijera la verdad, esas afirmaciones se caían por su propio peso: “Más parece un andamiaje que una promesa de rectitud real”.
Heredia insistió: “Sí se ofrecieron beneficios (a Monsalve), a lo que no era ajeno el procesado (Uribe Vélez)”. Y, advirtiendo que para la defensa los testimonios de los 92 testigos que pasaron por el estrado no fueron suficientes, agregó que las grabaciones de las llamadas interceptadas y del reloj espía podrían demostrarlo.
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La jueza se refirió al episodio relacionado con Carlos López, alias “Caliche”, quien desde Neiva (Huila), intentó en febrero de 2018 persuadir a Monsalve para que hablara a favor de Uribe. “Monsalve Pineda nunca ha tenido intención de retractarse; no es designio de la providencia, mandato de Dios o alineación de los planetas, que al tiempo todos los protagonistas se abocaran hacia una misma causa.
Menos que una persona privada de la libertad, con las evidentes limitaciones que ostenta para comunicarse y ejercer su libre voluntad, lograra movilizar a casi una decena de personas. Las pruebas analizadas arrojan lo contrario, pues la dirección del flujo de información fue del Huila hacia Bogotá, por determinación, tal vez, de Álvaro Uribe Vélez, que encomendó a su comitiva la tarea de embotellar a Juan Guillermo Monsalve”, argumentó.
La jueza agregó que las presiones ejercidas sobre el testigo estrella en febrero de 2018, tuvieron una clara intención: “Mancillar la administración de justicia. La fantasía ideada resulta imposible de creer”. En esa “fantasía”, como lo denominó la togada, se halló un esquema de responsabilidad que resultó claro para la justicia: Uribe Vélez fue el determinador de las gestiones que Cadena hacía en cárceles de Colombia y Estados Unidos, para buscar testimonios a favor de quien para entonces era su cliente. “Entre Cadena Ramírez y Álvaro Uribe Vélez hubo una relación de subordinación, aunque ella no sea aceptada por la defensa”, leyó la jueza durante la diligencia.
Al cierre de la audiencia, la togada hizo referencia a ese esquema de complicidad, al dejar en firme el sentido de la condena: “Queda claro que afectó gravemente el bien jurídico de la administración de justicia. El bien protegido tanto por el delito de soborno en actuación penal como fraude procesal. Y que, como ya se ha resaltado, el mismo no se ejerció contra cualquier juez, sino que fue directamente contra la Corte Suprema de Justicia”.
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Una actuación que, en palabras de la jueza, no solo dejó ver la dinámica de corrupción, sino que fue perpetrada por un hombre que, para muchos, es un referente, político y social. “En su condición de máxima autoridad, que tuvo el honor de regir los destinos de nuestro país, (Uribe) incurrió en estos comportamientos y, de esa manera, ha mandado un mensaje a la sociedad muy negativo para las futuras generaciones, que ven en estas conductas el comportamiento que una persona de los connotables (sic) cargos a los cuales ha accedido, no es un buen ejemplo”.
Los delitos probados
La jueza Heredia confirmó que la sentencia tiene más de 2.000 páginas y que solo leyó un fragmento. Pero lo que se escuchó durante las más de 10 horas de audiencia fue un pormenorizado estudio de casi 100 pruebas que acreditaron, tanto la Fiscalía como la defensa, y que terminaron por demostrar la culpabilidad de Uribe en este esquema de manipulación de testigos.
En síntesis, la decisión culminó con que se cometieron dos delitos: fraude procesal y soborno en actuación penal, en cinco de los seis hechos por los que fue llevado a juicio el expresidente. Por ejemplo, quedó claro que el procesado, a través de Cadena, sobornó al testigo Juan Guillermo Monsalve para que cambiara su versión ante la justicia que apuntaba a que Álvaro Uribe Vélez, y su hermano Santiago, habrían tenido vínculos con grupos paramilitares.
Según la decisión, Uribe actuó como determinador de esa conducta criminal que, además, tenía como objetivo engañar a la justicia, creando una realidad que no era cierta. Además de Monsalve, la jueza Heredia también dejó claro que existieron otros sobornos y fraudes que tenían al mismo objetivo: hacerle creer a las instancias judiciales un escenario no cierto.
Asimismo, la jurista acreditó que el testigo Carlos López, alias “Caliche”, también fue determinado por Uribe para que presionara a Monsalve para que grabara un video en el que se retractara de sus dichos contra la familia Uribe. Un plan que se gestionó desde Neiva (Huila) y del que Uribe siempre supo los pormenores de esas andanzas criminales.
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Por otra parte, la jueza Heredia también acreditó que Uribe, como determinador, también estuvo detrás de la manipulación del testigo Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, quien aseguró que el abogado Cadena le ofreció, y le pagó dinero, para que hablara a favor del expresidente y de su familia.
Es más, en este episodio, el fraude se materializó en una carta que Cadena le hizo firmar a “Víctor”, como si hubiera sido escrita por el testigo y no por el abogado. Esa trampa, explicó Heredia, fue ni más ni menos que para engañar a la Corte Suprema de Justicia, la cual fue la instancia que, desde 2018, estaba tras la pista de los pasos de Uribe y sus abogados en ese plan para manipular testigos y engañar a la justicia.
Heredia también acreditó que el abogado Cadena buscó a testigos en la cárcel de Cómbita (Boyacá), con iguales objetivos criminales. Todo, insistió la jueza, con intermediación de Uribe Vélez. Además, también ocurrió la misma conducta ilegal en el hecho en que el abogado del expresidente buscó la versión del exparamilitar, Juan Carlos el “Tuso” Sierra, para que entregara una versión sobre Uribe que, simplemente, no se ajustaba a hechos verdaderos.
“Ese afán por esconder la verdad generó en los testigos una distorsión de las remembranzas, difusas en los hechos recientes. Esas inconsistencias se erigen como un indicio de reconstrucción intencionada del relato”, dijo la jueza en la recta final de la lectura del fallo.
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“La justicia no se arrodilla ante el poder”
Antes de que la jueza Heredia arrancara a leer su sentencia, hizo una aclaración que rompió con el protocolo de la audiencia. Dijo, en primer lugar, que pedía paciencia porque, luego de meses de audiencias, ella había escuchado con juicio a las partes, y ahora ella pedía lo mismo. Aclaró que, por eso, se iba a permitir leer una aclaración.
Arrancó con una frase. “La espera ha finalizado”, dijo y en seguida continuó: “Temis, la diosa de la justicia, permanece con los ojos vendados, no porque ignore, sino porque no prejuzga. Sostiene la balanza con las manos firmes, no para pesar opiniones, sino verdades. Porta la espada, no para castigar con furia, sino para proteger con decisión lo que es justo, lo que es recto y lo que es necesario”.
Y continuó: “Sabemos que este juicio ha despertado pasiones, dividido opiniones y movilizado emociones. Pero también sabemos algo más importante: el derecho no puede temblar frente al ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder. La justicia, como Temis, no ve nombres, ni cargos, ni estaturas, porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la conciencia”.
En medio de la tensión que impuso su discurso, Heredia pidió mesura. “Este juicio no es una revancha ni una conspiración”, agregó y dijo que el fallo, más allá de su contenido, debe ser entendido como un acto de coherencia jurídica y no como una sentencia política.
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Además de las aclaraciones, Heredia hizo un reconocimiento a las juezas y magistradas que tuvieron en sus manos decisiones sobre este proceso. Se refirió a los ataques que ha recibido y, aseguró, que quizás si hubieran sido hombres los encargados del caso, “no se habrían formulado”. Por eso, reivindicó el trabajo de juezas, fiscales y defensoras que sostienen la justicia en silencio.
“Cuando una mujer administra justicia, lo hace con el mismo rigor o incluso más”, afirmó. La judicatura, añadió, fallará en derecho, “sin pasión, sin rencor y sin temor”. Después del discurso, la jueza arrancó a leer su sentencia, con apenas una pausa de una hora para almorzar y un par de breves recesos, que no hicieron que el país perdiera su atención sobre el denominado juicio del siglo.
Al cierre de la audiencia, y desde los juzgados de Paloquemao en Bogotá, el senador Iván Cepeda le dijo a El Espectador que, el fallo de hoy, es, “sin duda, la primera decisión de carácter judicial que interpela al poder político en un nivel que no se había visto en nuestra historia, por lo menos en nuestra historia republicana. Sobre el expresidente Uribe, yo espero que reflexione sin ninguna soberbia, pues aquí ya no estamos simplemente ante un litigio judicial, sino ante una condena clarísima”.
El próximo viernes a las dos de la tarde, las partes de este expediente histórico volverán a encontrarse. Se espera que en ese encuentro la jueza comunique el monto de la pena de prisión domiciliaria que deberá pagar Uribe.
Solo en ese momento se conocerán los siguientes pasos de este expediente que, en todo caso, ya tiene pistas: la defensa del expresidente apelará, lo que significa que el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá hasta octubre próximo para confirmar la sentencia de Heredia o absolver al expresidente. Todavía hay camino por recorrer, pero, por ahora, la sentencia de primera instancia le pone fin a este capítulo del expediente Uribe.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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